El gobierno mexicano simula su apoyo al campo mexicano, acusó el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca al señalar que las políticas públicas federales no están orientadas a construir soberanía alimentaria, sino a proteger a la agricultura industrial trasnacional, lo que, en sus palabras, ha empujado al campo mexicano a una situación “nunca antes vista”.
Mencionó que ha habido contradicciones entre el discurso oficial y las acciones, y lo ejemplificó a partir de la exportación de productos mexicanos que requieren mucha agua para producirse, mientras el maíz se ha establecido como una de las mayores importaciones nacionales.
Señaló, además, que a pesar de que el gobierno estableció el impulso a la agroecología en la Constitución, sigue trabajando para comercializar los insumos de las trasnacionales. “La agroecología es para empoderar al pueblo, si no, no es agroecología”, sostuvo la organización, en lo que planteó como el criterio para distinguir un apoyo genuino al campo.
En el marco del Día Nacional del Maíz, el documento afirmó que los programas sociales dirigidos a la población rural promueven la migración, a fin de “vaciar el campo y facilitar la instalación de megaproyectos en los territorios desalojados”.
Señaló de manera puntual al programa Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, al que responsabilizó de enfocarse en la destrucción de las formas de organización comunitaria y de los sistemas tradicionales de cultivo, con un apoyo apenas marginal a técnicas de producción orgánica en algunos lugares.
Criticó, además, que el modelo de gestión de la tierra impuesto a ejidos y comunidades ha impedido que mujeres y jóvenes puedan acceder a ella, y calificó de neoliberales a las reformas agrarias vigentes, orientadas, de acuerdo con el texto, a dar seguridad jurídica al capital y despojar a las y los campesinos de sus tierras.
La organización atribuyó a ese modelo agroindustrial buena parte del incremento de enfermedades en el país, entre ellas la obesidad infantil, los padecimientos renales, el cáncer, enfermedades metabólicas como la diabetes y la hipertensión arterial, males neurodegenerativos como el alzhéimer, y trastornos reproductivos.
Explicó que estos daños se originan en los venenos que utiliza la industria agrícola –herbicidas, insecticidas, fungicidas, nutrientes vegetales, hormonas, conservadores, reguladores del crecimiento y de la maduración, entre otras sustancias– que se acumulan en los cuerpos de personas y animales, así como en la flora, la fauna silvestre y el agua, “hasta en las nubes”.
Y advirtió que estas sustancias no desaparecen del ambiente una vez usadas, sino que se mezclan entre sí y forman nuevos compuestos tóxicos, persistentes y acumulativos, que generan daños múltiples difíciles de identificar a simple vista.
En el caso particular de Oaxaca, la organización advirtió que la sequía provocada por el fenómeno de El Niño y el cambio climático ha provocado un desastre en las milpas del estado, por lo que llamó a tratar el problema del agua con respeto para restaurar los ciclos y las cuencas que se han modificado, y a priorizar la retención del agua en el suelo por encima de cualquier otra medida.
Asimismo, el documento dirigió una acusación directa a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y a la Secretaría de Economía, a las que responsabilizó de promover distintas formas de manipulación genética de cultivos, insectos y otros organismos –como la edición genética de cultivos, los plaguicidas con ARN y las moscas transgénicas– sin tomar en cuenta el principio de precaución, pese a que México es un país de alta biodiversidad, donde este tipo de tecnologías tendría, según la organización, efectos muy graves en el ambiente.
Destacó que estas nuevas tecnologías están en manos de las mismas empresas que ya controlan los agrotóxicos y los cultivos transgénicos, entre ellas Bayer-Monsanto, Corteva y Syngenta, y exigió que la Secihti deje de subsidiar las investigaciones de trasnacionales biotecnológicas orientadas a la fabricación de nuevos organismos modificados mediante edición génica u otras tecnologías similares. Pidió, en su lugar, una ciencia al servicio del pueblo y no de los intereses trasnacionales.
En ese mismo bloque, la organización lamentó el anuncio del secretario Marcelo Ebrard de impulsar la fabricación de un supuesto “biofungicida” de ARN con edición genética, al que calificó de contradicción en sus propios términos: “si es fungicida no es bio, su nombre lo dice”, pues atenta contra la vida de los hongos, a los que describió como “el motor del suelo y la agroecología”.
Advirtió que ese producto puede provocar un desastre en la microbiodiversidad de los suelos campesinos de México, exigió que no se produzca ni se utilice en el país, y responsabilizó al gobierno de no aplicar el principio de precaución, además de intentar engañar a la población mexicana al presentar esta tecnología como benéfica.
Frente a esa lógica, el pronunciamiento reivindicó una forma distinta de entender el cultivo: “no sembramos maíz para vender”, afirmaron, pues consideran que el maíz y la milpa son, como les enseñaron sus ancestros, el corazón de la comunalidad, lo que les ha permitido sobrevivir como pueblos y seguirá permitiéndoselo.
Por ello, se realizó un llamado a las campesinas y campesinos de Oaxaca y del país a continuar con la siembra de semillas nativas y criollas, a intercambiarlas entre sí y a mantener las formas tradicionales de reciprocidad –como la guelaguetza, la gozona o la mano vuelta–, que no requieren de dinero para resolver sus problemas.
Llamó también a no permitir la renta ni la venta de tierras que favorece el acaparamiento y a facilitar, en cambio, el acceso a la tierra para mujeres y jóvenes; a detener el envenenamiento del campo, el agua y los cuerpos mediante la prohibición de los agrotóxicos y la industria agrícola que los produce. También instó a motivar a las nuevas generaciones a continuar con el trabajo agrícola, frente a lo que describió como el intento de las tecnologías digitales de “arrebatarles” a niñas, niños y jóvenes, para lo cual pidió un diálogo intergeneracional en la educación escolar, familiar y comunitaria.



















