Las y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) siguen recibiendo su salario, aun cuando se encuentran en paro, o huelga, desde el pasado 19 de agosto, cuando comenzó su protesta contra la reforma a ese Poder de la Unión. Consultada al respecto por Contralínea, la jueza Adriana Ortega Ortiz mencionó: “no estamos en paro; estamos en una reducción de actividades”.

“El matiz parece menor, pero no es así. Los casos urgentes sí se están atendiendo”, continuó durante la “conferencia matutina de los jueces”, inaugurada el día de ayer. “Imagínate si todas las veces que alguien se pronuncia o protesta, desapareciera su salario, es la inhibición natural y definitiva en que las personas estén protestando”.

Sin embargo, las y los trabajadores de cualquier otro rubro sólo reciben el “pago de los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga” si “el Tribunal declara en la sentencia que los motivos de la huelga son imputables al patrón”, de acuerdo con el artículo 937 de la Ley Federal del Trabajo.

“Estamos trabajando. A nosotros nos pagan por guardar y hacer guardar la Constitución […] y es lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo, resolviendo los casos urgentes”, complementó el magistrado José Rogelio Alanís García. A pesar de ello, no tuvieron los datos de cuántos casos urgentes han resuelto las y los juzgadores federales.

Entre el 20 de agosto, a inicios del paro, y el 30 de septiembre, se cancelaron 12 mil 448 audiencias judiciales, afirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el día de ayer en la conferencia presidencial. “Es normal que las audiencias que no son urgentes se reprogramen para verlas en otro momento […] ¿cuándo? Bueno, eso ya lo veremos después”, respondió Alanís García.

Los casos de urgencia en el PJF tienen que ver con órdenes de aprehensión, cumplimiento de órdenes de aprehensión, personas detenidas, solicitudes de sobreseimiento, “cuestiones que se relacionan con la libertad de la persona”, enumeró el magistrado.

“A veces lo que hacen los poderes públicos nos atraviesa, nos lastima, no corresponde a lo que creemos que son nuestros derechos, y un recurso que dejan las constituciones prácticamente de todos los países democráticos es que las personas protesten”, añadió la jueza Ortega Ortiz.

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