El gobierno de México rechazó que exista persecución política contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de que éste acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Estados Unidos para denunciar presuntas violaciones a sus derechos, derivadas de un adeudo fiscal superior a los 51 mil millones de pesos.

Al ser consultada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no hay violación a derechos humanos ni afectaciones fuera de la ley, sino un procedimiento fiscal encabezado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), respaldado por resoluciones judiciales firmes.

“No hay persecución política, no hay violación a ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT, que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido”, sostuvo la titular del Ejecutivo federal.

La mandataria explicó que la Suprema Corte determinó que los amparos promovidos por el empresario no son procedentes y que lo que debe acatarse es la resolución del Último Tribunal Colegiado, el cual estableció la legalidad del cobro del adeudo fiscal.

De igual manera, detalló que el proceso se encuentra en la etapa de notificación formal y que, conforme a la ley, las empresas cuentan con un plazo para acercarse al SAT y definir la forma de pago. Aclaró que no se trata de un ultimátum, sino de tiempos legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

“Se notifica y después de eso hay un tiempo para que las empresas acudan al SAT. Incluso pueden pagar no en una sola exhibición, sino en varias. Eso es la ley”, enfatizó.

La presidenta reiteró que el monto a pagar puede ajustarse conforme a la manera en que se realicen los pagos, pero insistió en que corresponde a los contribuyentes acercarse a la autoridad fiscal para cumplir con sus obligaciones: “Se espera que se acerquen al SAT. A ver qué pasa”, sentenció.

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