El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo –en contra de quien se giró una orden de aprehensión por peculado y delincuencia organizada este 1 de marzo– tiene varias cuentas pendientes con la justicia. Entre ellas, desviar recursos públicos para financiar la guerra sucia mediática del portal LatinUs; así como presuntas irregularidades multimillonarias en la construcción de cuarteles.
Como Contralínea lo documentó, cuando Aureoles Conejo era gobernador, su administración destinó más de 4 mil 500 millones de pesos a contratos con nueve empresas que financian LatinUs. Documentos administrativos y una investigación de la Auditoría Superior de la Federación revelan que el gobierno de Michoacán utilizó dinero del Insabi para contratar a esas compañías.
Las investigaciones ministeriales en su contra también se han centrado en revisar otras obras públicas irregulares, y datan de antes del pasado proceso electoral presidencial, en el que el exgobernador michoacano fue arropado por el Frente Amplio por México –que encabezaba la panista Xóchitl Gálvez–, al ser nombrado coordinador del programa de desarrollo para el campo.
No obstante, para entonces el experredista ya era investigado por la Fiscalía General de la República por el desvío de recursos públicos en la construcción de cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública. Además, ya había sido sancionado por la Contraloría de Michoacán.
Acerca del caso de las anomalías en la construcción de los cuarteles, el 18 de febrero de 2022, la FGR inició una carpeta de investigación derivada de la denuncia que presentó la secretaria de la Contraloría de Michoacán, Azucena Marín Correa.
Dicha denuncia apuntaba a Silvano Aureoles por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Además, señalaba la probable responsabilidad de: Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán; J Antonio Bernal Bustamante, también exsecretario de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda; Miguel Ángel Morales Kerlegand; Ricardo Martínez del Campo; Joaquín Martínez del Campo; y la empresa DYF, SA de CV.
Los hechos habrían ocurrido entre 2016 y 2019, cuando desde la Secretaría de Seguridad Pública, Antonio Bernal Bustamante y la delegada administrativa Elizabeth Villegas Pineda contrataron a la empresa inmobiliaria DYF, representada por Miguel Ángel Morales Kerlegand, para el arrendamiento y desarrollo de siete cuarteles. El costo fue de 2 mil 97 millones 728 mil 816.83 pesos en total, más 9 millones 280 mil pesos por concepto de proyectos ejecutivos por cada cuartel (otros 64 millones 960 mil pesos).
Algunas irregularidades fueron que DYF adquirió los inmuebles donde se desarrolló el proyecto de los cuarteles hasta 2020. Es decir, fecha posterior a la firma y primer pago de los contratos. Ello, mediante acuerdos del exgobernador Silvano Aureoles, quien autorizó el pago por 1 mil 731 millones 75 mil 890 pesos, precio muy superior a la valuación hecha por el Indaabin, el cual fue de alrededor del 50 por ciento. La diferencia de precios fue por 830 millones 998 mil 890 pesos. La adquisición se hizo a petición del entonces secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes.
Además, el total erogado por el gobierno de Michoacán a favor de DYF excedió los 4 mil millones de pesos por los conceptos de arrendamiento y desarrollo por 2 mil 97.7 millones; proyectos ejecutivos pagados por 64.9 millones; mantenimiento y limpieza por 287.6 millones; compra de inmuebles por 1 mil 731 millones.
Reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera indican que hay una posible dispersión de recursos que generaron alertas durante el periodo de 2020-2022. También se realizó la adjudicación directa en favor de la inmobiliaria DYF, en virtud de que tiene una patente en construcción rápida y a menor costo, así como amplia experiencia en trabajos con diversos gobiernos, según un currículum falso presentada por la empresa, en virtud de que fue creada en 2015; por lo tanto, no cubría lo requerido para adjudicaciones directas de las que fue objeto.
Ahora, Silvano Aureoles podrían enfrentar su proceso en prisión, por estos actos de presunta corrupción multimillonaria.
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