En México, se necesita una política de Estado que se traduzca en resultados tangibles de protección ciudadana contra las desapariciones y que, al mismo tiempo, impulse las soluciones que las familias de las víctimas merecen, indicó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Para la ONU-DH es importante alentar los esfuerzos de las autoridades, junto con los avances normativos, institucionales y jurisprudenciales, con el objetivo de consolidar una política de Estado más cercana a las víctimas. Es por ello que, junto a otros organismos internacionales, identificaron 10 temas prioritarios.
La Oficina en México del Alto Comisionado ofreció su asistencia y cooperación técnica para “asegurar el derecho a la participación de las víctimas de desaparición y brindarles una reparación integral […] garantizar la protección efectiva de todas las personas buscadoras ante los riesgos y ataques que enfrentan; fortalecer la Comisión Nacional y las comisiones estatales de búsqueda, incluyendo sus consejos ciudadanos, así como las instituciones forenses y de identificación humana”.
Además, señaló que busca “investigar de manera adecuada y diligentemente los delitos relacionados con la desaparición de personas; continuar con el fortalecimiento de la coordinación entre las autoridades responsables de la búsqueda e investigación, garantizar que las personas servidoras públicas cuenten con perfiles idóneos y que las instituciones dispongan de los recursos necesarios”.
Asimismo, ONU-DH sugirió participar en el desarrollo e implementación de una estrategia nacional de prevención de las desapariciones, bajo un enfoque de seguridad ciudadana y fundamentada en el respeto y la protección de los derechos humanos; además de profundizar en los esfuerzos de capacitación al personal judicial en el manejo de casos de desaparición.
Finalmente, señaló que busca “retomar y reforzar los trabajos por la verdad, la justicia, las memorias y el esclarecimiento histórico, relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990; e impulsar la implementación de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, en especial del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU”.
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