Era 28 de agosto de 2015. Por instrucciones presidenciales, José Antonio Meade asumía el control de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Ese día al llegar a lo que sería su nueva oficina durante el siguiente año, se sorprendió al encontrar un amplio cuarto vacío, sin escritorio, sillas, sillones, ni una mesa donde empezar a trabajar. Un empleado de esa dependencia dijo que por instrucciones de Rosario Robles habían vaciado la oficina y que la señora se había llevado todos los muebles.

En ese momento, el secretario Meade dio instrucciones a miembros de su equipo: quiero auditorías a todos los programas sociales y una revisión minuciosa a todos los contratos que haya hecho Robles y su grupo durante los 3 años que estuvo al frente de Sedesol.

Un miembro del equipo de Meade recuerda que al revisar archivos y expedientes empezaron a salir anomalías en el manejo del presupuesto en casi todas las áreas: “Toda la información que salía se le entregaba al secretario, aunque después supimos que por instrucciones de Los Pinos todo debía ocultarse”.

En el gobierno, la impunidad de Rosario era conocida por todos, pues el mismo Enrique Peña Nieto la protegía y la defendía, adentro y fuera del gabinete, de aquellos que la señalaban por actos de corrupción. Todavía recordamos aquel “no te preocupes Rosario”, que lanzó el entonces presidente como una advertencia de que a la secretaria la cubría el manto presidencial.

La misma exsecretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, enfrentó muchas presiones de secretarios de Estado y de la misma Presidencia para que cerrara las investigaciones que involucraban a Rosario. Desde que asumió el cargo, aquel 27 de octubre de 2016, la contralora empezó a recibir llamadas de miembros del gabinete de Peña Nieto, entre otros por supuesto de la misma Rosario Robles, para que archivara los expedientes abiertos en su contra.

Otro funcionario que presionó a Arely Gómez fue el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien en varias ocasiones le pidió a la contralora que cerrara el caso “porque era una mujer honesta”.

Pero esa protección presidencial se ha acabado y aquellos que la defendían ya no están en el gobierno. Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no indagará en el pasado y que su nueva política es ver sólo hacia adelante y no detenerse en investigar a exfuncionarios, para el rígido fiscal independiente, el doctor Alejandro Gertz Manero, hay responsables en dos ominosos casos: Odebrecht y “estafa maestra”.

Por ello, algunos execretarios de Estado han entrado en crisis después de la conferencia de prensa que rindió hace unos días el fiscal general de la República. Y razones no les faltan para estar preocupados, pues este fiscal independiente anunció que en las investigaciones por corrupción de los casos Odebrecht y “estafa maestra” serán judicializados como delitos de Estado por delincuencia organizada: es decir, una maquinación delictiva planeada por funcionarios desde las más altas estructuras de gobierno para desviar recursos del erario, enriquecerse ilícitamente y lavar dinero en favor de servidores públicos del sexenio anterior, incluido Enrique Peña Nieto.

Aunque podría haber muchos involucrados en esta nueva tipificación de delitos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), uno de los exfuncionarios clave que debería ser citado para declarar es el excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribeña, quien al suceder a Robles en Sedesol se enteró de todas las corruptelas y tiene evidencias del desvío de los recursos públicos. El problema es que Meade también tiene responsabilidad por encubrir y solapar todo el cochinero encontrado en la principal Secretaría encargada de atender a las poblaciones más desprotegidas y pobres del país.

La mala relación de José Antonio Meade con Rosario Robles podría traducirse en la colaboración del primero con la FGR para entregar toda la información reunida y que fue ocultada en el sexenio pasado. Además, el riesgo de no hacerlo es incurrir nuevamente en encubrimiento y omisión, como lo hizo cuando estuvo al frente de la Secretaría.

En el nuevo expediente abierto sobre la “estafa maestra” son investigados Rosario Robles y su exoficial mayor Emilio Zebadúa González, quienes al frente de esa dependencia en los primeros 3 años del gobierno de Peña por lo menos permitieron la triangulación de contratos con universidades públicas para desviar recursos públicos a empresas privadas, muchas de ellas señaladas como fantamas.

Sin romper la palabra del presidente de la República de “perdonar” a los funcionarios corruptos del pasado, incluidos los últimos cinco expresidentes, el fiscal Gertz Manero tiene toda la autoridad y obligación de cumplir con la ley sin que pudiera recibir llamadas de Palacio Nacional para detener alguna investigción, pues su independencia en eso consiste y si se quiere marcar diferencia con gobiernos corruptos del pasado, éste es el momento y seguramente uno de los casos más emblemáticos del abuso de poder para desviar dinero del erario.

Puntos suspensivos. Lozada sí es responsable: Función Pública

El drama Lozada continúa. En una reunión en Palacio Nacional, ante varios miembros del gabinete, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se dirigió a la contralora Irma Eréndira Sandoval y le espetó: ¿Es responsable Lozada de corrupción?

El primer mandatario se refería al expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública en contra del director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), Miguel Ángel Lozada Aguilar, por su participación en la firma de contratos de Pemex con universidades públicas para la elaboración de proyectos y estudios, mismos que fueron trangulados ilícitamente a empresas privadas, algunas de ellas fantasmas, lo que estaba prohibido explícitamente en dichos acuerdos.

Nerviosa y titubiante, la contralora trató de contextualizar la situación:

—Señor presidente, déjeme explicarle que…

El jefe de la nación la interrumpió brúscamente —¿Dígame si es responsable o no?

—Es que, señor presidente…

—Dígame si es responsable o no…

—Bueno, señor presidente…

—¡Sí o no!

La tensión aumentaba en Palacio Nacional. Silencio y nerviosismo salía de los cuerpos presentes. López Obrador se desesperaba aún más, quería una respuesta clara y precisa después de 4 meses de investigación sobre Lozada Aguilar, de quien por cierto un oficio del Órgano Interno de Control, a finales del sexenio pasado, lo exoneraba de cualquier ilícito. La contralora no tuvo más remedio que responde con una monosílaba.

—Sí.

Con esa respuesta final, los funcionarios presentes descansaron los hombros. Miguel Ángel Lozada Aguilar se convertía así en el primer funcionario despedido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la subidiaria más importante para el proyecto petrolero del país. El director general de Pemex, Octavio Romero, tendrá que buscar al sustituto, aunque antes alguien tiene que avisarle a Lozada que ha quedado fuera de la cuarta transformación.

Miguel Badillo

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