¿La conciencia ambiental es una amenaza de muerte?

¿Sabías que mundialmente existen más de 40 fechas conmemorativas relacionadas con el medio ambiente? Por ejemplo: el Día Mundial de la Educación Ambiental (26 de enero), el Día Mundial del Agua (22 de marzo) y el Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril). Y a pesar de que no existe un día dado a todos aquellos que viven para defender, cuidar y preservar el mundo, existen el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza (18 de octubre) y el Día Internacional contra el Cambio Climático (24 de octubre).

Ahora bien, dentro de los 17 objetivos globales en la Agenda 2023, mejor conocida como La Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); los temas sobre la crisis climática, el medio ambiente y la preservación de la biodiversidad, son  preponderantes, seguido de la pobreza, el hambre, la seguridad alimentaria y el trabajo digno.

Una de las conmemoraciones más importantes sobre estos temas se celebra cada 5 de junio: el Día Mundial del Medio Ambiente. Fecha que nos invita a reflexionar nuestras relaciones socioambientales, como la crisis de agua, sequías y pérdida de ecosistemas endémicos por la sobreexplotación de los bienes naturales; aunado a daños colaterales causados por estas crisis, como el hambre o la salud. Entre foros, actividades y acciones urgentes para promover la conciencia ambiental, en México, año con año se trabaja por contrarrestar los efectos de la globalización.

No obstante, es necesario visibilizar aspectos fundamentales que no pueden desdibujarse al hablar del medioambiente. Entonces, más allá de los acuerdos y tratados internacionales, ¿qué se ha hecho por garantizar los derechos humanos de aquellos dedicados a proteger y defender el entorno que habitamos?

A lo largo del tiempo, hemos sido testigos de cómo la comunidad defensora del medioambiente es un blanco constante de ataques y violaciones graves a los derechos humanos. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), las agresiones a las que se enfrentan pueden ir desde ataques verbales hasta asesinatos.

En su informe anual 2023, tras 10 años de documentar casos al respecto, se muestra que a partir de 2017 los casos de violencia contra defensoras, defensores y activistas aumentó, al tener un total para ese año de 29 asesinatos. Entre 2018 y 2021, los asesinatos de defensores ambientales se mantuvieron entre 15 y 25 asesinatos por año. Finalmente, para 2023 ese Centro registró 123 agresiones a personas defensoras, de los cuales hubo 20 asesinatos y al menos 19 desapariciones forzadas.

En un país donde el actual titular del Ejecutivo federal se ha pronunciado a favor de la libertad de expresión y la cero censura, ¿por qué se acrecentaron los agravios a quienes defienden la vida? Si bien las estadísticas nos ayudan a comprender la magnitud de la violencia que vivimos (para este caso enfocado al medio ambiente, pero bien puede llevarse a temas enlazados como desplazamientos, desapariciones o feminicidios), el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (experto el criticar políticas neoliberales pero que finalmente las perpetua con sus acciones) ha demostrado ser incompetente para salvaguardar la vida de las y los mexicanos, así como conservar los ecosistemas endémicos y originarios del país (y con ello la biodiversidad).

Lo anterior, tiene un impacto más allá de lo ambiental. Felipe Romero e Itzel Arteaga, representantes del CEMDA en el foro “Situación de las y los defensores: desafíos en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente”, en Toluca el pasado 5 de junio, compartieron que el perfil de las víctimas de estos ataques corresponde mayormente a personas pertenecientes a comunidades indígenas o pueblos originarios. Situación que cuestiona el proyecto de desarrollo del Estado mexicano, pues no es coincidencia que sean los pueblos indígenas en estados como Guerrero, Oaxaca, Jalisco, el norte y sur del país, los más violentados.

¿Por qué son estos territorios los más afectados al defender sus espacios? ¿Quiénes son los perpetradores de estas violencias? Recordemos que, dentro de los megaproyectos impulsados por el gobierno federal se encuentran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el impulso de la “reforestación” a partir de monocultivos y programas como Sembrando Vida o Producción para el Bienestar. A ello se suman los más de mil proyectos mineros privados en el país que vienen de los sexenios pasados.

Así, lo compartido por el CEMDA queda bastante claro. Son la minería, las vías de comunicación y el ámbito forestal los principales espacios donde más se vulnera la vida por defender la tierra, el territorio, el agua y las formas de cohabitar con la naturaleza. Y es que el problema no es el llamado “desarrollo”, sino para quién o quiénes se está impulsando y quiénes se benefician de tales procesos. ¿Será que los pueblos originarios realmente buscan ese tipo de desarrollo? Un desarrollo enfocado al crecimiento económico (¿de quiénes?), que de fondo implica desplazamientos y despojos de territorio de comunidades oriundas, de expropiación de tierras para explotar o acabar con los recursos naturales y sobre todo, una amenaza de muerte para las y los que decidan defender el medioambiente.

La defensa de la tierra, el territorio y el agua ha sido una lucha histórica desde las comunidades indígenas, originarias y afrodescendientes en México. Como bien lo dijo Hugo Arreola, del Centro de Derechos humanos Zeferino Ladrillero, “no es necesario el respaldo del gobierno u organismos políticos, ni instituciones para defender el derecho al agua”. Por tanto, uno de los mecanismos y vías de acción desde las comunidades en resistencia medioambiental ha sido la memoria, como eje para fortalecer la defensa y el trabajo colectivo o comunitario en cada lucha por las injusticias.

Las y los defensores del medioambiente no pueden seguir siendo agraviados, mucho menos asesinados o desaparecidos por proteger aquello que todas y todos necesitamos. Las violaciones a los derechos humanos de las personas defensoras se han perpetuado por la corrupción y la impunidad ejercida entre el Estado, las empresas trasnacionales (como aquellas con concesiones sobre los recursos naturales, como los manantiales), los grupos de poder como el narcotráfico o las pequeñas élites del país, dejando a familias y comunidades buscando justicia por vías autogestoras y desde la organización colectiva.

Por último, es necesario cuestionar qué le espera a México en materia de derechos humanos, derechos culturales y condiciones dignas de vida, con el siguiente cambio de gobierno. Es decir, la próxima presidenta de México, ¿cómo va a combatir la impunidad, las injusticias y la violencia para la protección de activistas y personas defensoras?

Alitzel Díaz*

*Colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

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