Los peritajes médico-psicológicos se han convertido en un mecanismo que bloquea la investigación y sanción de actos de tortura, señala el último Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité contra la Tortura de la ONU.
Hace 15 años, la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía) declaró obligatorio aplicar el Protocolo de Estambul en los casos de presunta tortura. Sin embargo, según denuncian las organizaciones civiles, es personal médico y psicológico de la misma PGR –o incluso de las instituciones acusadas de cometer los actos crueles, inhumanos o degradantes– quienes se encargan de realizar dictámenes “viciados”.
Los organismos que participaron en la realización del informe coinciden en que este tipo de peritajes se “alejan de los principios establecidos en el Protocolo de Estambul no sólo por ser tardíos sino porque el personal carece de la independencia necesaria para realizarlos”.
Agregan que, “al mismo tiempo, la pequeña minoría de víctimas que tiene acceso a la realización de peritajes por expertos y expertas independientes suele enfrentarse a la práctica judicial de poner en duda la credibilidad de las y los peritos independientes”.
En el informe se explica que estos estudios son considerados en la práctica la única o la más importante prueba de tortura, por lo que un resultado “negativo” genera que ésta no se investigue penalmente.
El documento incluye las conclusiones de una reciente revisión realizada por la Red Nacional de Peritos Independientes de 58 dictámenes realizados por la PGR. Se detallan 12 “deficiencias” de carácter culposo y 16 observaciones sobre “información falsa y ocultamiento de datos” con rasgos intencionales.
Dentro de las deficiencias, se encontró que las víctimas no eran informadas adecuadamente del proceso, no hubo tiempo suficiente para la entrevista ni había confidencialidad necesaria: la interrogación se hizo en presencia de personas ajenas, quienes pudieran tener una función intimidatoria.
De las observaciones sobre acciones posiblemente intencionales destaca que el personal de peritaje considera como errores las contradicciones, ignorando los impactos de la memoria traumática. Además, no se proporciona a la víctima una lista de los métodos de tortura física o psicológica tal como lo establece el Protocolo de Estambul.
El estudio es parte de un esfuerzo colectivo de por lo menos 100 organizaciones y redes de la sociedad civil mexicana e internacional que se ha elaborado para el periodo de sesiones número 66 del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, que tendrá lugar a partir del 23 de abril en Ginebra, Suiza, y durante el cual se realizará el séptimo examen periódico de México.
Marcial Yangali
