El gobierno de México reiteró ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su rechazo a la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Asimismo, defendió las acciones emprendidas por el Estado mexicano para la búsqueda de personas, la identificación humana y la atención a las familias de las víctimas.

Durante la presentación del informe anual del Comité, realizada el 20 de octubre ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, fijó la posición del gobierno federal frente al procedimiento previsto en dicha disposición, incluido en el documento presentado por Juan Pablo Albán, presidente del organismo internacional.

“México rechaza la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención”, expresó el funcionario ante las delegaciones de los Estados miembros de Naciones Unidas.

El artículo establece que, cuando existan indicios fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática en el territorio de un Estado parte, el Comité podrá llevar el asunto, con carácter urgente, ante la Asamblea General, después de solicitar a ese país la información pertinente.

En su decisión sobre México, adoptada en marzo de 2026, el organismo consideró que existen elementos suficientes para activar ese mecanismo, aunque precisó que no identificó indicios fundados de una política federal orientada a cometer tales delitos. El procedimiento tiene carácter preventivo y busca propiciar medidas de cooperación internacional, sin constituir una determinación de responsabilidades penales individuales.

En ese contexto, Medina Padilla destacó la colaboración de México con organismos multilaterales, especialistas y gobiernos extranjeros para fortalecer las políticas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Entre las medidas mencionadas se encuentra la conformación de un grupo de especialistas mexicanos y expertos internacionales, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encargado de realizar una revisión científica de las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

El subsecretario también resaltó la cooperación con Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala en materia de identificación humana, así como el trabajo conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), orientado a fortalecer las capacidades institucionales de investigación y localización de víctimas.

Durante su intervención, el funcionario aseguró que la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha permitido localizar a más de 16 mil personas durante 2026. Sostuvo que la colaboración con agencias internacionales y otros países, sustentada en un diálogo transparente y de confianza, ha generado resultados concretos en beneficio de las familias.

La cifra fue presentada previamente por la Segob, que el 14 de octubre informó sobre los avances de los mecanismos de localización, entre ellos los cruces de registros administrativos, las acciones coordinadas con las entidades federativas y las operaciones de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.

El gobierno mexicano también destacó las reformas legales de 2025, que establecen la obligación de iniciar una carpeta de investigación ante cada reporte de desaparición, sin esperar un plazo determinado para comenzar las labores correspondientes. A ello se suman el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y las medidas para mejorar los procesos de identificación forense.

De acuerdo con la información difundida por la administración federal, durante la reunión se destacó la importancia de que los órganos internacionales de derechos humanos mantengan una cooperación rigurosa y transparente con los Estados, mediante mecanismos de diálogo que permitan atender los desafíos pendientes.

“Nuestro compromiso es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las familias”, afirmó Medina Padilla ante las delegaciones de los países miembros de la ONU.

La representación mexicana también estuvo integrada por Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); César Villanueva Esquivel, director general de Derechos Humanos y Democracia de la misma dependencia, y Jennifer Feller Enríquez, representante permanente alterna de México ante Naciones Unidas.

Asimismo, participaron Luis Gilberto Trejo Vargas, director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Segob; Mariana Díaz Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), y el general brigadier del Estado Mayor Uriel Carreto Montoya, de la Secretaría de la Defensa Nacional.