Luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos autorizó al gobierno de Texas la aplicación de la ley antimigrantes SB4, el gobierno mexicano reprobó su entrada en vigor debido a que fomenta la separación de familias y criminaliza, discrimina y perfila racialmente a las personas que buscan refugio, lo cual, explicó, atenta contra los derechos humanos.
De acuerdo con un comunicado, la ley estatal de Texas otorgará facultades a la policía, así como a las fuerzas de seguridad, para que puedan arrestar, encarcelar y deportar a las personas sospechosas indocumentadas que se encuentren en territorio estadunidense.
A pesar de la petición del gobierno del presidente Joe Biden, la Suprema Corte votó a favor. En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del gobierno mexicano expresó su descontento.
“México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”.
Igualmente, cuestionó las disposiciones legales que afectarán los derechos humanos de más de 10 millones de personas de nacionalidad mexicana que residen en Texas. Esto podría generar la proliferación de ambientes hostiles entre la comunidad migrante.
Ante esta situación, el gobierno mexicano reiteró su intención de proteger a los mexicanos que radiquen en Estados Unidos. “México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”, expresó en un comunicado.
Particularmente, la titular de la SRE, Alicia Bárcena Ibarra, declaró en la plataforma digital “X” –antes Twitter– que “he sido clara: la protección y apoyo a nuestros connacionales es la prioridad. Rechazo esta medida que criminaliza y discrimina a personas”.
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