Naciones Unidas. La corrupción tiene efectos perjudiciales para el desarrollo sostenible en todos los países y su costo es abrumador; hasta una cuarta parte del gasto público mundial, afirmó la presidenta del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc), Lachezara Stoeva, este martes 2 de mayo de 2023.
La corrupción “se lleva más de 5 por ciento del producto interno bruto mundial. De 13 billones (millones de millones) de dólares de gasto público, 25 por ciento se pierde a causa de la corrupción”, dijo Stoeva.
La diplomática búlgara participó en un encuentro en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para “aprovechar el poder transformador del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 16”, el cual busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Ecosoc destaca que el costo de la corrupción no se limita a un aspecto financiero, sino también, contribuye a empeorar aspectos de la vida como favorecer la pérdida de recursos naturales, exacerbar la pobreza y la desigualdad, erosionar la confianza y la cohesión social y socavar la estabilidad económica y política.
Stoeva destacó que las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables son los más afectados por la corrupción. Y que, cuando el mundo está a mitad de camino para implementar la Agenda 2030 de la ONU, urge acelerar el cumplimiento de los ODS.
“Es un desafío complicado. Ya que la corrupción se interpone en nuestro camino. Aunque, los avances sobre paz, justicia e instituciones sólidas pueden generar un círculo virtuoso”, aseveró.
“El ODS 16 es un requisito indispensable para la aplicación efectiva de todos los demás. A su vez, este avance se convierte en un factor que permite dar respuestas más eficaces a la corrupción”, afirmó la responsable de Ecosoc.
Entre los ODS propuestos por la ONU para alcanzar un futuro mejor y sostenible para el planeta y sus habitantes, el 16 contempla metas sobre el tema de la corrupción, como la 16.5: “reducir, considerablemente, la corrupción y el soborno en todas sus formas”. La 16.4 propone “de aquí a 2030, reducir, significativamente, las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada”. Y la 16.6 plantea “crear, a todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”.
Stoeva consideró que reducir los flujos financieros ilícitos y combatir la corrupción y el soborno en todas sus formas “son elementos fundamentales de la paz y de unas sociedades pacíficas, justas e inclusivas”.
En el apartado de logros, destacó los “avances significativos” que se produjeron gracias “a los mecanismos disponibles para hacer frente a la corrupción”.
“Los países han aplicado diversas medidas anticorrupción. Hay más concienciación y mejores marcos legislativos y normativos. Las estrategias nacionales son habituales. Los gobiernos locales están implicados. Se comprenden mejor los riesgos”, expuso.
También estimó que “se aprovecha el potencial de las tecnologías de la información, la comunicación y de los datos. Los ciudadanos y la sociedad civil participan en el seguimiento de los riesgos de corrupción y las respuestas anticorrupción”.
A pesar de ese catálogo de avances, destacó que los retos “requieren esfuerzos sostenidos de lucha contra la corrupción y enfoques adaptados que impliquen a múltiples partes interesadas y combinen diversos instrumentos”.
Por su parte, la directora ejecutiva de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), Ghada Waly, recordó que su agencia crea una red de centros regionales de lucha contra la corrupción para mejorar la situación sobre el terreno y promover la cooperación interregional y Sur-Sur.
En una videoconferencia desde Viena, Waly especificó que el primer centro se inauguró en México el año pasado y que pronto se abrirán otros dos en Kenia y Colombia; junto a otros proyectos en marcha.
La organización no gubernamental Transparencia Internacional, la cual elabora un Índice de Percepción de la Corrupción anualmente, expuso el pasado enero que se registran pocos avances en los últimos cinco años en la lucha contra la corrupción y que son mínimos en 95 por ciento de los países.
Según ese índice, para 2022, los 10 países con menor puntaje de corrupción eran Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Alemania e Irlanda.
Los 10 países con mayor puntaje eran Somalia, Siria, Sudán del Sur, Venezuela, Yemen, Libia, Corea del Norte, Haití, Guinea Ecuatorial y Burundi.
IPS (Inter Press Service)*
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