Narco-fosas: expresión de violencia extrema e impunidad criminal

En México, uno de los últimos datos sobre personas desaparecidas –al mes de marzo de 2024– apuntaba 99 mil 729, aunque al día de hoy se estima que suman 105 mil desaparecidos, una inmensidad. El hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, de una mega fosa en un centro de reclutamiento para la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación, que tenía un espacio de ejecución de detenidos. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco mencionó que había unos crematorios, un quirófano donde presuntamente se practicaba la extracción de órganos, se hacían cirugías y también se proporcionaba entrenamiento de sicarios y operadores del narco.

Información no confirmada oficialmente sostiene que del 1 de diciembre de 2018 al 28 de febrero de 2025 han sido localizadas 186 fosas clandestinas solamente en Jalisco (El Político). Indira Navarro, integrante del colectivo Guerreros Buscadores detalló que, de acuerdo con la información recolectada por ellos, el rancho Izaguirre operaba desde 2012 en sus distintas funciones criminales y que los homicidios allí eran masivos.

En reportes y análisis sobre este caso, es necesario conducirse con absoluta seriedad ante la magnitud de la tragedia humana allí escenificada. Llamar “campo de exterminio” a ese rancho –sitio de la enorme devastación– para evocar la época de los crímenes nazis es sensacionalismo, y pretende homologar lo encontrado en Jalisco con una etapa histórica en Europa irrepetible.

El crimen, el robo y venta de órganos humanos, la quema de cadáveres, el descuartizamiento de cuerpos o su disolución en ácido, por bestial y atroz que sea, es propia de las organizaciones criminales más brutalmente violentas en Colombia y México. Y eso no nos retrotrae a la época del régimen del nacional socialismo y la esvástica como símbolo ideológico, espiritual y de poder racista superior. Es parte del fenómeno de una criminalidad altamente empoderada que ha gozado históricamente de mucha impunidad en sus peores acciones.

También se explica porque, cuando se descubren estas narco-fosas, las autoridades no tienen capacidad de respuesta en la magnitud requerida: el propio evento los rebasa, y empiezan a ver cómo abordar una situación de altísimo impacto social, y entran a administrar la crisis. No poseen una respuesta ágil y estructurada, hasta este momento.

La doctora Viridiana Ríos dijo en un programa televisivo a nivel nacional: “debemos preguntarnos: ¿que hace posibles eventos como estos hacia el tejido más profundo de nuestra tan desigual sociedad, y aún con tanta miseria? Hablar sólo de la atrocidad y sus más brutales detalles informa de un hecho, pero los analistas especializados debemos ir más allá, desentrañar y explicar las causalidades profundas y las estructuras preexistentes y aún presentes, que hoy limitan la falta de capacidad de una respuesta oficial en la magnitud que demandan los eventos”.

Si se hace un comparativo, aunque en dos contextos distintos, otra de las peores tragedia que hasta hoy podíamos recordar –desgraciadamente, en nuestro país estamos en posibilidad de comparar lo peor con lo mayormente peor– es la inmensa masacre y destrucción producida en el norte de Coahuila, municipio de Allende, entre el 18 y el 22 de marzo de 2011 (y que coincidió con los días en que se estaba afinando el pacto de auto censura en México entre 715 medios de información y el gobierno de Felipe Calderón-García Luna, sobre eventos criminales violentos). Se trató de una matanza inmisericorde, y convirtió en esos días las calles del municipio en un cementerio, para más de 300 personas asesinadas (no se conoce el número real, hay analistas que hablan de más de 1 mil ejecuciones), no asesinadas gradualmente en un determinado tiempo, sino in situ y al momento en unos cuantos días. Su indefensión fue total, desde la autoridad, probablemente sus omisiones durante cinco días, conformó posiblemente un crimen de lesa humanidad.

Fue tal la condición inerme de la población que, en su desesperación extrema,  los habitantes registraron como evidencia de ello 1 mil 425 llamadas infructuosas de auxilio, desde el municipio de Piedras Negras y del mismo municipio de Allende, más otros tanto de intentos de comunicación por internet a los organismos policiales, durante esos bárbaros y aciagos días, sin que hubiera autoridad alguna que acudiera en apoyo de esta comunidad que se hundía en la masacre y en la destrucción. Sobre ello, está pendiente un deslinde de responsabilidades de las acciones y declaraciones que impulsaron en alguna forma este brutal evento atribuido a Los Zetas, para el caso de la DEA y la Policía Federal, que entonces dirigía Genaro García Luna (Aguayo y Dayán, 2018, pp.118-2021).

En cuanto a la privación de la vida de seres humanos, lo localizado en Jalisco, en el rancho de Izaguirre, podría rebasar la barbarie de Allende, en Coahuila, en marzo 2011, aunque no en cuanto a la intensidad criminal de muy pocas horas. Pero con precisión podríamos saberlo si se conociera toda la verdad sobre la tragedia de Allende, Coahuila. Esta pendiente una Comisión de la Verdad.

En aquel momento se preparaba el show mediático del pacto de auto censura en la información, mediante el Decálogo-mordaza con 715 medios informativos propuesto por el gobierno de Calderón-García Luna (se suscribió el 24 de marzo de 2011). Por lo que –tanto gobierno como medios– ocultaron esta inmensa tragedia, porque informar sobre ella echaría por tierra el acuerdo, preparado y realizado por el secretario de Seguridad ­–hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico– como una gran operación de contrainteligencia. Esta decisión de no informar sobre Allende revela con toda exactitud la verdadera naturaleza del pacto firmado, su carácter omnímodo para las mil trapacerías de Calderón-García Luna. A una gigantesca infamia siguió otra. En un ensayo distinto a este, y de próxima publicación en Contralínea, desarrollo esta tesis.

La experiencia colombiana –siempre la más cercana a la nuestra en estas materias– es que, por ejemplo, las fosas localizadas en el Puerto de Buenaventura, zona de gran trasiego de cocaína, es que se utilizaban los manglares como espacios de depósitos de cadáveres. Y este fenómeno, como en México, está directamente correlacionado con otro (aunque tal vez no en la misma magnitud) que es el de las decenas de miles de desapariciones forzadas de personas de las que nunca se han encontrado sus cuerpos, por lo que siguen en calidad de “desaparecidas”. Lo que puede generar una correlación directa, pero menos que proporcional, entre ambos datos numéricos que podrían estar relativamente cercanos, es decir, corresponder en alguna medida. Hablamos de lo que muy probablemente pueda ser clasificado, en ambas dimensiones, crímenes de lesa humanidad, a partir de un ataque “generalizado y sistemático” que culmina en un evento de extrema crueldad.

Con las diferencias que saltan a la luz, ambos inconmensurables eventos nos expresan procesos de asesinatos en espiral progresiva, acumulativos que evidencian un ataque a la vida de inmensa magnitud, con la más abyecta ignorancia imperdonable y omisión de las autoridades responsables de la protección, la seguridad y la vigilancia, y el auxilio a la población indefensa.

Las historias de narco-fosas en México, como en Colombia, por ejemplo, es la del desarrollo de la capacidad criminal para llegar a los más inimaginables niveles de violencia contra comunidades indefensas o grupos enemigos, a quienes quieren ver muertos y desaparecidos porque en alguna forma y medida estorban sus planes, inmediatos y/o mediatos.

En este territorio de abominación –por tantos seres humanos sacrificados de la peor manera posible– se nota un sensible retraso de la autoridad federal en el qué hacer frente a ello. Claro que es necesaria una investigación judicial, pero en seguida el diseño de una o varias políticas públicas que incidan en este gravísimo tema, mucho más allá de la Comisión Nacional de Búsqueda que reporta a la Secretaría de Gobernación, y otros organismos privados o académicos, insuficientes. Al respecto, este 17 de marzo se dio un paso importante con lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el caso de Teuchitlán, hay varios puntos de choque, de conflicto: ¿sabían o no las autoridades municipales y estatales de este centro de terror criminal? Y si –como afirman estudiosos del tema, entre ellos el exrector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel Gonzáles Romero, entrevistado por “Los Periodistas” y el colectivo de búsqueda– la Guardia Nacional conocía la existencia y prácticas del rancho Izaguirre, porque ahí detuvo criminales que allí actuaron (en septiembre de 2024), eso ameritaría la solicitud a la FGR para abrir una carpeta de investigación, verificarlo o desecharlo, por la magnitud y gravedad del caso, opinamos nosotros, porque estamos hablando de sepulcros ilegales, clandestinos con el objeto de ocultar crímenes contra seres humanos.

El momento es muy delicado en la relación bilateral y cualquier cosa de este tipo puede ser aprovechada por el gobierno de Estados Unidos, sus agencias e institutos armados, para aumentar la tensión y las amenazas, la guerra psicológica, los ataques económicos y políticos. Contundencia y precisión en cada paso en esta materia y otras debe mostrar el gobierno de la doctora Sheinbaum.

Pero el exrector denunció un hecho muy importante: Jalisco es el estado de la República con mayor número de desaparecidos sin localizar, y el gobierno de Enrique Alfaro dejó de reportar a la base nacional que recopila estos datos, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, desde marzo de 2022, a pesar de ser una obligación indeclinable. Así que hace tres años que el gobierno de Jalisco no reporta porque no quiere. Parece increíble el nivel de discrecionalidad que hay en México para ese tipo de obligaciones oficiales. Afirmó, como lo han hecho oros, que el gobernador anterior, Alfaro, conoció de este centro y no actuó, gravísimo (11 de marzo de 2025).

Que pueden existir varios de este tipo de emplazamientos o complejos criminales, es una presunción perfectamente razonable y plausible. La preocupación del Episcopado Mexicano es atendible, aunque no dice de dónde sacó el dato de que las desapariciones forzadas aumentaron 40 por ciento, mientras la autoridad federal reporta una reducción del 15 por ciento en los crímenes de alto impacto, y un organismo como este no puede aparecer ofreciendo datos relevantes sin decir cómo los obtuvo y por qué le merecen tanta confiabilidad.

Hoy la tecnología geoespacial es de un nivel que puede coadyuvar de manera muy importante a permitir un avance muy significativo en la materia de geolocalización: una de las tecnologías útiles es aquella basada en análisis de nitrógeno para localizar fosas clandestinas, ya que mide las concentraciones atípicas de nitrógeno en áreas específicas para revelar grandes cantidades de cuerpos enterrados.

En el Foro Virtual organizado por la UIA-Puebla en 2022, se conoció que la ONG Data Cívica –dijo su representante, Jorge Ruiz Reyes– posee un par de modelos metodológicos que permiten apoyar los procesos de búsqueda. Esta última, basada en la identificación del nitrógeno localizado en el medio ambiente, ello reconoce cuando es de origen humano, y participan en la formación de hormonas, enzimas y anticuerpos, complementó Alicia Franco Boscan, coordinadora de datos de la ONG.

Detalló que, con el mismo, estaban trabajando en Baja California, estado que entre 2009 y 2021 registró el hallazgo de 52 fosas clandestinas, ubicadas en zonas urbanas con una distancia promedio de 7 kilómetros entre cada fosa, lo que constataron mediante una tecnología de geolocalización para medir grandes concentraciones de cuerpos enterrados (Milenio, septiembre de 2022). Estoy seguro de que este tema no es uno de instancias burocráticas, hay que potenciar, encauzar y aprovechar la energía socio-cívica como determinante fundamental. Esto es democracia participativa, no sólo en temas decisorios o electivos.

Antes se realizó el Encuentro Internacional sobre Nuevas Tecnologías de Búsqueda Forense –del 1 al 4 de julio de 2019–. Es decir, la información tecnológica derivada de la investigación científica aplicada existe, se reveló actualizada desde que la doctora Sheinbaum fue gobernante en Ciudad de México.

Amy Mundoff (del Departamento de Antropología de la Universidad de Tennessee) sostuvo en dicha reunión que los distintos recursos tecnológicos usados para observar desde el cielo en diversas partes del mundo, son para “medir o registrar la energía electromagnética reflejada o emitida por la superficie de la tierra (…) que permiten identificar alteraciones en la superficie del suelo y el subsuelo que a simple vista son imperceptibles (…) sobre cómo cambia la tierra cuando en ella se entierran cuerpos humanos” (Zona Docs, 9 de  julio de 2019).

¿Por qué no están estas organizaciones civiles o profesionales de la investigación forense trabajando hombro con hombro con el gobierno federal, cuando pueden aportar? ¿Hay arrogancia política a pesar de que no se tienen a los cuadros idóneos? Y si los hay, ¿cuáles son sus resultados?

Claro, una cosa es la metodología y las tecnologías de geolocalización, y otra el eficiente proceso de investigación criminal, la persecución de los responsables y la sanción ejemplar ante hechos tan monstruosos. En realidad, todo el ciclo completo, es atribución y obligación constitucional de los tres niveles de gobierno, per el nivel federal debe proceder con mayor audacia y buscar una plataforma de convergencias aprovechando toda la creatividad e iniciativa de las organizaciones auténticamente no gubernamentales que desean contribuir de manera seria y patriótica a este tipo de procesos esclarecedores y sancionadores.

Precisamente en Colombia pudieron avanzar en esta complejísima tarea mediante la utilización de otros instrumentos tecnológicos: se identificaban las fosas comunes originadas en la actividad y disputas criminales, así como en la lucha del gobierno, ejército y policía nacional de Colombia, contra la izquierda armada, para ello se usaron las testimoniales directas en primera instancia como insumo informativo a las víctimas sobrevivientes, a los familiares de ellas, y los informes de los propios victimarios, a pesar de que no sean muy precisos sino aproximados.

En otros países se han experimentado métodos basados en resistividad geofísica, magnetometría o radar de penetración del suelo, pero pueden usarse en áreas reducidas, y se complica su efectividad, para localizar en áreas de difícil acceso, como ciénagas y pantanos, o en áreas en que aún se desarrolla el conflicto, porque son regularmente terrenos minados. Por ello, lo mejor es el uso de tecnologías que no impliquen accesos directos a las zonas de alta probabilidad (Mejía y Ochoa, Universidad Nacional de Colombia, Vol. 16, septiembre-diciembre 2024).

Una tecnología de gran utilidad y mucho mayor precisión es el caso de los “sensores remotos” para identificar cómo la salud de las plantas en derredor de una posiblemente cercana fosa clandestina se afecta por el alto contenido de materia orgánica presente en las fosas comunes, correlacionando ello con el análisis de los índices espectrales (se refieren a una fórmula matemática que se usa para analizar propiedades de la superficie terrestre) como el NDVI, GNDVI y GCI. Cómo siempre, la investigación de los procesos criminales es mucho más complejos de lo que el sentido común puede siquiera imaginar.

Es un recurso de alta complejidad científica porque mediante los índices espectrales se usan en la teledetección para analizar imágenes satélites o de drones, son herramientas que identifican características del suelo, la vegetación, el agua, etc. que cambian ante la concentración en descomposición de órganos humanos. Se usan también en Astronomía con relación a los campos magnéticos. Muy complejo. Por ello les llaman de manera común “sensores remotos”, pertenecientes a la especie de tecnologías forenses.

No hay la información necesaria para una evaluación objetiva, pero la percepción social y la mía en lo personal, es que este tipo de sacudidas de impacto mediático no toman al gobierno sólidamente parado y listo para informar sobre su trabajo en dicha área de la relación social y de la acción pública. “Se va a investigar”, correcto, pero: ¿qué estado guarda la gestión pública federal en la materia, en cuanto a avances, prevenciones y detenciones, etcétera? No se informa en tal sentido, se reacciona, no se presenta el desarrollo de un trabajo sistemático en esta delicadísima materia de muy alto impacto social. Los medios magnifican y tiñen de amarillo una fatal noticia, pero la importancia y trascendencia de lo encontrado es absolutamente indisputable. A ello me refiero, a la forma en que se aborda.

Así entonces, hay distintos métodos y tecnología para abordar el tema, pero lo siguiente, es el aparato organizado del Estado para la investigación criminal, el esclarecimiento de los hechos, el deslinde de responsabilidades legales, las acusaciones penales y la aplicación de sentencias, nuevamente, las fiscalías, los agentes de investigación, los  ministerios públicos, los jueces, magistrados y en su caso, ministros, se trata de mecanismos integrados que deben estar perfectamente aceitados y funcionales, es decir, dispositivos de Estado para responder con instituciones eficientes a los magnos retos de la macro criminalidad trasnacional. Esta es la enorme estructura que no está presente en México, sino en proceso.

Las estructuras criminales actúan con los instrumentos y herramientas de las organizaciones de hoy, pero la estructura de Estado está en proceso de conformación, hay una asimetría en donde se aprecia que subsisten los “vacíos de Estado”, pero la 4T está en un proceso intenso y amplio de reconfiguración institucional y no puede ser aún ser certera y contundente ante estos hechos. Porque hay un proceso histórico asimétrico en velocidad y estructuración con la criminalidad, estamos en la ruta de solucionarlo, el daño causado por “la herencia” es mucho mayor de lo que regularmente se estima. Nos dejaron en un retraso histórico en construcción de fortalezas y activos para una respuesta contundente.

La ruta es la correcta, pero se aprecian los rezagos. Y el tema de las posibles subestructuras de complicidad criminal con los gobernantes, es un tema mayor para explicar esto rezagos en ocasiones tan evidentes.

Otros periodistas de investigación han destacado los cuestionamientos a la honorabilidad del exgobernador, Enrique Alfaro, y los presuntos nexos con el CJNG. Esto tendría que probarse jurídicamente; mientras no sea así, hablamos de presunciones, pero alguien como Ricardo Ravelo, estudioso permanente de los procesos y grupos criminales en México, sostiene que tal relación está “súper documentado”, y trae a colación el asesinato del anterior gobernador de Jalisco, licenciado Aristóteles Sandoval, sostiene, ejecutado por el CJNG debido a dos cuestiones: “una deuda pendiente” y la integración del propio personaje asesinado a la estructura criminal de “los Jaliscos”, lo cual fue sabido y encubierto por el propio Alfaro, dejando sin aclaración el asesinato mismo (declaraciones en el programa de Julio Astillero, 13 de marzo de 2025).

“No cumplir tiene un costo” se leía en una narco manta aparecida en la ciudad de Guadalajara en mayo de 2021, luego del interrogatorio practicado al responsable intelectual del atentado a Omar García Harfuch (2020), José Armando Briseño de los Santos. Éste reveló que el CJNG estaba planeando asesinar al entonces gobernador Enrique Alfaro Ramírez, a quien también, la prensa atribuyó ser el jefe de sicarios del propio cártel. Ante la negativa de pactar “un acuerdo”, a pesar de que otros miembros de su equipo de gobierno, ya colaboraban, en lo relacionado con el robo de huachicol (Jiménez, Infobae, 5 de junio de 2024). La información hasta entonces parecía contradictoria.

La misma fuente de información explicó que en los ahora llamados Guacamaya Leaks, documentos producto del hackeo a Sedena, se refieren tres reuniones que ocurrieron entre integrantes del CJNG con altos mandos policiacos cercanos al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, lo que significa que son producto de inteligencia militar, reuniones ocurridas a días de que el mencionado asumiera el cargo de gobernador en diciembre de 2018. Y pocos días después, según la misma fuente, el director operativo de la SSP de Jalisco se reunió con dos contactos del CJNG: Armando Gómez Núñez y César Iván Briseño Aguirre en la Gran Plaza Zapopan para acordar acciones de acuerdo con el cártel dirigido por Nemesio Oseguera.

Después los contactos escalaron y el 17 de diciembre del mismo año, el mismo Briseño Aguirre conversó con Daniel Velasco Ramírez (mando de la SSP de Jalisco) para buscar una reducción de la violencia en la entidad a cambio de dinero, lo cual negó el funcionario y renunció hasta octubre del mismo 2019. Para enero de 2019, el CNI documentó una reunión de Velasco Ramírez con un enviado del Mencho para negociar que el gobierno de Jalisco pusiera elementos de la policía estatal al servicio del CJNG, avisando con anticipación d operativos militares federales en su contra (se incluía una foto), a cambio de lo cual ofrecieron cinco millones de pesos, y un penthouse en Puerto Vallarta (Ídem).

Haber estado previamente enterado y ser cómplice activo, son dos hipótesis y temas distintos, estrechamente vinculados pero que tienen cada uno su propia lógica de responsabilidades legales, ambas. Si hay otro tipo de testimoniales más claras y directas, los supuestos vínculos tendrían un carácter contundente. Pero más allá de cómo evolucionen estas imputaciones iniciales, los ejemplos de estas subestructuras de entendimiento y complicidad abundan, hasta el punto de haber logrado capturar el primer círculo de poder presidencial, del jefe del Estado, dentro de una perspectiva transexenal, y de ello existen también muchos ejemplos desde los 30 años anteriores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Entonces, los “vacíos de Estado”, los bloqueos estructurales, las interferencias políticas, las mediatizaciones institucionales, la evasión de responsabilidades  bajo influencias criminales, y la circulación de ingentes cantidades de dinero ilícitos, circulantes en las más altas esferas burocráticas de la administración pública  y en los circuitos monetarios y financieros, provenientes de los distintos canales desde de complicidad y de la narcopolítica mexicana, son macro factores de poder  que  condicionan la falta de una respuesta eficaz y eficiente frente a eventos tan devastadores como los del rancho Izaguirre en Jalisco, pero la lucha por lograr tal tipo de respuesta y la acción de inteligencia para evitarlos o descubrirlos rápidamente,  está en pleno desenvolvimiento, el esfuerzo es constante desde un equipo de gobierno cohesionado y nucleado en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y los resultados que deseamos y necesitamos llegarán más temprano que tarde. Ya se palpan los avances.