Ante el aumento de la tala ilegal, se presentó una iniciativa que reforma y adiciona disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para fortalecer las sanciones contra este delito, que de acuerdo la Comisión Nacional Forestal (Conafor) afecta anualmente más de 105 mil hectáreas de cobertura forestal en el país.

El diputado Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo (PT), explicó que la iniciativa busca subsanar las penas limitadas que existen actualmente y enfrentar la corrupción institucional que involucra a cuerpos policíacos, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Conafor, quienes en algunos casos omiten o encubren estas prácticas.

La propuesta plantea aumentar la pena de uno a veinte años de prisión –actualmente de seis meses a nueve años– y fijar una multa de tres mil a 20 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en lugar de las cien a tres mil vigentes, para quien realice desmonte, tala, derribo o destrucción de árboles en áreas verdes, terrenos forestales, selvas o zonas con vegetación natural sin autorización.

El proyecto también propone que cuando la tala ilegal ocurra en Áreas Naturales Protegidas, áreas verdes o áreas de donación, provoque pérdida de superficie forestal superior a una hectárea o involucre especies endémicas o en riesgo, la pena aumente hasta en una mitad y se establezca la reparación obligatoria del daño ambiental.

González señaló que, pese a la existencia de normas e instituciones, la tala ilegal mantiene altos niveles de impunidad y refleja una problemática en la que confluyen factores sociales, económicos, ambientales y de gobernanza.

El legislador detalló que entre los mecanismos de operación destacan el uso de permisos falsos o “blanqueados”, emitidos por ejidos o con sellos de la Conafor, así como la legalización de volúmenes de madera superiores a los autorizados. Añadió que existen casos de complicidad de autoridades locales, corrupción de personal de la Profepa y vínculos con redes criminales e industrias madereras.

Igualmente, el documento identifica limitaciones institucionales. Señala que la Profepa carece de capacidad para judicializar casos, ya que los delitos se reclasifican como faltas administrativas; que la Fiscalía General de la República (FGR) recibe informes deficientes que propician la liberación de detenidos y de vehículos utilizados para el transporte de madera ilegal; y que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) no cuenta con la experiencia técnica necesaria para articular una estrategia integral.

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