La operación del gasoducto en Morelos se encuentra detenida, debido a que existen juicios y demandas que impiden el avance de la obra, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador expuso que no se puede dejar que la obra —integrada en el Proyecto Integral Morelos—, se vuelva “chatarra”. Culpó a los gobiernos anteriores, de echar a andar la construcción de ese gasoducto (en 2012, con Enrique Peña Nieto), “pero con dinero del pueblo, del presupuesto, más de 20 mil millones de pesos. Y si no echamos a andar esa planta perdemos esos recursos todos los mexicanos”.

Desde Palacio Nacional, el mandatario se dirigió a quienes se han opuesto este megaproyecto, y dijo que ahora la Comisión Federal de Electricidad, encargada de la operación, es una empresa pública: “estuvo en manos de intereses privados, pero ahora es una empresa de todos los mexicanos. Si tenemos parada esa planta se está perdiendo, pero pierde el pueblo. Si un gasoducto se tiene detenido, tenemos que pagar una multa a las empresas que construyeron esos gasoductos con esos contratos leoninos”.

El titular del Ejecutivo aseguró que hablará con quienes se encuentran en desacuerdo, para llegar a llegar a arreglos y que haya beneficios que pueda cumplir como presidente, “que nos permitan terminar esas obras, porque no fue culpa de nosotros. Estuvieron mal. Eso de los gasoductos fue un exceso, fue un negocio malo para la hacienda pública”.

La semana pasada, Contralínea informó que el juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, Amaro Correa Guillermo, había otorgado la suspensión sobre la operación del gasoducto Morelos a los pobladores del ejido de Amilcingo.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, indicó, a través de un comunicado, que con esta resolución no sólo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el megaproyecto, pues al no poder pasar el gas natural por esta comunidad, “el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca”.

A esta organización pertenecía Samir Flores, opositor a este megaproyecto, asesinado el 20 de febrero pasado afuera de su casa. El activista había denunciado las afectaciones medioambientales que generaría este megaproyecto.

Érika Ramírez