Este jueves 20 de abril, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, exhortó a las autoridades mexicanas a cumplir de manera expedita la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anula la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un comunicado, señaló la importancia de garantizar el carácter civil de la Guardia Nacional “en consonancia con la Constitución mexicana y los estándares internacionales de derechos humanos”. En ese sentido, dijo que las fuerzas armadas sólo deben ser desplegadas en tareas temporales de seguridad y “en circunstancias excepcionales, subordinadas a las autoridades civiles y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”.

El abogado austriaco confió en que la decisión de la SCJN dé lugar a un diálogo amplio que mejore las capacidades de las fuerzas de seguridad civiles “y resulte en la limitación del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”.

Señaló que en 2006 [cuando inició la administración de Felipe Calderón Hinojosa] comenzó la militarización de las fuerzas de seguridad, lo que provocó un aumento en las “denuncias por violaciones a derechos humanos por parte de los soldados”. Desde entonces, indicó, la ONU-DH y otros organismos internacionales defensores “han pedido reiteradamente a México devolver la seguridad pública a las instituciones civiles”.

Corte invalida transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena

Cabe recordar que el pasado martes 18 de abril, ocho de los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte declararon la invalidez del decreto que trasladaba la facultad de mando y cambio de adscripción de la Guardia Nacional. Ello, tras analizar la acción de inconstitucionalidad 137/2022, promovida por senadores de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión.

El decreto –publicado el 9 de septiembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación– reformaba las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. De acuerdo con la mayoría de los ministros de la SCJN, transgredía el artículo 21 de la Constitución al vulnerar el carácter civil que debe tener la institución de seguridad pública.

Durante la discusión, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que la GN deberá ser “de carácter civil, disciplinado y profesional”. Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek señaló que la transferencia operativa y administrativa de la corporación es “un fraude a la Constitución”.

En una opinión distinta, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea expuso que la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército no son lo mismo. En ese sentido, indicó que, a pesar de que el Ejército depende de la Sedena y la Armada de la Secretaría de Marina, “no se subsuman a ellas”. “El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México son instituciones militares y sus integrantes son militares. Esto es innegable y nadie ha dicho lo contrario; lo que dijimos es que no se identifican con las secretarías que son dependencias de administración pública federal centralizada”. Tan es así, expresó, que constitucionalmente “podría ser titular de la Sedena o de la Marina una persona civil, hombre o mujer”.

Los ministros que votaron en contra de declarar inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional fueron Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. A favor de mantener el mismo régimen que tenía la Policía Federal: Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcantara Carrancá y Luis María Aguilar Morales.

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