Los migrantes extranjeros cuyos hijos nazcan en territorio mexicano por tienen derecho a la residencia permanente en este país. especificó la asesora jurídica. La abogada Luz del Carmen Bernard –asesora jurídica especializada en atención a personas en situación de movilidad del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP)– explica que se principio está establecido en las leyes en la materia.

De acuerdo con la Ley de Migración, “una persona extranjera que tenga hijo mexicano por nacimiento tiene derecho a la residencia permanente”, explica en entrevista. Como ejemplo, cita el caso de Jessica, una migrante hondureña a la que el IFDP asistió no sólo para tramitar su tarjeta de residencia permanente, y que contara con estatus legal en México, sino para recuperar a su bebé de nombre Marina, retenida ilegalmente por una mujer mexicana.

La historia de Jessica y Marina es emblemática del sufrimiento que padecen muchos migrantes indocumentados en nuestro país: luego de dar a luz en Chiapas, la joven hondureña fue obligada a prostituirse.

De acuerdo con el IFDP, “la joven centroamericana ingresó a México sin documentos en 2018. Meses después, en Chiapas, nació su hija Marina. La bebé se quedó con una vecina, mientras ella iba al hospital por sus documentos. De regreso, agentes migratorios la detuvieron y la deportaron. Dos días después retornó por su hija recién nacida, pero la vecina se negó a entregársela y la obligó a prostituirse a cambio de recuperarla”.

La Defensoría Pública indica que “Jessica fue víctima de trata sexual durante dos meses, cuando, de nueva cuenta, fue deportada sin su bebé. En tanto, la vecina tramitó un acta administrativa para hacerse cargo de Marina, argumentando un supuesto abandono de la madre. Al poco tiempo, junto con su pareja, la registró como su hija, bajo otro nombre”.

Ante esta situación, la joven madre reingresó por tercera ocasión a México y denunció a su vecina ante las autoridades por el delito de retención de menor y trata de personas. Al enterarse del caso, el IFDP solicitó la protección de la justicia federal en contra de los actos de diversas autoridades cometidos en detrimento de los derechos de Marina.

Los abogados públicos lograron la reunificación familiar de la madre hondureña y la niña mexicana, así como la restitución del derecho a la identidad de la menor, explica a Contralínea la abogada Luz del Carmen Bernard.

La asesora jurídica especializada en atención a migrantes refiere que desde el Instituto se le brindó apoyo jurídico a  Jessica y protección legal a la bebé Marina. Para el IFDP, éste es un caso inédito porque se actuó en representación de la menor y se demandó la reunificación familiar como un derecho humano de migrantes y mexicanos por igual.

El Instituto, explica la abogada, tiene facultades para representar  a los menores, niñas, niños y adolescentes que lo requieran, sean mexicanos, extranjeros o que no tengan registro. “Interviene como representante especial en asuntos que tengan que ver con menores: niños, niñas y adolescentes. Nosotros garantizamos su acceso a la justicia”.

La abogada Luz del Carmen Bernard expone: “a quien representamos es a la niña por el interés superior del menor, a efecto de la dignificación familiar y a efecto a que se revoque esa acta de nacimiento”. Como resultado de la sentencia del juicio de amparo emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Tapachula, Chiapas, el 19 de marzo de 2021, se ordena la anulación de las actas administrativas y de nacimiento tramitadas por los vecinos.

En ese sentido, se solicitó a la Fiscalía contra la Trata de Personas en Tuxtla Gutiérrez vigilar el registro de Marina para que sea restituido su derecho a la identidad. En aquel momento, se pidió también el traslado de la menor a Ciudad de México,  y la determinación de un régimen de convivencias con regularidad suficiente entre madre e hija.

Bernard indica que luego del proceso, la niña fue entregada a su madre. Finalmente, el 20 de agosto de 2021, Jessica registra a su hija y obtiene el acta de nacimiento en el Registro Civil del gobierno de la Ciudad de México.

Además de representar a menores de edad, la abogada explica que el IFDP defiende preferentemente a las personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes, solicitantes de refugio, “y en general a quienes por razones sociales y económicas no pueden contratar los servicios de un abogado particular”.

Los servicios que otorga la Defensoría Pública son de cobertura nacional, cuenta con 885 defensores públicos y 285 asesores jurídicos que brindan sus servicios de manera gratuita. “Nadie tiene que desembolsar un solo peso” por estos servicios del IFDP, añade la abogada, pues son totalmente gratuitos.

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