Por el fallecimiento de 17 connacionales durante operativos o bajo custodia del ICE, el gobierno de México presentó 20 denuncias ante autoridades de Estados Unidos. Con ello, se busca que se realicen investigaciones en cada caso para determinar si existieron responsabilidades y, de ser así, que se proceda conforme a la legislación estadunidense, de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez. Por su parte, esta semana la presidenta Sheinbaum enfatizó que el deber del gobierno es proteger a sus ciudadanos sin importar el territorio en el que se encuentren
El gobierno mexicano ha presentado 20 denuncias ante autoridades estadunidenses para esclarecer la muerte de 17 connacionales; ocho de ellas fueron presentadas ante fiscalías estatales y las otras 12, ante fiscalías de distrito, correspondientes a los estados donde ocurrieron los fallecimientos: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. Las querellas se centran en la actuación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), pues las víctimas se encontraban bajo su custodia.
En la conferencia presidencial del pasado 19 de agosto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, explicó que algunos fiscales han remitido el acuse de recibo de los expedientes, mientras que otros ya comunicaron que comenzarán a valorar posibles acciones en sus respectivas jurisdicciones.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la decisión de presentar directamente las denuncias desde la SRE respondió al número de fallecimientos registrados. “Estamos hablando ya de 17 compatriotas que han fallecido en Estados Unidos, en centros de detención o en operativos”.
Ante esta situación, dijo, el gobierno determinó intervenir directamente para exigir investigaciones en los casos ocurridos. “Son demasiados casos, y nuestra obligación es siempre defender a las y a los mexicanos que están en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo”.
Agregó que las indagatorias deben determinar si existió responsabilidad de integrantes del gobierno estadunidense, de ICE o de empresas privadas encargadas de operar centros de detención.
Entre los casos que ya recibieron respuesta se encuentra el presentado en Florida, donde el fiscal estatal informó a la representación mexicana que sus conclusiones coinciden con la investigación realizada por ICE, en la que se establece que la persona migrante “se quitó la vida”, por lo que las autoridades de ese estado determinaron que no realizarán una investigación adicional. En contraste, las fiscalías de Ventura, California; Cook, Illinois; y Harris, Texas, comunicaron que iniciarán la valoración de acciones.
El titular de la dependencia también destacó que México destinó 24 mil 788 dólares en apoyos, principalmente para la repatriación de los restos de las personas fallecidas, con el propósito de respaldar a sus familias durante los procedimientos derivados de cada caso.
Además, la estrategia del gobierno mexicano incluye una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que fue presentada por la Fiscalía General de la República y transmitida por la Embajada de México.
A ello se suman gestiones ante el Departamento de Seguridad Nacional y ICE, realizadas por representantes diplomáticos mexicanos, así como conversaciones directas entre Velasco y el embajador estadunidense en México, Ronald Johnson, sobre las condiciones de los connacionales bajo custodia.
El secretario de Relaciones Exteriores señaló que México también llevó la situación ante organismos internacionales con una carta enviada al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien respondió que tiene conocimiento y preocupación por los hechos.
Además, informó que transmitió la información al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su consideración independiente, y que continuará monitoreando las condiciones de los centros de detención y los derechos humanos de las personas migrantes.
El alto comisionado también llamó a las autoridades estadunidenses a realizar investigaciones prontas y garantizar el respeto por los derechos humanos de las víctimas, así como el acceso a la justicia. Velasco consideró que esta postura coincide con la exigencia planteada por México para que los casos sean esclarecidos y se determinen responsabilidades.
En materia de defensa jurídica, la SRE reportó avances en tres casos relacionados con el Centro de Adelanto, California, que cuentan con apoyo del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE). En uno se revisan evidencias para determinar posibles responsabilidades de una empresa encargada de prestar servicios médicos en el centro de detención y se analiza nueva documentación que podría acreditar un eventual incumplimiento.
En un segundo caso, el litigio continúa después de que la parte demandante obtuvo resoluciones favorables. El juicio está previsto para el verano de 2027 y próximamente comenzará la etapa de intercambio de evidencia. En el tercer expediente se prepara la estrategia para una eventual demanda civil que podría contribuir a determinar la actuación de las autoridades migratorias.
Velasco Álvarez aclaró que estos procedimientos legales son promovidos por las propias personas afectadas o por sus familiares, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores proporciona representación mediante el PALE y cubre los gastos correspondientes. “No es que la Secretaría sea el actor, sino las personas, las familias”.
Asimismo, reiteró que el objetivo jurídico de las denuncias es que exista una investigación y, a partir de ella, un deslinde de responsabilidades. “Lo que buscamos es que haya justicia, y para que haya justicia tiene que haber una investigación, y derivado de esa investigación tiene que haber una determinación de responsabilidades”.
Cuestionado sobre la posibilidad de que las investigaciones deriven en responsabilidades penales, Velasco respondió que sí las habría, en caso de que las autoridades estadunidenses determinen que existieron conductas que constituyan delitos “si hubo responsabilidades penales, pues que haya justicia”.
México defiende labor de sus consulados
Ante los cuestionamientos sobre una revisión anunciada por el Departamento de Estado estadunidense al desempeño de los 53 consulados mexicanos en ese país, Velasco aseguró que la labor consular se desarrolla dentro del marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y de los demás tratados internacionales de los que México forma parte.
El funcionario federal afirmó que los consulados mexicanos también respetan las leyes estadunidenses y las propias normas mexicanas. “Somos respetuosos de sus leyes, somos respetuosos de los tratados de Estados Unidos”, sostuvo, y agregó que hasta el momento no existe una comunicación oficial de la Casa Blanca que señale algún incumplimiento por parte de la red consular mexicana.
Señaló que el gobierno mexicano mantiene abierto el diálogo con las autoridades estadunidenses, y que la Cancillería continuará vigilando que sus representantes consulares actúen conforme al marco jurídico internacional. “Somos, insisto, muy respetuosos del marco legal; somos respetuosos, por supuesto, del Departamento de Estado”, afirmó.
Velasco subrayó que el gobierno federal ha ejercido 62 por ciento de los 115 millones de pesos recaudados mediante el Sorteo México con M de Migrante, recursos destinados a fortalecer la atención de mexicanos en el exterior. El objetivo, explicó, es utilizar el presupuesto durante todo el año y llegar a una aplicación de 100 por ciento al cierre de 2026.
Con estos recursos se han realizado 7 mil 741 acciones y atendido 16 mil casos de protección, además de fortalecer las visitas consulares, realizar jornadas extraordinarias, ampliar las acciones de difusión y reforzar las capacidades de los consulados con mayor demanda.
Finalmente, Velasco reiteró que la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior constituye una prioridad para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y subrayó que las acciones emprendidas no buscan generar un conflicto con Estados Unidos, sino utilizar los recursos diplomáticos, los tratados internacionales y las propias leyes estadunidenses para esclarecer los fallecimientos y proteger a los connacionales.
“Es un tema que nos corresponde como gobierno”, afirmó, al destacar que México continuará dando seguimiento a las investigaciones, mantendrá el diálogo con las autoridades estadunidenses y recurrirá a los mecanismos internacionales de derechos humanos cuando sea necesario.
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