El Plan Nacional Hídrico no busca castigar a los agricultores ni retirar concesiones de manera arbitraria, sino recuperar el control público del agua y frenar prácticas de acaparamiento y corrupción, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria respondió a versiones difundidas en medios de comunicación sobre presuntos recortes de concesiones por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y aseguró que detrás de esas críticas existen grupos empresariales inconformes con las modificaciones a la legislación hídrica. “Hay muchas empresas y grandes acaparadores de agua que no están contentos con la reforma a la ley […] y son los que promueven estas notas”.

La presidenta sostuvo que, contrario a lo señalado en algunas publicaciones, el nuevo esquema busca incentivar el uso eficiente del recurso y redistribuir volúmenes de agua que actualmente permanecen concesionados sin utilizarse.

Explicó que varios empresarios han accedido voluntariamente a devolver concesiones que no ocupaban en su totalidad para que ese recurso pueda ser utilizado por municipios o pequeños productores agrícolas. “Muchos empresarios, hay que decirlo, de buena fe han regresado concesiones que no usaban”.

La titular del Ejecutivo federal detalló que existen casos en los que empresas mantienen concesiones millonarias de agua, aunque solo utilizan una pequeña parte del volumen autorizado, mientras otras regiones enfrentan escasez.

Indicó que la sobreexplotación en zonas como el Valle de México impide otorgar nuevas concesiones si no existe disponibilidad real del recurso. “No puedes utilizar más porque se sobreexplota el recurso”.

Sheinbaum también criticó prácticas permitidas bajo el esquema anterior, donde las concesiones podían transferirse entre particulares sin supervisión suficiente de la Conagua.

Según expuso, en algunos casos las concesiones destinadas originalmente a riego agrícola terminaban siendo utilizadas para desarrollos inmobiliarios sin que se reportara adecuadamente el cambio de uso.

“Se vendían las concesiones de uno a otro”, afirmó la presidenta, al señalar que algunos desarrolladores obtenían beneficios económicos sin pagar correctamente por el agua utilizada.

Además, denunció que ciertas empresas creaban nuevas razones sociales cada año para evitar pagos relacionados con el uso del agua, mecanismo que actualmente está siendo investigado por la Conagua. “Eso lo está descubriendo ahora la Conagua”.

Sheinbaum sostuvo que el nuevo ordenamiento hídrico busca revertir años de privatización y concentración del recurso en beneficio de grupos particulares. “Se recupera la rectoría de un recurso tan importante para la nación como el agua”.

La primera mandataria agregó que las nuevas reglas ya han permitido otorgar concesiones de pozos a pequeños productores agrícolas que anteriormente no podían acceder al recurso, así como entregar directamente concesiones de agua a municipios como Tijuana y Mexicali, con lo que se evitan intermediarios privados.

De igual manera, aseguró que las medidas impulsadas por el gobierno federal buscan administrar el agua de forma “honesta” y con un criterio de interés público. “Se está poniendo orden, se está administrando de manera honesta y hay muchos que no les gusta”.

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