Segunda parte. De 1970 a 1975 el movimiento armado ejecutó casi 200 secuestros contra el alto empresariado mexicano, según los archivos de inteligencia naval a los que Contralínea tuvo acceso. La mayoría de los plagios se realizaron en Guerrero, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y Sonora. Muchos no se hicieron públicos, hasta hoy.
Entre los informes y fichas de analistas y marinos –todos adscritos a la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina– destaca un legajo de 20 folios sobre la “inseguridad pública” causada por “el movimiento armado”. Se refiere, en su mayoría, a los secuestros y otros golpes –como colocación de bombas– que efectuaron los movimientos armados contra integrantes de la alta burguesía mexicana. Y las consecuencias que los guerrilleros enfrentaron.
El empresariado no fue inocente. Aliado al Estado mexicano, estuvo detrás de la Guerra Sucia y el Terrorismo de Estado que ejecutarían las tres Fuerzas Armadas Permanentes –el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México– y la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Incluso los cuerpos machacados de guerrilleros les serían entregados como ofrendas en varias ocasiones.
Analistas de inteligencia naval documentaron escuetamente cada caso para informar a la superioridad. Entre los grupos guerrilleros –llamados en el documento “grupos armados ultraizquierdistas”– que recurrieron al secuestro se consigna al Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), el Frente Urbano Zapatista (FUZ), el Partido de los Pobres (PDLP), la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), el Frente Armado Revolucionario del Pueblo (FARP) y la Liga Leninista Espartaco.
El documento es un informe y explicación sobre los secuestros y colocación de bombas que los movimientos armados ejecutaron contra el sector político-empresarial. Realizado por analistas adscritos a Inteligencia Naval, el expediente selecciona algunos casos que considera relevantes en la evolución del devenir de los grupos guerrilleros. Las fuentes primarias del documento –como se consigna en el mismo– son los archivos de inteligencia naval y de inteligencia militar.
Varios casos se conocieron públicamente –incluso fueron motivo de escándalo en su momento– pero en el documento se ofrece algunos detalles no conocidos hasta ahora. Como ejemplos, los secuestros de Julio Hirschfeld, Donaciano Luna Radilla, Gabino Gómez Roch, Jaime Castrejón Díez, Rubén Figueroa o Terrance George Leonhardy, este último cónsul de Estados Unidos en México. Los anteriores, parte o familiares de integrantes de la burocracia político-empresarial y caciquil mexicana.
También se refiere a secuestros que en su momento no se conocieron, no hubo información pública u oficial alguna o se hicieron pasar por hechos de la delincuencia para restarle el componente político al hecho. Entre estos casos se cuentan los de Isabel Quintana Isaac, Álvaro Padilla Córdova, Miguel García Esquivel, Emilio Solís Sotelo o Jaime Farrill Novelo.
El análisis señala que los secuestros realizados por los movimientos armados iniciaron a finales de la década de 1960. Para el año de 1970 se contaban anualmente alrededor de 50 plagios cometidos por las guerrillas de Lucio Cabañas –el PDLP y su Brigada Campesina de Ajusticiamiento– y Genaro Vázquez –la ACNR–. De hecho, sólo en el estado de Guerrero ocurría este fenómeno que “tuvo móviles muy claros y directos como la obtención de fondos para financiar el movimiento guerrillero”, observa el documento.
Sin explicar el porqué, el informe señala que todo cambió en septiembre de 1971. La práctica del secuestro sería retomada por otros movimientos armados, éstos primordialmente urbanos. Los plagios ya no sería un asunto exclusivamente de Guerrero, sino de la mitad de todo el país.
El análisis, elaborado con la información de campo recogida por inteligencia naval e inteligencia militar, expone los casos más relevantes ocurridos en seis entidades de la República. Anota los grupos participantes, los guerrilleros que fueron acusados o detenidos por ese delito.
El documento señala que los secuestros por parte de los movimientos armados tuvieron también origen en “provocaciones anticomunistas” animadas por el sector empresarial en 1971. En marzo de ese año es detenido el normalista rural Pablo Alvarado Barrera, quien era sobreviviente del asalto al Cuartel Madera en 1965. Sería torturado y asesinado el siguiente diciembre al interior de la Penitenciaria de Lecumberri, conocida como el Palacio Negro. También se detuvo a 18 integrantes del MAR.
Tales golpes serían acusados por los movimientos armados como ofrendas al sector empresarial.
Las fojas del archivo de la Semar destacan el secuestro –el 27 de septiembre de 1971– del entonces director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Julio Hirschfeld Almada. El documento lo identifica como un “acaudalado industrial” que, además, era gerente general de la empresa “P.M. Steel”. También explica que este funcionario y empresario estaba “emparentado con Aarón Sáenz y ambos pertenecientes al grupo económico político encabezado por el expresidente Miguel Alemán”.
La acción –según los documentos– se le atribuye a “los grupos armados ultraizquierdistas” FUZ y MAR que tenían claridad sobre el objetivo que querían golpear: el alemanismo que, de ser un grupo político había transitado a convertirse en uno de los grupos económicos más prominentes del país. Los familiares de Hirschfeld Almada pagaron el rescate, de entre 3 y 4 millones. El funcionario y empresario fue liberado por los guerrilleros el 29 de septiembre de ese año.
No hubo más del FUZ sino hasta el 25 de noviembre, cuando de manera anónima la organización entregó un comunicado a la agencia France Press con el objetivo de que las acciones del movimiento fueran conocidas internacionalmente. De entre los volantes, el análisis destacan uno que reproducía la imagen de Emiliano Zapata con la frase: “El lujo pervierte al hombre y lo aleja del pueblo”.
Para el 29 de enero de 1972 fueron detenidos tres hombres y cuatro mujeres supuestamente partícipes en el secuestro del director de ASA, Julio Hirschfeld Almada. Los documentos de la Semar los identifican así:
“[…] Francisco Uranga López, originario del Distrito Federal, quien al parecer encabezaba la banda; Margarita Muñoz Conde, originaria del Distrito Federal; Carlos López Lorencé, originario de San Juan del Río, Querétaro; María Elena Dávalos Montero, originaria del Distrito Federal, empleada, esposa de Carlos Lorencé; Lourdes Uranga López, también originaria de México, afirmó estar casada con Javier Mendoza Arrieta; Roberto Tello Alarcón; el doctor Raymundo Ordóñez López; la enfermera Margarita Linares Pérez. Encontrándose prófugos Rigoberto Lorencé López; Lourdes Treviño Quiñones, y Luis Iturralde.” (sic)
El legajo también resalta una carta elaborada por 22 presos recluidos en el penal de Lecumberri. La misiva fue enviada el 4 de noviembre de 1971 al periódico El Día. En ella se denuncia que las autoridades, con el pretexto de que se proyectaba una fuga en masa mediante la construcción de un túnel, hicieron entrar a 250 agentes de la Policía Judicial, que se apoderaron de las pertenencias personales de los guerrilleros presos.
Los firmantes de esa carta eran: “Víctor Rico Galán, periodista; Ramón Danzós Palominos, dirigente campesino; Adán Nieto, licenciado; Rolf Meiners, médico; Gilberto Balam, médico; Luis Enrique del Toro, estudiante; Arturo Ortiz Marbán, dirigente político; Joel Arriaga Navarro, dirigente estudiantil, junto con Adolfo Gilly, Francisco Colmenares, Antonio Gershenson, Fernando Granados Cortés, César Catalán, Fabio Barbosa, Gerardo Peláez Ramos, Francisco Luna, Roberto Iriarte, Oscar Fernández Bruno, José Manuel F Téllez y Roberto F Miñón Corro”.
Enseguida el archivo consigna el secuestro, el 30 de noviembre de 1971 de Isabel Quintana Isaac, hija del ingeniero Bernardo Quintana Arrioja, gerente general de la empresa ICA (Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV). El documento señala que esta compañía fue “integrada por intereses del grupo alemanista”. En su momento, el plagio se mantuvo fuera del conocimiento de la opinión pública.
El análisis no informa qué movimiento armado ejecutó el secuestro ni cuál fue el desenlace. Hoy Isabel Quintana aparece como directora ejecutiva y socia de Grupo Tikal, con sede en Panamá. En ese conglomerado también son socios integrantes de las familias Alemán, Icaza y Barrull Vidal.
De 1972, el documento destaca un secuestro, el del industrial Álvaro Padilla Córdova. Como el anterior, no fue materia de los medios de comunicación. Consigna que ocurrió el 11 de enero. Se pedía 1 millón de pesos por su liberación. En medio de las negociaciones, los plagiarios aceptaron 380 mil pesos. No se identifica el nombre del grupo armado. Sólo se señala que “la policía logró liberar al plagiado y detener a uno de los secuestradores”.
Un secuestro más, ejecutado por movimientos armados, destaca el archivo. Se trata del ocurrido el 29 de septiembre de 1973 contra Gabino Gómez Roch, hijo del gerente general del Banco Mexicano, José Gómez Gordoa. “Al día siguiente es localizado su cadáver en la carretera México-Puebla, kilómetro 42”. En la acción también muere el odontólogo Rubén Enciso Arellano. Este caso sí causó revuelo en las páginas de los diarios y en los noticiarios de la época.
Sin explicar el grupo al que pertenecían ni las condiciones en que ocurren las detenciones, son consignados como autores Carlos Morales Flores, Fernando Camino García, Alberto Sastre Peralta, Mario Reyna Guerrero, Jorge de San Nicolás Arjona, Ernesto Gómez Collazo.
El documento destaca el caso del secuestro del banquero guerrerense Donaciano Luna Radilla, secuestrado el 30 de diciembre de 1970. Señala que el Ejército Mexicano fue el encargado de detener a 50 campesinos por este hecho. Entre los detenidos se encontraba el padre de Genaro Vázquez Rojas pero también dirigentes de organizaciones oficialistas. Las detenciones fueron arbitrarias para tratar de dar con los responsables.
El 10 septiembre del siguiente año la Policía Judicial de Guerrero detuvo por estos hechos a Hilda Flores Solís, Ismael Bracho Campos, Antonio Sotelo Pérez, al doctor Rafael Olea Castañeira, Sixto Flores Vázquez, Efrén Gutiérrez Borja, Cliserio de Jesús y Santiago Méndez Bailón. “La mayor parte de ellos parientes de presuntos implicados en el secuestro y cobro del rescate de Luna Radilla”.
El documento destaca que se trata del “primer caso de secuestro que traspasa los límites del campo guerrerense para alcanzar connotación del espacio estatal”.
Cabe destacar que el banquero Luna Radilla había sido señalado como uno de los que dispararon contra la población en Atoyac de Álvarez cuando se intentó asesinar al profesor Lucio Cabañas Barrientos el 19 de mayo de 1967.
De 1971, el informe destaca varios hechos. El primero, ocurrido el 24 de marzo. Se trata de secuestro del ganadero Ecliserio Organtes y del coprero Franco Guerrero Armenta en Tenexpa, Costa Grande. Una semana después, el día 30, se reporta el secuestro del ganadero Eduardo Valdovinos en el ejido El Laurel.
A principios de abril es secuestrado el ganadero Cirineo Benítez Villanueva. Sería hallado muerto el 30 de ese mes cerca de Coyuca de Benítez.
Otro secuestro ocurrió el 10 de abril. El plagiado fue Agustín Bautista Cabrera, hijo del cacique Jorge Bautista. Se atribuyó el hecho el Comité de Liberación Emiliano Zapata. El 22 de abril fue “fusilado” Bautista Cabrera al no ser pagado el rescate exigido de 300 mil pesos.
El documento señala que este grupo era de nueva creación y estaba separado de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del PDLP –de Lucio Cabañas– y de la ACNR –de Genaro Vázquez–.
En noviembre de 1971 fue secuestrado el doctor Jaime Castrejón Díez, en ese entonces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Se le atribuyó el plagio a la ACNR. De este hecho, conocido públicamente, el informe ofrece detalles que no se habían revelado
El 26 de noviembre, bajo la firma del “Comité Armado de Liberación Vicente Guerrero” –comandado supuestamente por Juan José Montes y Nicolás Barrera– se entrega a los medios de comunicación un comunicado en el que también aparecía la firma del plagiado rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. El escrito, con fecha del 24 de noviembre, decía haberse elaborado en el Campamento Revolucionario José María Morelos, situado en “las Montañas del Sur de México”. Establecía un plazo para liberación de Castrejón.
Tres condiciones planteaba: la entrega de 2 y medio millones de pesos; la libertad de nueve presos y la puesta a disposición de autoridades judiciales de decenas de campesinos detenidos de manera ilegal en cárceles militares clandestinas.
De los presos de los que se demandaba la liberación, cuatro se encontraban en el penal de Chilpancingo, Guerrero: Santos Méndez Bailón, Antonio Sotelo Pérez, Ismael Bracho Campos, Rafael Olea Castañeira. Los otros cinco, en la Penitenciaría del Distrito Federal: Mario Menéndez Rodríguez, Florentino Jaimes Hernández, Demóstenes Onofre Valdovinos y María Concepción Solís Morales.
Señala que los presos estaba acusados de diversos delitos y ofrece un perfil de varios de ellos:
“Mario Menédez Rodríguez, de 33 años, originario de Mérida, Yucatán, director de la revista de oposición Por qué?, quien ingresó al penal de Lecumberri el 14 de febrero de 1971, acusado de conspiración, incitación a la rebelión, asociación delictuosa, fabricación de bombas y explosivos, tentativa de lesiones, daños en propiedad ajena y violaciones al artículo 102 de la Ley Federal de Radio y Televisión como autor intelectual de un atentado a Televicentro, en septiembre de 1969 [sic].
“Florentino Jaimes Hernández, originario de Coyuca de Catalán, Guerrero, de 33 años de edad, ingeniero electrónico, que fue detenido en su estado natal y consignado en la Ciudad de México por homicidio, lesiones, disparo de arma de fuego, portación de arma prohibida y lesiones contra agentes de la autoridad, en relación a su supuesta participación en un asalto a una camioneta bancaria en la calzada de Tlalpan, en el Distrito Federal [sic].
“Demóstenes Onofre Valdovinos, originario de Galeana, Guerrero, de 23 años de edad, profesor de primaria, quien fue recluido el 12 de febrero de 1970, bajo la acusación de conspiración a incitación a la rebelión, y asociación delictuosa [sic].
“María Concepción Solís Morales, profesora normalista, cuñada de Genaro Vázquez, quien fue encarcelada el 21 de julio de 1971, bajo las acusaciones de asociación delictuosa, amenazas, robo, acopio de armas y tentativa de robo, y a quien la policía dijo haber detenido junto a un grupo de guerrilleros que había asaltado la Central de Choferes [sic].
“Santos Méndez Bailón, Antonio Sotelo Pérez, Ismael Bracho Campos, Rafael Olea Castañeira y Ceferino Contreras Ventura estaban acusados de asalto, privación ilegal de libertad con modalidad de secuestro, robo, asociación delictuosa en agravio de Donaciano Luna Radilla [sic].”
Con respecto de la demanda de que los campesinos detenidos por Ejército sean presentados ante las autoridades judiciales, el informe señala que se refiere, entre otros, a “José Garay, Francisco Garay, Sixto Flores, Cliserio de Jesús, Efrén Gutiérrez, Miguel García Martínez, Juan de Jesús, Hilda Flores, Eusebio Armenta, Marcos Saldaña, Ángel Pizá y Justino Pizá.
El Comando que se adjudicó el secuestro era parte de las estructuras de la ACNR, señala el documento.
La familia de Castrejón entregó el rescate solicitado. En Taxco tuvo lugar el encuentro con un enviado de Genaro Vázquez. Y los excarcelados fueron trasladados a la Ciudad de México, donde tomaron la decisión de exiliarse en Cuba.
“Jaime Castrejón Díez aparece en la madrugada del día primero de diciembre de 1971 en un paraje cercano a la carretera entre Taxco y Chilpancingo, denominado Casa Verde, en el mismo estado de Guerrero.”
Para el 4 de diciembre, la Sedena informó que había capturado a los autores del plago contra el rector. Cita a Vicente Irineo Sánchez, “miembro de la gavilla de Genaro Vázquez desde 1967”.
También informa de las detenciones de Carmelo Cortés Castro, Carlos Ceballos Loya y Gabriel Barrientos Reyes “durante las operaciones en la sierra de Guerrero… en Atoyac de Álvarez”.
De Carmelo Cortés, el documento señala que “ha estado preso en la Penitenciaría del estado de Guerrero en varias ocasiones, acusado de delitos de robo, despojo, asociación delictuosa y otros […]. Ha realizado viajes a diversos países comunistas y se adoctrinó en tácticas subversivas en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, en la URSS [Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas]”.
Sobre Carlos Ceballos dice que –junto con Gustavo Hirales, José Luis Alonso y Ramón Alapizco– efectuó un asalto a las oficinas de la Unión Nacional de Productores de Azúcar (UNPASA) ubicadas en Tijuana, Baja California en julio de 1971.
El caso se cerraría en enero de 1972, con la detención de varios autores supuestamente del secuestro. Entre ellos, José Bracho Campos –“el brazo derecho de Genaro Vázquez”– Arturo Limón y Jorge Mota, este último capturado en la Ciudad de México.
Otro caso destacado en el documento es el ocurrido el 18 de diciembre de 1971, cuando son plagiados los copreros Miguel García Esquivel y Emilio Solís Sotelo. Se exige medio millón de pesos por liberarlos. El secuestro es atribuido directamente a Genaro Vázquez.
Ya en 1972, el 7 de enero, es secuestrado en Acapulco el ingeniero Jaime Farrill Novelo, director de la Escuela Preparatoria 2 de ese mismo puerto. Cinco días después su familia recibió un comunicado firmado por los “Comandos Armados de Liberación” y la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres.
A cambio de la vida y la libertad de Farrill Novelo se demandaba la entrega de 3 millones de pesos y la difusión de un manifiesto.
La policía –no especifica qué corporación– rescató al ingeniero el 13 del mismo mes y detuvo supuestamente sólo a una persona de nombre Francisco Fierro.
De las acciones en Guerrero en 1973 el documento sólo destaca las detenciones, el 9 de octubre, de los supuestos “secuestradores y asesinos” del economista Gómez Roch y del odontólogo Rubén Enciso.
Ese día fueron presentados a las prensa Jorge San Nicolás Arjona, Enrique Luis Rosete, Alberto Sastré Peralta, Fernando Camino García, Mario Reyna Guerrero y Carlos Morales Flores. Todos ellos con edades de entre 20 y 30 años.
A San Nicolás Arjona se le identifica como el líder de este grupo. “De origen argentino y de nacionalidad marroquí, hablaba 10 idiomas y era egresado de la Sorbona de París; habiendo vivido en Saigón, Vietnam del Sur y en Pjnom Penh, Cambodia, como aparente administrador de una cadena de hoteles norteamericanos” (sic).
De 1974, el documento señala el secuestro del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno del estado, Rubén Figueroa Figueroa el 2 de junio. Además de los datos conocidos públicamente, como las exigencias del movimiento armado –en este caso el PDLP, de Lucio Cabañas– y la conclusión de caso con el rescate del político el 8 de septiembre en el poblado El Quemado, se señala de un segundo comunicado no conocido públicamente.
Tal escrito data del 13 de junio y no fue publicado en los medios de comunicación por prohibición expresa del gobierno federal. Era un manifiesto del PDLP y una carta manuscrita y firmada por el propio Rubén Figueroa. “Se afirmaba que el general Hermenegildo Cuenca Díaz preparaba un golpe de Estado”.
También se consigna que Guerrero vivió un estado de emergencia de facto y se prohibió la libre circulación de las personas.
Asimismo, en 1974 tiene lugar el secuestro de “la millonaria de origen judío” Margarita Saad. El plagio ocurrió el 30 de agosto en Acapulco. El hecho se lo atribuye el Comando Femenil Che Guevara, perteneciente a las FARP. El grupo exigió la entrega de 6 millones de pesos y la difusión de un manifiesto tanto en radio como en medios impresos.
“El 13 de septiembre es encontrado en las calles de Acapulco el cadáver de Margarita Saad.”
Los archivos de la Semar destacan el conocido caso del secuestro del cónsul general de Estados Unidos Terrance Leonhardy el 4 de mayo de 1973 en Guadalajara. Las FRAP demandan la entrega de 1 millón de pesos y la liberación de varios presos de distintas cárceles de la República. El diplomático sería liberado por el movimiento armado el 7 de mayo.
También el informe da cuenta de las cuatro bombas que estallaron el 13 de septiembre de ese año en edificios públicos y bancos de la ciudad capital del estado. Advierte que ese mismo día estallaron otras dos en edificios comerciales de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.
Para el 30 de septiembre estallaron otras dos bombas en Guadalajara. Una en el monumento al soldado y la otra en el edificio de la representación regional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Un secuestro ocurrido el 10 de octubre generó otro escándalo. Es conocido el plagio en Guadalajara del entonces cónsul de Inglaterra, Anthony Duncan Williams, y el empresario Fernando Aranguren, propietario de la Financiera Industrial de Jalisco, de Aranguren y Compañía –una de las principales fábricas acereras del estado– y de la Fábrica de Almidones y Derivados.
Los plagiarios exigieron 200 mil dólares y la libertad de 51 presos –de distintas cárceles de todo el país–, quienes deberían ser llevados a Cuba o Corea del Norte. Entre ellos, todos los detenidos por los secuestros y asesinatos de Roch y Enciso. Esta demanda no fue del agrado de todos los guerrilleros.
El entonces gobernador de Jalisco. Alberto Orozco Romero, declaró: “Es físicamente imposible cumplir todas las exigencias de los secuestradores”.
Por su parte, 27 guerrilleros presos incluidos en la lista se niegan a salir si entre los que van a canjear se incluye a Jorge San Nicolás Arjona, Fernando Camino García, Enrique Ruiz Rosete González y Carlos Morales Flores, victimarios de Gómez Roch y Enciso Arellano, a quienes acusan de ser simples delincuentes y asesinos y no combatientes revolucionarios.
La carta respaldada por los 27 cuenta con las firmas de Pedro Estrada Gómez, Felipe Peñaloza García, Guillermo Moreno Nolasco, Eufemio González Mancilla y Ramón Ramos Mogronejo. A la negativa de salir de prisión se suman Francisca Calvo Zapata, Ana María Parra de Tecla y Marco Antonio Rascón Córdova.
Una exigencia más fue la obtención de salvoconductos para que los autores del secuestro pudieran salir del país.
El procurador general de entonces Pedro Ojeda Paullada, declaró la posición del gobierno: “No pactar con criminales”.
El 14 de octubre sería liberado el cónsul británico, Anthony Duncan, y el día 18 sería encontrado muerto el industrial Aranguren.
Otro secuestro destacado en Jalisco es el del general José Guadalupe Zuno Hernández, suegro del presidente Luis Echeverría y exgobernador de Jalisco. Fue plagiado por el FARP. El documento no aporta más detalle. Como se sabe, el político fue liberado sano y salvo sin que se dieran a conocer los detalles de la negociación.
De 1972 destaca el secuestro en pleno vuelo de un avión de la Compañía Mexicana de Aviación. Dos integrantes de la Liga Comunista Armada o del Comando Guerrillero Mexicano –en realidad de la LC23S– desviaron el vuelo 705 hacia La Habana.
Pero la acción que más estremeció a la burguesía mexicana fue el intento de secuestro y muerte del acaudalado Eugenio Garza Sada, presidente del Grupo Monterrey. Ocurrió, como se sabe, el 17 de septiembre de 1973.
Los documentos consignan los “fuertes cuestionamientos” del sector empresarial con respecto de “la gestión del presidente Luis Echeverría, a quien se acusaba de negligencia frente al clima de inestabilidad e inseguridad imperante en el país”.
Para el 26 de septiembre de ese año fueron consignados tres personas supuestamente de la LC23S: “Crecencio Gloria Martínez, profesor rural; Héctor Gutiérrez Martínez, también profesor, y Armando Iracheta Lozano, chófer de taxi”.
Antes de que finalizara el mes se detuvo a Armando Iracheta Morales, quien “admitió haber participado en el asesinato del industrial Garza Sada, aun cuando no se expresaron los móviles, y además proporciona los nombres de otros participantes como son el doctor Miguel Torres Enríquez (doctor Ulises), Juan Corral, Hilario Juárez García y Edmundo Medina Flores, quienes aún no eran detenidos” (sic).
El documento sólo destaca dos acciones, una por entidad. Hacia finales de diciembre se registró el secuestro, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, del banquero Carlos Fenton. El informe lo describe como “millonario asociado al Banco de Comercio”. Fue liberado el 5 de enero de 1972, “luego de que sus familiares pagaran 5 millones de pesos por su rescate”.
El de Sonora que se consigna es el del líder Ferrocarrilero y “líder comunista” Valentín Campa. El documento sólo señala, sin mayores de talles, que Campa fue plagiado en Ciudad Obregón en noviembre de 1971. No se aportan más datos de las causas del plagio ni los autores del mismo. Tampoco, las condiciones en que fue liberado.
Secuestro de oligarcas y represores: recuperación de recursos y propaganda
Un elemento valioso de los movimientos armados fue el secuestro, explica Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
“En aquellas épocas el secuestro se había con fines de recuperar recursos económicos, pero también de propaganda; señalar que se secuestraban oligarcas, represores. Y los insurgentes les enseñaban [a los secuestrados] que abusaban, explotaban y saqueaban al pueblo.”
Acompañante de víctimas de la Guerra Sucia y el Terrorismo de Estado, Ramírez López recuerda que en la década de 1970 estaba cancelada la participación política democrática. El Estado era profundamente autoritario y la lucha armada era una vía para contrarrestar “la mano durísima, no del gobierno de México, sino del imperio, sus aliados, quienes dirigían las labores de inteligencia para actuar en esa guerra”.
En este sentido, Adrián Ramírez señala que la Guerra Sucia no fue sólo un asunto que decidieran las instituciones del gobierno mexicano. Además del sector empresarial también se debe señalar al gobierno de Estados Unidos.
“Estaba la CIA [Agencia Central de Inteligencia] detrás de todo el andamiaje de acción de cada país. Ese actuar les servía para imponer actores, agentes, maneras de someter a los pueblos, so pretexto del combate y la ayuda a esos grupos. Fue el periodo donde las torturas duraban años. Personas que eran capturadas, llevadas a centros de torturas. Mataban a otros, otros los cooptaban para trabajar como informantes. Fue una noche muy oscura que generó mucho dolor y mucha muerte, en un proceso limitado y circunscrito a las posiciones políticas.” |
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