La posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa “no nos extraña”, señaló el gobierno federal al fijar su posición sobre la libertad condicional que se dictó el sábado a ocho militares que habían sido vinculados a proceso por la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales. “Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, agregó la Secretaría de Gobernación en un comunicado.
Al respecto, el gobierno de México suscribió la postura de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la decisión de la jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del Tribunal Colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes ordenaron que los ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa lleven su proceso en libertad.
“Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás ‘N’ [Zerón de Lucio], actualmente prófugo en Israel.”
El gobierno federal acusó que el Poder Judicial también intentó dejar en libertad al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, autor de la mal llamada verdad histórica. Ello, porque se cambió sus medidas cautelares, “lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía y otras dependencias del Gobierno de México”.
Ahora, agregó el comunicado de la Segob, “sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas”.
Por ello, calificó como inconmensurable el daño causado. “Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia. Para el gobierno de México el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado. Vamos a pedir a la fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos”.
Agregó que se solicitará a la FGR que, de ser procedente, solicite ante otros juzgadores nuevas órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables y que se agoten todas las líneas de investigación. “El gobierno de México refrenda su compromiso con la legalidad y, lo más importante, con el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos. La búsqueda continuará hasta encontrarlos”.
