Ciudad de Panamá, Panamá. El 5 de mayo de 2024, se realizaron en Panamá comicios generales en los cuales salió electo José Raúl Mulino, séptimo presidente de la República en su era democrática, para un mandato de cinco años.

Su emergente candidatura por el partido Realizando Metas surgió debido a la inhabilitación del fundador de esa tolda, el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien fue condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales y asilado en la embajada de Nicaragua desde el pasado 7 de febrero.

De 65 años y abogado de profesión, el “delfín” de Martinelli, como muchos le llamaron, que contó con el 34 por ciento de poco más de 3 millones de votantes, asumió el cargo el 1 de julio. Desde entonces, adelantó que su gobierno sería “con paso firme” y “buco chen-chen” (mucho dinero) para el bolsillo de los panameños, lo que aún está por verse.

Promesas por cumplir

A los problemas heredados de la anterior administración de Laurentino Cortizo (2019-2014), en particular la tensa situación económica y la millonaria deuda del Estado, se sumaron otros, como la inclusión del país en listas discriminatorias fiscales, creciente migración irregular e inseguridad ciudadana.

Sin embargo, el más complejo por su incidencia en la población y los sectores vulnerables es la crisis financiera y estructural de la estatal Caja de Seguro Social (CSS).

Desde su discurso en la ceremonia de traspaso de mando, Mulino adelantó que sería un Ejecutivo 100 por ciento proempresa privada, lo cual lo distanció temprano de los movimientos populares.

Reactivación económica y empleo, inversiones, confianza y turismo fueron algunos de los primeros compromisos del nuevo primer mandatario, pero sin precisar las vías, según analistas.

En el primer mensaje al país, Mulino se comprometió que, ante el estado preocupante de las finanzas públicas, haría buen uso del dinero, al replantear prioridades. “No vamos a empezar la gestión de cero. Nos tocará comenzar con menos de 50 mil millones de dólares en deuda”.

En ese sentido, señaló que encontraba una economía alicaída por los excesos, irresponsabilidad y malas decisiones de un gobierno ausente. Panamá no sólo perdió el grado de inversión por la calificadora de riesgo Fitch Ratings, sino también miles de empleos y la confianza de invertir.

Mulino adelantó varios proyectos de los cuales habló en campaña. Según insistió: “Gobierno con paso firme”, menos gasto en política y más inversión en la gente.

El programa “Mi Primer Empleo” para mil jóvenes; el plan nacional de reconstrucción vial, y atender la licitación del nuevo Hospital Oncológico sobresalen entre otras iniciativas.

El gobernante reiteró que la obra insignia de su administración será el tren David–Panamá, con el objetivo de conectar el país de forma integral, con un decisivo impacto en economía, agro, empleo, movimiento de mercaderías y transporte de nacionales y extranjeros. Este proyecto podría extenderse a otras naciones centroamericanas, con el objetivo de unir a la región mediante el ferrocarril.

Otra cara de la moneda

Para varios estudiosos, como el economista Juan Jované, el problema tradicional y básico con el listado de proyectos anunciados es que, aún cuando el propio Mulino admitió que sabría cómo financiarlos, esto no quedó claro.

También, obvió la corrupción del sector privado que significa una evasión tributaria de más del 11.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En consecuencia, los llamados a estar alertas de los movimientos populares son cada vez más frecuentes en Panamá, luego de reformas anunciadas por el principal inquilino del Palacio de las Garzas para el sistema de pensiones o la idea de abrir la mina de Donoso en Colón para luego cerrarla.

Esto demuestra el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las calles a finales de 2023, cuando las manifestaciones paralizaron al país para decirle no a la minería metálica a cielo abierto.

Actualmente, los fondos que ha levantado el gobierno se han destinado a financiar el presupuesto del Estado para la vigencia 2024: unos 30 mil 111 millones de dólares, aprobados en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) en noviembre.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se sigue mostrando optimista con el próximo año. Asimismo, dijo que el presupuesto aprobado va a conducir con pasos firmes hacia cambios importantes en el país; sobre todo, en 2026, cuando el gobierno va a contar con un año completo de gestión.

Sin embargo, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y varias organizaciones sociales estiman que el presupuesto está en condiciones muy alejadas de una gestión fiscal responsable y alineada con la realidad económica del país.

Listas grises y migración irregular

La gestión de Mulino comenzó en política exterior con una inmensa campaña internacional para que naciones de la Unión Europea (UE) y de la región excluyeran a Panamá de listados discriminatorios fiscales, en los cuales permanece desde 2019.

En octubre de 2023, Panamá fue excluido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al cumplir con una serie de parámetros y medidas para evitar el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.

No obstante, aún permanece en la lista de la UE al ser clasificado como parcialmente cumplidor en temas de intercambio de información fiscal, catalogado por el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El país canalero no es el único que aparece en listas fiscales discriminatorias del Viejo Continente. Éstas incluyen países de América Latina como Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y Venezuela, según la cancillería.

Fue asociado a los paraísos fiscales desde el caso conocido como Papeles de Panamá, una investigación periodística internacional a inicios de 2016, y que se destapó por la filtración de documentos del bufete de abogados Mossack-Fonseca, cuya principal actividad comercial era crear y administrar sociedades offshore.

En ese sentido, la primera gira internacional del gobernante a Francia, y el encuentro con su par Enmanuel Macron, posibilitaron ganar el respaldo en ese propósito.

Por eso, el dignatario llegó a afirmar que el país que tenga a Panamá en esas listas será excluido de cualquier posibilidad de hacer contratos u obtener licitaciones; además, le negará el voto favorable en foros globales; un anuncio trascendente toda vez que el istmo integrará como miembro no permanente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a partir de enero de 2025.

En los principales escenarios locales y a nivel internacional, Panamá también insiste en la responsabilidad compartida entre países emisores, de tránsito y de destino, para enfrentar la creciente migración irregular que cruza a diario la selva del Darién en la frontera con Colombia, rumbo a Estados Unidos.

Desde el primer día de gobierno, el país firmó un memorando de entendimiento con Washington para sufragar, con 6 millones de dólares, operaciones aéreas a fin de retornar a los indocumentados a sus países de origen; hasta la fecha han sido casi una treintena de vuelos chárter y más de 800 personas deportadas.

De igual manera, cerraron con barreras perimetrales unas cinco trochas ilegales y habilitaron una sola ruta por la jungla hacia la comunidad receptora de Lajas Blancas, para tener mayor control de los viajeros ilegales, así como intensificaron el patrullaje marítimo en las costas del Caribe.

Estas medidas han traído como resultado una breve disminución de esos flujos, asociados a la presencia de bandas criminales y el narcotráfico.

El gobierno panameño decretó el cobro de multas a los migrantes irregulares, sobre todo a quienes ingresan al país violando los puestos de control, terrestres, aéreos o marítimos, con montos que oscilan entre 1 mil y 5 mil dólares, según la gravedad de la infracción.

Sin embargo, el país sigue siendo paso obligado para quienes optan por cumplir lo que llaman el “sueño americano”, pese a innumerables obstáculos y muchas veces a riesgo de sus propias vidas.

Mario Hubert Garrido/Prensa Latina

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