El fraude electoral de 2006 contra López Obrador –que encumbró en la Presidencia al panista Felipe Calderón– contó no sólo con la intervención de Vicente Fox, sino con la actuación facciosa del IFE y del Tribunal Electoral. Ambas instituciones fueron cómplices: una en el conteo y la otra, al negar el recuento total de los votos. Tan sólo en el 9 por ciento de las casillas se encontró que en el 70 por ciento hubo alteraciones sustanciales
En días recientes, Luis Carlos Ugalde exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral emitió un video en donde aseguró que las aseveraciones de que él había sido el ejecutor del fraude electoral de 2006 eran “acusaciones sin sustento”. Sin mencionar el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: “han pasado 20 años desde aquella elección y se siguen repitiendo y repitiendo acusaciones sobre hechos que ya fueron examinados por el Tribunal Electoral, una autoridad independiente del IFE y del gobierno que resolvió las impugnaciones, valoró las pruebas presentadas y declaró válida aquella elección”. Además, agregó: “atribuirme personalmente la ejecución de un fraude exige algo más, demostrar cómo habría ocurrido y presentar pruebas concretas” (https://lix.li/MxeJmM).
Ante esas declaraciones es importante señalar que Ugalde utiliza dos argumentos tramposos para pretender exculparse de toda responsabilidad del bochornoso fraude electoral de 2006. El primero consiste en pretender atribuirle un aura de pureza y objetividad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como si, por el sólo hecho de ser una institución distinta al extinto IFE ya fuera suficiente para declarar su imparcialidad. El problema es que, quienes sostenemos que hubo un fraude en la elección presidencial de 2006, lo hacemos no sólo señalando la actuación facciosa del IFE, sino también del Tribunal Electoral. Ambos participaron como dos instituciones cómplices, una en el conteo y la otra en el intento de legitimación con ínfulas de “pureza institucional”.
El Tribunal Electoral también fue cómplice de aquel fraude al negar por todas las vías el recuento mínimo e indispensable de la totalidad de los votos. Al contrario, frente a las exigencias ciudadanas y de especialistas, el tribunal sólo admitió revisar el 9 por ciento de las casillas. En ese universo se encontró que 7 mil 442 casillas (equivalentes al 70 por ciento del total abierto) presentaban alteraciones sustanciales, pues en 3 mil 74 casillas se encontraron 45 mil 890 votos de más, mientras que, en 4 mil 368 casillas se detectaron 80 mil 392 boletas de menos (Fuente: La cocina del diablo, Díaz-Polanco, H; 2012, pp. 146-150). Ese resultado fue de lo más ilustrativo, pues expresaba que, en ese 9 por ciento de las casillas básicamente se demostraba una alteración tajante de los resultados, lo que desde luego habla de la manipulación de las boletas.
Al comprobar que esas casillas habían sido viciadas, lo necesario era pasar a un recuento total de los votos en el conjunto del universo electoral. Sin embargo, a pesar de la flagrancia, el Tribunal Electoral decidió hacer la vista gorda y calificar como positiva la elección, argumentando que “si bien se advirtió, en algunos consejos distritales muy concretos, que los sellos de las bodegas en que se encontraban los paquetes electorales habían sido removidos, y que algunos de éstos se encontraban abiertos, ello no puede traducirse en un manejo indebido de la documentación ahí depositada”, y, más adelante el mismo tribunal agregó que “las modificaciones acusaron la existencia de errores en el cómputo de la votación que afectaron a todos los partidos políticos y coaliciones contendientes en la elección, o bien, errores en el asentamiento de datos, sin trascendencia al cómputo de la votación y no así inconsistencias que evidenciaran siquiera indiciariamente otro tipo de irregularidades, o que el error hubiera sido en perjuicio de uno solo de los contrincantes” (https://lix.li/TdHBn páginas 463-465).
En suma, el argumento del tribunal fue que, como los supuestos “errores” perjudicaban a todos los candidatos, entonces no había habido alteración y todos los candidatos se debían aguantar. Lo que el Tribunal Electoral no aclaró es que, en el 9 por ciento de las casillas, la Coalición Por el Bien de Todos (CPBT) redujo en 13.7 por ciento de sus votos mientras el PAN perdía el 27.5 por ciento. Eso indicó que, en el recuento, Felipe Calderón y el PAN perdieron el doble de votos que los de López Obrador. Si eso se verificaba en el conjunto de la votación, hubiera sido suficiente para modificar por completo los resultados. Además, aunque hubiera afectado a todos los candidatos, eso solo daba la razón al argumento de que las elecciones habían sido alteradas y la única forma de dar certeza y credibilidad era el recuento.
Básicamente el argumento del Tribunal Electoral podría haber sido que como en el 9 por ciento encontraron que hubo un cochinero, pero como este afectó a todos los candidatos, entonces había que dejar el resultado tal y como estaba, lo cual fue a todas luces una completa aberración porque admitía las irregularidades, pero a su vez dejaba las cosas como estaban. Para cualquier institución electoral eso hubiera sido más que suficiente para volver a abrir todos los paquetes electorales, pero el Tribunal Electoral eliminó esa posibilidad y le lavó la cara a Felipe Calderón. Eso demuestra una parcialidad rotunda y una nula credibilidad a su dictaminación, por lo que, cuando Ugalde se escuda en el tribunal, básicamente se está ocultando en los argumentos de sus propios cómplices, igualmente responsables de la terrible opacidad de aquella elección.
Por otro lado, el mismo Ugalde cae en un gran cinismo al plantear que “la ejecución de un fraude exige algo más, demostrar cómo habría ocurrido y presentar pruebas concretas”. Eso es un exceso por dos razones: la primera es que él sabe perfectamente que ninguna institución concedió el recuento de votos por lo que, posteriormente las boletas fueron destruidas. Dice lo que dice a sabiendas de que los mismos órganos que operaron el fraude destruyeron las pruebas para que nadie les pudiera seguir la huella. La segunda razón es que, fuera de ese material ha habido innumerables datos que demuestran la alteración y la inexistente veracidad de los resultados.
La primera prueba fehaciente es el propio reconocimiento y dictaminación del Tribuna Electoral que continúa siendo público, pero también hubo múltiples estudios minuciosos, entre los que destaca el libro de Héctor Díaz-Polanco, La cocina del diablo, en donde se describe a detalle el desaseo. Además, también existieron diversas investigaciones como la del doctor Luis Mochán Backal –del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM–, quien, apenas unos meses después de la elección realizó un análisis profundo de 117 mil 287 registros de las actas contabilizadas por el IFE en un artículo titulado “Incertidumbre y errores en las elecciones de 2006”.
Ahí encontró que en 17 mil 889 (19 por ciento) registros, los votos superaron a las boletas en 57 mil 415, mientras que, en 9, 357 registros el número de votos fue menor por 230 mil 927 respecto al número de boletas. Además, entre otros datos se encontró que en 109 mil 134 registros había 788 mil 77 boletas de más y en 19 mil 497 no existía el registro de la cantidad de electores, por lo que no se podía comprobar si coincidían con los votos contabilizados. En conjunto, todos estos datos llevaron al doctor Mochán a plantear: “ante una medición que resultó no tener la suficiente resolución, no veo otra alternativa más que realizar otra medición, esta vez más fina. Es indispensable realizar un recuento total para poder resolver la elección” (https://lix.li/dVmp1) .
Ya sabemos que ese recuento nunca sucedió, y, precisamente por eso, los resultados quedaron completamente manchados sin que hubiera una intención de reabrir todos los paquetes electorales. ¿Por qué otra cosa el Tribunal Electoral y el IFE se negarían tan reiteradamente al recuento total? ¿Qué es lo que ocultaron de manera activa?
Finalmente, otro argumento para negar el fraude ha sido que dudar de Ugalde es dudar de las personas que participaron en las casillas. El mismo expresidente del IFE dijo en su última declaración que la elección fue respaldada por un servicio electoral de “más de medio millón de personas, por cierto, seleccionadas mediante sorteos, recibieron y contaron los votos en las casillas”, eso no es más que pretender esconderse detrás de otros, pues, la crítica esencial está en su papel como responsable principal del órgano. Frente a eso, el Ugalde omite en todo momento explicar cuál fue su propio vínculo con Elba Esther Gordillo, quien fue una de las principales operadoras del fraude, como se evidenció en su activismo para trasladar votos del PRI hacia el PAN, tal y como se supo en una llamada telefónica al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández (https://lix.li/2uJwDe).
Es momento de que esos personajes dejen de insultar la memoria histórica de las y los ciudadanos, por eso, es necesario rescatar aquellos debates, datos, documentos y pruebas para no dejar que el olvido se apodere de nosotros. Recordar el fraude de 2006 y los mecanismos por los cuales se llevó a cabo es crucial para comprender uno de los mayores puntos de inflexión de la historia nacional.
Pablo Carlos Rojas Gómez*
*Doctor en ciencias políticas y estudios latinoamericanos
