La memoria de un sistema de represión que se remonta a 1947, cuando se formó la Dirección Federal de Seguridad (DFS) –un organismo policial dependiente de la Secretaría de Gobernación– y se cometieron diversas atrocidades en el marco de la Guerra Sucia (1965-1990) ha quedado documentada en el libro Carpizo y la CNDH: La otra cara de la guerra sucia.

Éste se presentó el 19 de noviembre en la antigua sede del Senado de la República, 24 años después de que el investigador y doctor en desarrollo social David Cilia Olmos –militante de izquierda, escritor y exintegrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre– presentara una denuncia en la que señalaba al entonces titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jorge Carpizo McGregor, de encubrir graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

La obra del doctor Cilia Olmos recuerda que la DFS se dedicó a espiar, amedrentar, detener, torturar y desaparecer a los opositores políticos al régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante el periodo conocido como Guerra Sucia, más de 5 mil oponentes políticos fueron detenidos, desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente por la DFS, el Ejército y otras estructuras del Estado.

En 1990, presionado por organismos y gobiernos extranjeros, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari creó la CNDH. Su objetivo público era atender denuncias por las desapariciones forzadas y otras violaciones cometidas contra movimientos sociales y opositores revolucionarios. Bajo la dirección de Carpizo McGregor, la CNDH creó el Programa de Presuntos Desaparecidos (PREDES), un mecanismo que prometía investigar los casos y llevar a los responsables ante la justicia.

Sin embargo, la promesa no se cumplió y se disolvió rápidamente. En lugar de investigar a militares, policías y jefes de la DFS involucrados en desapariciones, el PREDES emprendió una “búsqueda” limitada: enviaba oficios a cárceles, hospitales, manicomios y oficinas gubernamentales en los que solicitaba información sobre activistas que habían sido desaparecidos por el propio Estado. El programa nunca investigó a perpetradores, no abrió expedientes sólidos y no promovió acciones penales.

Lo más grave, dijo el autor, es que la CNDH incorporó a agentes de la propia DFS –torturadores y responsables directos de desapariciones– para “buscar” a las personas que ellos mismos habían desaparecido. Uno de esos casos fue el del comandante conocido como El Pato, Carlos Fabían Reyes Domínguez, quien encabezó el equipo de investigación PREDES y lo convirtió en una nueva versión de la policía política. “Buscaban información de los activas que faltaron por desaparecer”, advirtió el autor.

Cuando el doctor en desarrollo social presentó su denuncia, Carpizo ­–primer titular de la CNDH, exprocurador y exsecretario de Gobernación– intentó encarcelarlo; por ello, y como una acción de autodefensa escribió su libro para documentar el “meollo del asunto en el que se muestra que él fue un cómplice de la Guerra Sucia”. En su libro, se muestra cómo la institución creada para investigar desapariciones funcionó como un mecanismo de encubrimiento y protección para perpetradores de delitos de Estado.

El ejemplar fue presentado por María del Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta de la CNDH; el exgobernador interino de Guerrero, Salvador Rogelio Ortega; la magistrada Ana María Ibarra Olguín; Sergio Iván Ávalos Rubio, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos; y Eduardo Salazar Méndez, en representación de Froylán Enciso, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Durante su intervención, la maestra Piedra Ibarra recordó que la Guerra Sucia no fue una política aislada sino, terrorismo de Estado; una estrategia sistemática para reprimir, desaparecer y exterminar a la disidencia de izquierda. Relató que su madre, María del Rosario Ibarra de la Garza, fundadora del Comité ¡EUREKA!, acudió desde 1990 a la recién creada CNDH para entregar expedientes sobre su hijo, Jesús Piedra Ibarra, quien llevaba 15 años “desaparecido, secuestrado por el Estado mexicano, a manos de la Brigada Blanca, a manos de Miguel Nazar Haro, en Monterrey, Nuevo León; entregado al general Luis de la Barreda y llevado al campo militar número uno”.

Detalló que toda esa información estuvo en manos de la CNDH y que, al igual que el expediente de su hermano, cientos de familias entregaron casos documentados de personas desaparecidas, con la esperanza de recibir apoyo para encontrarlas y obtener justicia. Pero esa respuesta nunca llegó. “Encontramos que lo que hacía la CNDH no solamente era no defender, era ocultar, servir también a torturadores, integrantes de la dirección de seguridad”, denunció la actual presidenta de la CNDH.

Por su parte, Cilia Olmos destacó que en el país se han registrado avances institucionales. Entre ellos mencionó la “la destrucción del nido de víboras que era el Poder Judicial” y “la ruptura del nido de oportunistas y prevaricadores que era la [antigua] Suprema Corte de Justicia”, instituciones que –dijo– hoy atraviesan un proceso de regeneración. También destacó la importancia de contar con un segundo mandato presidencial que no pertenece al antiguo proyecto neoliberal.

“Acabamos de pasar por esta segunda aproximación en este proceso de cambio. Primero quitamos a un presidente que tradicionalmente siempre ponía la oligarquía y ahora haiga sido como haiga sido –decía el tonto este de [Felipe] Calderón– [éste] es el primer gobierno que no impuso la oligarquía y eso para nosotros es muy importante”.

Sin embargo, enfatizó que aún existen 1 mil 209 desaparecidas por motivos políticos durante la Guerra Sucia, por lo que la lucha por la justicia continúa.  “Vivos se los llevaron y vivos los queremos, antes no pudimos porque estaba la dictadura del PRI, la dictadura del PAN, pero ahora tenemos la posibilidad verdadera y biológicamente realizable de encontrar a nuestros compañeros desaparecidos. […] Necesitamos justicia y este país jamás será [completamente] democrático mientras exista un solo desaparecido por motivos políticos”.

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