El Plan B de la reforma electoral no reduce los derechos ciudadanos ni atenta contra la democracia, sino que reduce los privilegios de altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina, indicó que “no es un asunto laboral, porque ojalá y los trabajadores mexicanos, la mayoría del pueblo de México tuviese esas prestaciones”. Al respecto, agregó que además de las prestaciones ordinarias, “esa burocracia dorada [del INE] cuenta cuando menos con tres privilegios”, en referencia a los sueldos multimillonarios, seguro médico y ahorro del retiro sufragado con el erario de la nación.
El jefe del Ejecutivo federal señaló que el primer privilegio consta del sueldo y los viáticos: el sueldo “está por encima de lo que gana el presidente, que es violatorio a la Constitución, al artículo 127 de la Constitución, pero como se ampararon contra la ley de austeridad mantienen esos sueldos, esos viáticos; ese es un privilegio adicional”.
En el número dos de los privilegios de los altos funcionarios INE, citó “el servicio médico privado. No es el Seguro Social, no es el ISSSTE. Por eso digo que no son los derechos que tienen los trabajadores, la mayoría de los mexicanos. El servicio médico privado cuesta sostenerlo, bueno, cuando llegamos eran siete mil millones de pesos. Nosotros lo cancelamos, pero estos institutos autónomos, que no se tocan, los mantuvieron y no se sabe a cuánto asciende este seguro médico privado”. Al respecto, el primer mandatario recordó los abusos que se han cometido en el pasado: “me consta que anteriormente se hacían hasta cirugía plástica. Una vez llevaron a un alto funcionario del Poder Judicial a un hospital para hacerle una cirugía plástica y hasta comentó su esposa al médico y a la enfermera: ‘me le deja la naricita como la del licenciado [Enrique] Peña’. Y todo esto a costillas del erario, pagado por el pueblo de México, por eso nosotros cancelamos ese servicio médico privado”.
En tercer lugar, el presidente López Obrador advirtió que los altos funcionarios del INE –entre los que estaba incluido el “señor [Edmundo] Jacobo, [y el consejero presidente] Lorenzo Córdova”– tienen un ahorro multimillonario –el seguro de separación individualizado– en el que el servidor público pone el 50 por ciento y el otro 50 por ciento se paga con el dinero del pueblo. “Se va a liquidar, y de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo son 20 días de sueldo por año de antigüedad. [Pero] no. Tienen una caja de ahorro especial en donde con el presupuesto público se les entrega una cantidad mensual que van ahorrando y este señor Jacobo ahora que va a salir se lleva todo lo que ahorró. O sea, si está ganando 160 mil pesos mensuales, puede dejar 10 mil y con el presupuesto público se le aportan otros 10 mil, ya ahorró 20 mil pesos mensuales. Cuando termina su función o lo cambian se lleva todo ese ahorro”.
López Obrador puso como ejemplo de este gasto lo que costaba al gobierno federal mantener esa caja de ahorro especial: 6 mil millones de pesos al año. Por ello, declaró que se canceló, pero los funcionarios del INE se ampararon. “¿Y dónde está todo ese dinero? En los fideicomisos. ¿Y cuánto es ese dinero? Enigma, no sabemos, y tenemos derecho todos a saberlo, ojalá y hoy aclaren esto”.
