La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del periodista Antonio de la Cruz, ocurrido el 29 de junio en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
De acuerdo con la ONU-DH, Antonio de la Cruz –reportero en el periódico Expreso– salía de su casa en compañía de la menor de sus hijas cuando fue interceptado por un motociclista y asesinado en el lugar por cuatro disparos de arma de fuego. La menor también resultó herida por un impacto de bala en la cabeza, y murió el día de hoy en el Hospital General de Victoria.
En un comunicado, el organismo internacional expresó sus condolencias y solidaridad a la familia, amistades y colegas de Antonio De la Cruz. Asimismo, exhortó a las autoridades a realizar una investigación con los estándares más altos de la debida diligencia, donde se incluya la relación con la actividad periodística de la víctima, a fin de determinar a los autores materiales, intelectuales y los móviles del crimen. Además, solicitó tomar las medidas necesarias a fin de brindar atención integral y salvaguardar la integridad personal de los allegados del periodista.
El representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado, señaló que el asesinato de Antonio de la Cruz ratifica la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en el país. “Este crimen al igual que el de los demás periodistas cometidos en el primer semestre del año alimentan el temor y zozobra del gremio periodístico en el país”.
Según la ONU-DH, en 2022 se han documentado los asesinatos de 10 personas dedicadas al periodismo y un trabajador de los medios. “Todos ellos con una posible vinculación entre las actividades periodísticas de las víctimas y las agresiones sufridas, reafirmando que México se ubica dentro de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”.
En ese sentido, Fernández-Maldonado señaló que los ataques contra los periodistas en el país son un recordatorio de la urgente necesidad de actuar oportuna y efectivamente de la mano con las autoridades, a fin de avanzar en la garantía del libre ejercicio de la libertad de expresión. “Los perpetradores deben recibir el claro mensaje de que no acallarán la verdad con violencia y que serán castigados conforme a la ley”.
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