El gobierno mexicano recuperó 5.8 de los 578.5 millones de dólares restantes como parte de la sentencia emitida por un tribunal de Miami, Florida, en Estados Unidos contra la familia Weinberg y empresas relacionadas al caso de corrupción de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón. El recurso será destinado a construir y mejorar escuelas de la Montaña Baja de Guerrero, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Como parte de la ejecución de la sentencia, que ocurrió el 25 de agosto de este año, el Estado mexicano recibió 5 millones 805 mil 693 dólares con 50 centavos, provenientes de la recuperación de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, vinculadas con la familia Weinberg, informó Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los recursos fueron recibidos por la Tesorería de la Federación mediante las gestiones realizadas por la UIF. Sin embargo, el funcionario señaló que todavía está pendiente la liquidación de otros activos que podrían ser recuperados a favor del Estado mexicano.
En conjunto, el esquema identificado por la autoridad financiera comprende aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos presuntamente desviados.
Al participar en la conferencia presidencial el titular de la UIF explicó que entre 2008 y 2018 se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita –lavado de dinero– a partir de contratos celebrados entre el entonces órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares.
El esquema, dijo, habría involucrado la presunta simulación de servicios, la participación coordinada de servidores públicos y particulares, así como el uso de empresas fachada, entre ellas Nunvav, Inc. A partir del análisis de los flujos financieros, la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019, y posteriormente promovió una demanda civil en Florida.
En septiembre de 2021 concluyó la presentación de dicha demanda en Estados Unidos; el caso avanzó mediante la coordinación entre la UIF, la FGR, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de la asistencia jurídica internacional con autoridades de Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
Como resultado de este proceso, el pasado 19 de mayo de 2026 se dictó una sentencia a favor del Estado mexicano contra la familia Weinberg por su participación en el esquema ilícito de contrataciones públicas relacionadas con García Luna, por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares.
Reyes Colmenares detalló que el análisis financiero permitió reconstruir la red utilizada para el desvío, triangulación y movimiento de recursos entre 2015 y 2017.
De acuerdo con la información presentada, García Luna habría fondeado el conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares.
De este modo, señaló Colmenares, la familia Weinberg tuvo un papel relevante dentro de la estructura corporativa vinculada con García Luna y, de acuerdo con la investigación, estuvo relacionada con una red de empresas fachada beneficiadas mediante 30 contratos gubernamentales con sobreprecios, a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios.
Según la UIF, la utilización de estos mecanismos permitía realizar tres funciones simultáneas: disimular los sobornos como pagos comerciales ordinarios, simular la materialidad de los contratos y maximizar el volumen de recursos públicos que podían extraerse.
Posteriormente, los recursos eran dispersados a través de Barbados –que operó como paraíso fiscal en esta trama de corrupción– hacia otras jurisdicciones, entre ellas Miami, Florida, mediante operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna.
El titular de la UIF destacó que uno de los principales resultados de la investigación fue el seguimiento de los recursos mediante inteligencia financiera, lo que permitió identificar la ruta del dinero, así como la red de personas y empresas involucradas, y aportar elementos para las acciones legales encaminadas a recuperar los activos.
