Las denuncias están contenidas en un amplio expediente, del que Contralínea tiene copia, y están dirigidas a Enrique Martínez y Martínez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (Sagarpa); a la Junta de Gobierno del INIFAP y a legisladores integrantes de las comisiones de Agricultura en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.
El INIFAP tiene como mandato “contribuir al desarrollo rural sustentable, mejorando la competitividad y manteniendo la base de recursos naturales”, a través de la generación de conocimientos científicos y de la innovación tecnológica agropecuaria y forestal en respuesta a las demandas y necesidades de las cadenas agroindustriales y de los productores.
“Somos un pilar para la alimentación de este país y con los problemas que tenemos actualmente es importante tomar decisiones basados en la investigación.
“El Sindicato nació porque hemos sido agredidos continuamente en los últimos años en el sentido de que nos quitan prestaciones y buscamos homologar nuestro salario, de tal manera que tengamos mejores condiciones de vida para nosotros y nuestras familias. Sin embargo esto no ocurre, y contrario a ello, padecemos un indebido uso de los recursos al interior del INIFAP y actos de nepotismo”, denuncia el secretario general del Sindicato Independiente del INIFAP.
Óscar Alfredo García Riveroll, actual director de administración del Centro de Investigación Regional Golfo Centro, es hijo de Marcial Alfredo García Morteo, coordinador de Administración y Sistemas del INIFAP. El mismo García Morteo es tío del jefe de Recursos Humanos del Centro de Investigación Regional Sureste, Serafín Gerardo del Ángel García, quien tiene un puesto de confianza.
La Ley Federal en su artículo 47, fracción XIII, obliga a los servidores a “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
Mientras, en su fracción XVII el mismo artículo especifica que los funcionarios deberán “abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII”.
De acuerdo con el expediente del SIIINIFAP, en 2008 y 2009 el Instituto compró más de 200 vehículos, de los cuales sólo se han asignado seis unidades en los Campos Experimentales del Valle de México y Bajío, con costo para los investigadores.
Información institucional muestra que entre las adquisiciones del ejercicio fiscal 2008 se encuentra la compra de 115 vehículos por más de 20 millones de pesos, con el objetivo de “renovar y modernizar el parque vehicular”.
El Informe anual 2009 del INIFAP da cuenta de la adquisición de 93 vehículos terrestres por un monto de 18 millones 693 mil 671 pesos. Según el documento, las regiones que resultarían beneficiadas con esta adquisición serían Noreste, Norte centro, Pacífico centro, Pacífico Sur, Golfo centro, Sureste y oficinas centrales.
Los investigadores también evidencian la “retención indebida” de recursos de proyectos externos en la Coordinación de Administración y Sistemas del INIFAP y en las oficinas de administración en los diferentes centros de trabajo.
“Muchos investigadores no logran tener acceso a los recursos que se han depositado en el fideicomiso del INIFAP para desarrollar proyectos de investigación y/o transferencia de tecnología, ya que la Coordinación de Administración y Sistemas inventa requisitos que se deben cumplir antes de que les liberen los recursos, sin importar si se requiere el dinero para compras acorde con los tiempos de desarrollo de los cultivos y lo firmado en los convenios con las entidades donantes”, acusa el secretario general del SIIINIFAP.
Al segundo trimestre de 2013, el INIFAP reporta que el Fideicomiso de Administración e Inversión para el Establecimiento y Operación de los Fondos para Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de dicho Instituto tiene un monto disponible de 141 millones 712 mil 311 pesos.
Debido a “la opacidad” con la que se manejan los recursos, los investigadores han solicitado al titular de la Sagarpa la realización de auditorías independientes que permitan una revisión seria y profunda de los proyectos y montos con los que opera este vehículo financiero.
El Sistema Integral Nacional de Administración Sustantiva y Operativa (SINASO) es otro de los programas cuestionados por los investigadores que integran el Sindicato Independiente del INIFAP, ya que, dicen, éste no es funcional para su desempeño y se han tenido que comisionar a varios trabajadores administrativos para capacitar a trabajadores sobre su manejo.
Al respecto, el 5 de noviembre de 2012 investigadores del Campo Experimental del Valle de México enviaron un oficio (expediente JAG.00.01.00.00.
01.506) al director general del INIFAP, Pedro Brajcich Gallegos, en el que solicitan se revise el SINASO, ya que se bloquea frecuentemente, se cierra espontáneamente durante el proceso de captura y borra y desaparece los documentos capturados de las investigaciones y avances que se llevan a cabo. Al respecto no se ha efectuado ningún cambio.
Las denuncias también implican al actual director del INIFAP, Pedro Brajcich Gallegos, quien lleva 9 años en el cargo. El expediente indica que Brajcich Gallegos fue nombrado director general en octubre de 2004, bajo la disposición jurídica establecida en el decreto presidencial del 2 de octubre de 2001, cuando se creó el INIFAP.
El decreto indica en su artículo 6 que el director del organismo descentralizado será designado por el presidente de la República o a indicación de éste a través del titular de la Sagarpa.
Especifica que “el director general durará en su encargo 3 años y podrá ser ratificado para otro periodo igual por una sola ocasión”.
Posteriormente, el decreto fue modificado durante la administración de Vicente Fox Quesada, en el que se indica que para este nombramiento se realizará una convocatoria para identificar candidatos que reúnan los requisitos específicos para ocupar dicho cargo. El resultado expresado en una terna de aspirantes será presentado al presidente de la República.
Las modificaciones indican que el director general “durará en su encargo 5 años y podrá ser ratificado para otro periodo igual por una sola ocasión, tomando en cuenta las evaluaciones del desempeño de su gestión, realizadas por la propia Junta de Gobierno y el Comité Externo de Evaluación, así como los resultados de la convocatoria. Si a la conclusión del periodo señalado no hubiese sido ratificado o nombrado a quien lo sustituya, el director general del Instituto continuará en funciones con todas sus facultades hasta que sea nombrado el nuevo director general”.
A decir de los investigadores del SIIINIFAP, Brajcich Gallegos debió entregar la dirección desde 2007, “ya que un decreto es aplicable desde el momento y no de manera retroactiva”. Además de que el director del INIFAP no responde a una convocatoria como lo indican ambos decretos, acusan los investigadores encabezados por el secretario general del sindicato, Ramón Garza García.
Para este trabajo, se solicitó entrevista con Brajcich Gallegos a través de la Unidad de Comunicación Social de la Sagarpa, sin que hasta el momento se haya tenido respuesta.
Fuente: Contralínea 346 / agosto 2013
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