La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que las declaraciones de dirigentes y legisladores de oposición que recurren a gobiernos extranjeros deban ser investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR). Durante su conferencia matutina del 20 de octubre, sostuvo que esas expresiones deben discutirse en el terreno político y no trasladarse al ámbito judicial, salvo que existan elementos que acrediten la posible comisión de un delito. “Así como digo que la justicia no debe politizarse, tampoco la política debe judicializarse”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo federal se refirió a los posicionamientos del dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, y de la senadora panista Lilly Téllez, quienes han recurrido a autoridades estadunidenses para plantear asuntos relacionados con México. Consideró que sus acciones deben someterse al escrutinio ciudadano, en lugar de convertirse automáticamente en materia de una investigación penal.

“Una cosa es la decisión que toman ellos; ya si se demostrara alguna otra cosa… Pero es suficiente el juicio del pueblo de una persona dedicada a la política que llama a un gobierno extranjero a intervenir en México”, expresó. Añadió que corresponde a la ciudadanía evaluar las conductas y declaraciones de sus representantes.

La mandataria contrastó estos casos con la investigación contra el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, detenido el 17 de octubre y señalado por la FGR por su probable responsabilidad en hechos constitutivos del delito de traición a la patria, relacionados con la presunta participación no autorizada de agentes estadunidenses en un operativo realizado en abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

De acuerdo con la Fiscalía federal, el exfuncionario habría permitido la intervención de personal extranjero en acciones reservadas a las autoridades mexicanas. Sheinbaum explicó que, a diferencia de una declaración partidista, el caso involucra a una autoridad de procuración de justicia que presuntamente incumplió disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, por lo que corresponde a las instancias competentes determinar las responsabilidades. La culpabilidad del exfiscal deberá establecerse mediante el procedimiento judicial correspondiente.

Por ello, insistió en que las posturas de los opositores deben discutirse públicamente, sin convertir las diferencias partidistas en procedimientos penales. En ese sentido, planteó que la evaluación ciudadana constituye una forma de juicio político y social sobre quienes buscan influir en las decisiones nacionales mediante gestiones ante otros gobiernos.

La primera mandataria cuestionó que actores políticos recurran a autoridades extranjeras para intervenir en asuntos que competen a las instituciones mexicanas. “Yo no creo que ningún mexicano esté de acuerdo –bueno, sí, ellos– con que las decisiones del pueblo de México se tomen en el extranjero”, señaló.

Asimismo, consideró que quienes aspiran a gobernar deben obtener el respaldo de los electores mediante sus propuestas, en lugar de buscar mecanismos de presión fuera del país. Afirmó que la responsabilidad de un dirigente consiste en convencer al pueblo de su proyecto de nación y de Estado, así como competir políticamente dentro del territorio nacional.

Sheinbaum sostuvo que la ciudadanía debe conocer estas actuaciones para valorar sus implicaciones sobre la soberanía del país. En su apreciación, el 80 por ciento de los mexicanos está en contra de esas actitudes, aunque durante su intervención no presentó resultados de una encuesta que sustentaran ese porcentaje.

Finalmente, reiteró que, si bien considera necesario señalar y debatir públicamente los llamados a la intervención extranjera, judicializar las diferencias partidistas resultaría perjudicial para la vida democrática. Por ello, defendió que las controversias de esta naturaleza se resuelvan mediante la discusión pública y la valoración de los ciudadanos, sin recurrir a la FGR cuando no existan elementos que justifiquen una investigación penal.