Con el objetivo de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en situación irregular, la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la opinión a la iniciativa con proyecto de decreto, que propone reformar los artículos 87 y 91 de la Ley de Migración, a fin de establecer la expedición de un documento de registro e identificación para las personas migrantes irregulares en el país. 

De acuerdo con la iniciativa presentada por la diputada del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Roselia Suárez Montes de Oca, se propone incorporar a los migrantes en situación irregular al Registro Nacional de Población de Identidad (Renapo) y otorgarles un documento de identificación para proteger sus derechos humanos.

Asimismo, se reconoce la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, así como la importancia de atender sus necesidades con un enfoque humanitario, el cual garantice su acceso a servicios y derechos básicos, en particular su derecho a la identidad.

También, la legislación  establece que la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, implementará mecanismos para que obtengan el documento sin riesgo de ser arrestadas, sancionadas, perseguidas o deportadas, por lo que salvaguarda su seguridad e integridad. De acuerdo con la legisladora Suárez Montes de Oca, se busca facilitar el registro y atender las necesidades de una población comúnmente marginada. 

“Necesitamos instaurar que se obligue a reconocer y hacer efectivos sus derechos establecidos en diversos instrumentos internacionales; además, con esta reforma se incrementa el grado de cumplimiento del principio de reciprocidad en materia de movilidad humana global, ya que estaríamos impulsando en México un trato digno a los migrantes irregulares”.

De igual manera, la Comisión de Asuntos Migratorios recordó que la propuesta se alinea con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. “La aprobación de esta iniciativa permitirá que las personas extranjeras en situación irregular formen parte de un registro que haga posible conocer sus números, sus características y poder tener en ese sentido un estándar para que pueda ser más operativo el vínculo funcional con el Estado mexicano”, señaló Daniel Andrés Martínez Cunill.

Igualmente, la diputada del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Nora Escamilla, destacó que la identificación legal de personas migrantes con estatus irregular es de “suma trascendencia”, ya que permitirá facilitar su acceso a servicios básicos como de salud, justicia, educación e, incluso, programas humanitarios. “En el Partido del Trabajo adelantamos que estamos a favor de esta iniciativa”. 

“Incentivará a migrantes irregulares a registrarse, al ofrecer garantías de no deportación y permite conocer mejor la población extranjera en tránsito o en estancia en nuestro país, facilitando la creación de políticas públicas de atención que se puedan concretar de manera correcta, además de reforzar el enfoque de México, como país solidario y garante de los derechos humanos en un contexto regional de migración forzada”.

Sin embargo, Escamilla solicitó evaluar cuidadosamente las implicaciones operativas y administrativas del Registro Nacional de Población e Identidad y de la Segob, al señalar la necesidad de fortalecer su capacidad técnica, implementar protocolos adecuados, mejorar la infraestructura y garantizar la seguridad para evitar la criminalización a la población migrante.

Finalmente, el diputado del grupo del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Ángel Rodríguez, sostuvo que la iniciativa tiene buenas intenciones en el tema de movilidad; pero enfatizó la importancia de fortalecer la propuesta, en el sentido de que deben establecerse mecanismos que garanticen un adecuado control de los flujos migratorios y que no se contravengan con el cuerpo normativo de la ley que se busca reformar.

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