Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar que, sin importar las mayorías simples o calificadas en San Lázaro, enviará una iniciativa de reforma constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cabe analizar los resultados obtenidos en la consulta ciudadana realizada del 19 al 24 de abril pasado por las organizaciones sociales y sindicatos independientes que conforman la Nueva Central de Trabajadores (NCT), donde un 85 por ciento de los participantes votaron en favor de la renacionalización de la industria eléctrica.

En la conferencia mañanera donde informó de su intención, el jefe del Ejecutivo resaltó que debe darse un debate “para que el pueblo se entere”. Y ojalá que en esta ocasión los legisladores sí valoren la necesidad de consensar con los diversos grupos involucrados, expertos y la sociedad en su conjunto la urgente necesidad de devolver al país su soberanía energética que a final de cuentas y en el mundo globalizado que vivimos es un también un asunto de seguridad nacional.

Si el presidente actúa en congruencia con esta imperiosa necesidad, deberá enriquecer el contenido de su propuesta con los puntos de vista de todos aquellos que de una u otra manera se han visto afectados por la política antinacionalista de los gobiernos de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), que iniciaron como parte de la entrega de las industrias eléctrica y petrolera, el desmantelamiento de las mismas.

La información recabada por la NCT y sus organizaciones afines está disponible para quiénes desde el gobierno de la 4T deseen consultarla, porque son una expresión clara y sin fines partidistas de la sociedad misma. Y demuestra contra lo que se piensa, que la ciudadanía y la clase trabajadora están conscientes de las erradas políticas en materia energética de los gobiernos neoliberales que, en el caso de la CFE, elevaron las tarifas a millones de consumidores para cumplir sus compromisos de compra de energía a productores privados, los mismos que ahora exigen más participación en las subastas de energía.

El legalizado sistema de despojo a la CFE establecido en la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, en alianza con el PAN, contemplaba que primero debía subir a las redes de distribución la energía de las empresas privadas, sobre todo trasnacionales como Iberdrola. Como hemos denunciado tras el cierre de Luz y Fuerza en octubre del 2009, los gobiernos panistas de Fox y Calderón se comprometieron con los productores independientes a comprarles su energía en contratos de hasta 25 años, lo que terminó hipotecando las finanzas públicas. Un billón de pesos es lo que los mexicanos terminaremos pagando por tales acuerdos.

Con el regreso del PRI a la Presidencia, tales acuerdos no sólo fueron respetados sino que terminaron afianzándose con la Reforma Energética. Y si bien es cierto que se ha hablado de la existencia de estos contratos leoninos, es necesario que si la intención es que “el pueblo se entere” de todo lo que hubo detrás de este robo a la nación, se habrá un debate nacional para que quienes conocen a detalle de estos abusos los saquen a la luz pública.

Pero también, debe abordarse la persistencia de injusticias cometidas contra miles de usuarios que algunos funcionarios mantienen vigentes, como es la negativa a un borrón y cuenta nueva que beneficiaría a las familias humildes a las que la CFE ha venido cobrando altísimos consumos que, como refirió el presidente, no pagan ni siquiera las corporaciones empresariales, comerciales y financieras.

El bombardeo de las empresas afectadas por la intención gubernamental de rescatar a la CFE y cancelarles sus abusivos contratos no cesa; hace unos días el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, dijo que el gobierno federal, al no permitir la participación de las empresas privadas en las subastas de energía, estaba poniendo en riesgo el suministro eléctrico por lo que era previsible esperar “apagones masivos”. Acusó además que la Comisión Federal no estaba invirtiendo en transmisión y generación.

Es impostergable que el pueblo conozca los verdaderos motivos que llevaron al narcopresidente Felipe Calderón a extinguir la empresa pública, Luz y Fuerza del Centro y a tratar de eliminar de paso al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que siempre se opuso a la política de desnacionalización que se echó a andar desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y culminó en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

No está de más recordar a la ciudadanía la promesa de que con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC) se mejoraría el servicio, bajarían las tarifas y el gobierno se ahorraría miles de millones de pesos del erario público. Ninguno de tales objetivos se cumplió y, por el contrario, a espaldas de la nación se firmaron los contratos que ahora son exhibidos y puestos sobre la mesa por el gobierno dela 4T.

Los mexicanos deben saber que el cierre de LFC y la política que condenó a la CFE subutilizar sus plantas de generación y abandonar el mantenimiento de sus hidroeléctricas obedeció al insano propósito de favorecer a empresas extranjeras como Iberdrola que en pago a su traición a la patria, compensó con altos cargos y jugosos salarios a Felipe Calderón y a su secretaria de Energía, Georgina Kessel.

En contraparte, los jueces y ministros de la Suprema Corte –los mismos que hoy corren presurosos a amparar a estas trasnacionales– hicieron cuanta tropelía estuvo a su alcance para negar el amparo de la justicia federal a los electricistas del SME, impidiendo que el gobierno de Calderón se asumiera como patrón sustituto en la figura de la CFE, porque no deseaban que un sindicato independiente, combativo y nacionalista les arruinara sus planes.

A principios de año, muchas organizaciones y expertos en materia energética se quedaron esperando que los legisladores concretaran la realización del parlamento abierto donde debieron escucharse a todos los sectores que manifestaron su interés por participar. Ahora que la composición de la Cámara de Diputados es distinta y el jefe del Ejecutivo insta a debatir sobre el tema, será importante exponer situaciones que deben ventilarse de cara a la nación si realmente se desea renacionalizar el sector eléctrico y, de paso, el sector petrolero.

En reiteradas ocasiones hemos comentado que el pueblo de México siempre ha estado del lado y apoyando las grandes decisiones de presidentes nacionalistas como Lázaro Cárdenas, cuando expropió el petróleo; y de Adolfo López Mateos en la nacionalización de la industria eléctrica. Todo radica en que, en efecto, se entere, bien a bien, de los abusos cometidos por los gobiernos neoliberales para que se sume a un gran movimiento nacional que recobre lo que debe ser propiedad de la nación y fundamento de nuestra soberanía nacional.

La consulta pública de la NCT sobre el particular es por demás elocuente. Hay que debatir de cara al país, porque hay muchos puntos oscuros en este proceso de saqueo a nuestros recursos energéticos que deben ser aclarados y han impedido que desde el Congreso se aprueba una iniciativa ciudadana que desde hace años propone que el derecho a la electricidad sea un derecho humano elevado a rango constitucional.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)