La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, sí sabía que desde el Poder Judicial de la Federación (PJF) se le asestaría un duro golpe a la investigación judicial del caso Ayotzinapa, por lo que la decisión de una jueza federal de aprovechar el fin de semana –en un clásico sabadazo– para liberar a ocho militares que habían sido vinculados a proceso por su probable participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas rurales se habría dado bajo su anuencia.

El conocimiento que tuvo la titular del PJF de este asunto de Estado se desprende de la carta que le envió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, desde el 12 de diciembre de 2023, alertando que se pondría en libertad a actores fundamentales para conocer la verdad y procurar justicia. Misiva que esta tarde fue revelada por la Segob, en atención a las instrucciones giradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

En dicha carta se le informó a la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación que los magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio, Juan José Olvera López y Horacio Armando Hernández Orozco (ponente) –integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México– resolvieron el 30 de noviembre pasado que era “fundado el agravio aducido por los ocho militares inculpados dentro de la causa penal 1/2023 del índice del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca”.

En consecuencia, explicó la secretaria de Gobernación a la ministra Piña, dichos magistrados determinaron “modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emita una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada a los siguientes

inculpados relacionados con el caso Ayotzinapa:

“1. Subtte. [subteniente] Omar Torres Marquillo,

“2. Sgto 2° [sargento segundo] Roberto de los Santos Eduviges,

“3. Sgto 2° Ramiro Manzanares Sanabria,

“4. Sgto 2° Juan Andrés Flores Lagunas,

“5. Sgto 1° [sargento primero] Gustavo Rodríguez de la Cruz,

“6. Cabo Uri Yashiel Reyes Lasos,

“7. Cabo Eloy Estrada Díaz,

“8. Cabo Juan Sotelo Díaz.”

Además, en la misiva se exhortó a la ministra Piña a advertir la posibilidad de que los presuntos implicados evadieran la acción de la justicia tras esa resolución: “lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país”.

La abogada Luisa María Alcalde incluso señaló “que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado, por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de los madres y padres que los buscan”.

Asimismo, la funcionaria federal dijo confiar “en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia. Sin más por el momento y esperando tenga a bien considerar lo vertido en el presente oficio, quedo de Usted”.

No obstante, el sábado 20 de enero de 2024, la jueza segunda de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, cambió la medida cautelar contra los ocho militares y les dictó libertad condicional. Esta decisión echó por tierra los intentos de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR), de que los militares estuvieran sujetos por lo menos a una medida de resguardo domiciliario.

A pesar de que la ministra Norma Piña fue alertada con más de un mes de anticipación, el fin de semana pasado la jueza Duarte Cedillo determinó que a los ocho imputados se les apliquen las siguientes medidas cautelares:

-Firma periódica cada quince días ante el juzgado del proceso.

-Garantía económica de 50 mil pesos.

-Prohibición de salir del país sin autorización judicial y entrega de pasaporte en caso de contar con él.

-Prohibición de acercarse o comunicarse con los testigos o las víctimas.

-Prohibición de acercarse al estado de Guerrero.

-Además, requirió a los procesados acreditar su domicilio particular.

Tras condenar esta medida judicial, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla, indicó que el cambio de medida cautelar “no exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente”.

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