Informe de WOLA sugiere legalizar drogas

El régimen de más de 50 años de prohibición y de “guerra contra las drogas” no sólo han tenido resultados desastrosos, sino que han exacerbado la violencia, corrupción, crimen organizado, desplazamientos forzados, migración, pérdida de bosques y cambio climático. Por ello, un informe de la organización estadunidense WOLA sugiere como alternativa la legalización de los enervantes

Los seres humanos consumían drogas mucho antes de la prohibición; siguen haciéndolo ahora y lo harán después de que la prohibición desaparezca. La respuesta no es más prohibición de las drogas, sino una transición responsable hacia la regulación legal, concluye un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés).

La estrategia nacional contra las drogas de Estados Unidos, que incluye un enfoque en la reducción de daños para responder a una crisis de sobredosis en el vecino país, no concuerda con la “guerra contra las drogas” que se desarrolla en América Latina, y que ha fracasado en frenar el suministro de opioides con un enorme costo en vidas humanas, advierte el análisis.

“Un ‘mundo libre de drogas’ ha demostrado ser una ilusión imposible y peligrosa, tratar de conseguirlo ha magnificado enormemente los daños causados por las drogas, ha destruido millones de vidas con castigos draconianos y ha alimentado una violencia devastadora y violaciones de derechos humanos”, subraya.

El informe Las consecuencias catastróficas de la prohibición de las drogas en las Américas de WOLA sugiere cómo alejarse de un marco de política de drogas prohibicionista puede contribuir a aliviar los daños causados por las drogas y su comercio. Indica que las profundas raíces de la prohibición podrían hacer pensar que la reforma de legalización de drogas nunca podría producirse. “Pero el régimen actual que surgió en un momento histórico determinado, ya se está fracturando y no tiene por qué perdurar para siempre”.

Medio siglo después de que Nixon declarara la guerra contra las drogas en Estados Unidos, la producción de enervantes ilegales está en auge y siguen siendo más fáciles de conseguir y más potentes que nunca en el vecino país del norte.

Los supuestos esfuerzos de Estados Unidos para erradicar el tráfico ilegal de drogas no han conseguido afrontar la realidad que este fenómeno “constituye una estrategia de supervivencia económica crucial para millones de personas en América Latina, una red de seguridad social de facto del tipo que las élites nacionales y gobiernos han demostrado no querer o ser incapaces de proporcionar”, apunta el documento de WOLA.

En América Latina, la expansión del tráfico de drogas ha generado un aumento de violencia de gobiernos y grupos delictivos, en agravio de comunidades marginadas, siguen soportando el peso de políticas represivas, criminalización y encarcelamiento, con un impacto desproporcionado en personas que viven en la pobreza, minorías raciales y étnicas, comunidades indígenas, mujeres, niños.

Calderón, brazo armado de Estados Unidos

En México, la guerra de Felipe Calderón no es más que otro de los brazos de la guerra contra las drogas de Richard Nixon, acompañada de la posterior creación de la DEA, y de una política antinarcóticos que finalmente ha sido una estrategia de control político por parte de Washington, advierte en entrevista Guadalupe Correa-Cabrera.

“Se trata de una estrategia de control de recursos, de venta de armas, control político y una cuestión económica fundamental”, afirma la doctora en ciencias políticas por la New School for Social Research de Nueva York.

El resultado ha sido generar una militarización y una guerra que no será ganada, una estrategia armada fallida que se repite, para fines geoestratégicos, pese al derroche de millones de dólares de la DEA, frente a millones de consumidores de drogas en Estados Unidos.

“Lo que no se sabe es que la guerra antinarcóticos fue parte de una estrategia para otros fines, donde la DEA ha resultado también una institución fallida, completamente, en todas sus décadas de existencia, porque ahora es más claro que nunca el nivel de adicción a las drogas, su producción y muertes por sobredosis en Estados Unidos”, destaca en entrevista la catedrática.

Centrar la lucha en la captura y abatimiento de los narcos tampoco resolverá el tráfico de drogas, si no se resuelve el problema del consumo de drogas y la cuestión de la salud pública en Estados Unidos, considera Correa-Cabrera autora del libro Los Zetas Inc: Criminal Corporations, Energy and Civil War in Mexico.

“La estrategia de la DEA y la Secretaría de Marina de cortar cabezas de narcotraficantes en el marco de la prohibición, tampoco ha resultado cuando en Estados Unidos se pueden consumir cualquier tipo de drogas, por lo que no entiendo por qué Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco cuando era una guerra de Estados Unidos”, enfatiza.

Estados Unidos siempre ha planteado las limitaciones de México en reducir el crimen sin ver las suyas, resultado de la aplicación de una estrategia fallida de militarización antinarcóticos, y porque militarizó a las organizaciones criminales con la entrada de armas de alto calibre a través de un mercado negro a México.

Resume que los múltiples conflictos generados en este país por esta política nunca podrán ser terminados, guerras no ganadas, como la de las drogas, de las que solo se benefician el complejo militar industrial, contratistas de agencias de seguridad de Estados Unidos, y el problema al final se hace más grande.

Tráfico de drogas, impulsor de la economía

En torno al fenómeno de las drogas y de su prohibición hay una economía ilegal y un impulsor de economía local en donde se producen, transportan y se consumen, en beneficio de pequeños productores hasta grandes intermediarios y traficantes, considera Josué González Torres, doctorante en ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se trata de “poderes fácticos que influyen en la política, en lo legislativo, en el gobierno y lo social”, por lo cual “es difícil establecer el nexo directo entre grupos delictivos y la no aprobación de la regulación en el Congreso”, infiere el experto en narcotráfico.

Al final, indica el catedrático, la legalización de drogas significarían grandes ingresos económicos legales en México por la venta de cannabis y la amapola, por lo que, en el caso de aprobarse, no sería un régimen de regulación amplio, sino para una pequeña parte de las drogas.

Mientras que en Filipinas y China tienen un régimen político sumamente duro de prohibición de drogas que incluye la pena de muerte, para México es un factor importante de recursos económicos, como en Colombia, Bolivia, Perú, incluso en Estados Unidos por la compraventa de drogas a precios altos.

Por ello en Estados Unidos, donde se registran millones de muertes por sobredosis de drogas, la prohibición (que se podría comparar con el alcohol y tabaco), se produjo cuando el Estado renunció a su regulación y abrió una grieta donde predomina un enfoque punitivo, refiere González Torres en entrevista.

Esta realidad tiene más de 100 años, desde las convenciones de sanidad de inicios de siglo XX, impulsados por Estados Unidos, hasta que se convirtió en un método de control social, y que ha demostrado durante todos es estos años que ha sido un rotundo fracaso.

Obstáculos formidables

El fundamento de la transición a la regulación no es que las drogas sean seguras, sino que el consumo de drogas plantea una serie de riesgos y que los gobiernos deben aplicar sus herramientas de regulación para gestionar esos riesgos y proteger la salud y la seguridad públicas, señala el informe de WOLA.

Los modelos de regulación deben priorizar los intereses y la inclusión de las comunidades más perjudicadas por la aplicación punitiva de la prohibición de las drogas. Estos marcos reguladores serán mucho más adecuados que la prohibición para proteger los derechos humanos y promover la salud, la igualdad de género y racial, la seguridad y la sostenibilidad medioambiental.

El informe de WOLA reconoce los formidables obstáculos a las reformas de regulación de drogas en el hemisferio: técnicos, jurídicos y, sobre todo, políticos. “Pero formidable no significa insuperable”.

Mientras tanto, las principales víctimas de la represión gubernamental en nombre del control de las drogas y de las acciones de grupos de crimen organizado siempre han sido y siguen siendo las comunidades más empobrecidas y marginadas de la región.

El comercio ilegal de drogas constituye una estrategia de supervivencia económica para millones de personas en América Latina y en todo el mundo, una red de seguridad social de facto que las élites nacionales y los propios gobiernos, han demostrado no querer o ser incapaces de proporcionar.

Reconocer que la prohibición es, de hecho, una opción política, no una condición inmutable, debería animar a la sociedad civil así como a los legisladores a emprender deliberaciones y análisis profundos y necesarios para la transición hacia mejores opciones de políticas de drogas orientadas a la regulación legal, la reducción de daños y la despenalización.

Estos marcos reguladores serán mucho más adecuados que la prohibición para proteger los derechos humanos y promover la salud, la igualdad de género y racial, la seguridad y la sostenibilidad medioambiental, sostiene el informe de WOLA.

Prohibicionismo, modelo complicado

El académico Josué González Torres coincide y apunta que el prohibicionismo es un modelo sumamente complicado, no tanto en el aspecto militar y de seguridad nacional, y punitivo, sino de carácter médico, de tratamiento y de atención a un problema social, porque “estén reguladas o no las drogas, siempre habrá consumidores, eso es una realidad”.

Entonces, dice, el enfoque del Estado tendría que ver con establecer formas de tratamiento para consumidores seguras, que tengan como finalidad evitar que no se amplíe el daño que causan a los consumidores y de atención a las personas vulnerables.

“Creo que cuando se regulan entra la potestad del Estado, la regulación de toda la cadena productiva, entran los servicios de salud para regular a las personas que consuman y ya no a las cárceles”, refiere el académico.

Desconoce si con la regulación de drogas en México habría más o menos consumo, pero refiere que ha quedado claro con el cannabis en otros países no necesariamente han tenido un aumento significativo.

“En México se requieren dos cosas para la regularización de las drogas: la generación de la legislación por parte del Congreso, y la fortaleza de las instituciones para llevarlo lo a cabo, y para las organizaciones criminales dedicadas a la gran cantidad de actividades, sería quitarles un pequeño componente de ingresos”, sostiene.

Al crearse la industria alrededor de las drogas se generan empleos e impuestos, y sería sumamente amplio el espectro donde el Estado puede controlar una vez que se pasan las drogas ilegales a la legalidad, apunta González Torres.

“Si la regularización del cannabis y amapola se llegará a dar no significaría un impacto mayúsculo para las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas, armas, personas, productos apócrifos, delitos ambientales, actividades que van mucho más allá del mercado de drogas en México”, acota.

Igual, dice que si Estados Unidos tiene un gran derroche económico por actividades ilícitas, un mercado criminal muy amplio difícil de calcular en cifras (por ser el mayor mercado de consumo de drogas), y un componente amplio de la economía por concepto de las actividades ilícitas, igualmente para el caso de México.

El balance no es positivo. Al final, muchos de los problemas actuales en América Latina vienen imputados por el tema de la regularización y el prohibicionismo de las drogas, todos los grupos que empezaron traficando drogas, antes de tener armas, generar violencia, migraran a otras actividades ilícitas, tuvieron como principal motor el tema de las drogas.

Y si en México el Estado no ha hecho lo correcto en los últimos 50 años, primero por inacción notoria, luego con la guerra de Calderón con una estrategia tan poco calculada y su secuela de daños sociales que hizo que hasta la fecha, no se ve cuál es la perspectiva de mermar la actividad de los grupos criminales.

“Y mientras no exista voluntad política de revisar las actividades para contener y contrarrestar la problemática y los gobiernos locales se echen la bolita, pues tendremos instituciones sólidas, pero seguiremos en la misma, con grupos y actividades criminales en completa bonanza”, remata.

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