Estamos “enojados, encabronados, decepcionados, cansados de tanta mentira”, expresó hoy Mario González, padre de César Manuel González Hernández –uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos. Ello, luego de que ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó su tercer informe del caso, en el cual evidencia la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Los padres y madres solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador reanudar el diálogo directo con él.

Frente a las evidencias que presentó el GIEI de la manipulación de la escena en el basurero de Cocula por parte de elementos de la Secretaría de Marina, indicaron en conferencia: “¿cómo no estar enojados si después de tres años sale una información que debió ser entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojados si no sabemos nada de nuestros hijos, y no estoy hablando de las instituciones del pasado, estoy hablando de estos mandos que nos prometieron llegar a la verdad?”

González Hernández agregó: “señor presidente, usted tiene toda la voluntad pero sus instituciones no le hacen caso. Es incongruente que por un lado haya voluntad y, por otro, cerrazón. Ya es justo de saber el paradero de nuestros hijos”.

Por su parte, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, cuestionó: “¿cómo es posible que la Sedena, desde el tiempo que gobernó Enrique Peña Nieto, siempre ocultó información? ¿Teníamos motivos por qué sospechar o señalar al Ejército mexicano?, sí. Teníamos motivos porque sabíamos que ellos estaban involucrados en la desaparición de nuestros hijos”.

Y agregó: “mirar esas imágenes me llenaba de coraje, la sangre se calentaba; mirar con qué tanta maldad el gobierno federal manipulando un lugar para después presentarlo”. Ello, en referencia al video donde se aprecia a los marinos alterando la escena del basurero de Cocula.

En tanto, María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindez, señaló que gracias a la lucha de madres y padres llegaron los expertos a México. “Nunca imaginamos que a tres años de este nuevo gobierno no tengamos todavía información sobre el paradero de nuestros hijos, pero sí reconocemos un avance que nos pueda llevar a saber la verdad, se haga justicia y se castigue a los responsables”.

También presente en la conferencia, el defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales señaló que hay mucha indignación por este proceso de investigación “turbio que se ha ensuciado y que no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad. Hoy nos queda claro que hubo una manipulación de la escena del basurero de Cocula, que tuvo como objetivo ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad, porque a partir de este montaje jurídico nos fue imposible poder explorar otras líneas de investigación por lo menos durante cinco años; es decir, hasta antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador no hubo una línea de investigación adicional que se pudiera seguir porque todo el tiempo se estuvo luchado para desmontar la llamada verdad histórica”.

El abogado destacó entre otros hallazgos del tercer informe del GIEI, que las Fuerzas Armadas infiltraron a la Normal Rural, denostaron al grupo de expertos y persiguieron a quienes acompañan a los padres y madres en su lucha.

Por su parte, Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, señaló que la Fiscalía General de la República se ha convertido en un obstáculo para estas investigaciones, y destacó que uno de los testigos clave fue ejecutado por servidores públicos que iban a detenerlo.

Enfatizó que las Fuerzas Armadas han incumplido las disposiciones del decreto creado para la Comisión de la Verdad porque no han entregado toda la información. “Si las Fuerzas Armadas no obedecen un decreto presidencial, ¿a quién, entonces, obedecen el Ejército y la Marina?”

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