Aunque la Constitución Mexicana establece que ningún servidor público podrá ganar más que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el Poder Judicial de la Federación se exceden los límites salariales en 2 mil 167 millones 352 mil 603 pesos anuales. De acuerdo con un análisis de la ministra Lenia Batres Guadarrama, ese recurso beneficia indebidamente a 2 mil 377 altos funcionarios del PJF –cifra que representan el 4.4 por ciento de la plantilla laboral judicial–, y a los que se les pagan –con dinero público– desde los anteojos y los alimentos, hasta los bonos de “riesgo” que creó Felipe Calderón
El Poder Judicial de la Federación excede los límites salariales que marca la Constitución Política de México en 2 mil 167 millones 352 mil 603 pesos anuales, de acuerdo con un análisis hecho por la ministra Lenia Batres Guadarrama. La juzgadora denuncia que, aunque la Carta Magna establece que ningún servidor público podrá ganar más que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el PJF, 2 mil 377 funcionarios tienen sueldos y prestaciones superiores a la de la primera mandataria. Y es que se les paga con dinero público desde los anteojos y los alimentos, hasta los bonos de “riesgo” que creó Felipe Calderón como incentivo para funcionarios de alto nivel.
Al respecto, el análisis de su ponencia refiere que el sobrecosto en sueldos y prestaciones de lujo beneficia al 4.4 por ciento del personal judicial, pues la mayoría – 51 mil 360– no percibe más dinero que la presidenta de la República.
En el desglose de los datos, el estudio de la ministra Batres Guadarrama refiere que la en Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sobrecosto en sueldos y prestaciones –que podría convertirse en ahorros si se respetara la Constitución– es de 103 millones 986 mil 995 pesos, y beneficia 241 funcionarios, de una plantilla de 3 mil 772 personas; esto es el 6.4 por ciento del personal.
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los pagos en exceso por los mismos conceptos suman 105 millones 757 mil 807 pesos, y privilegian a 189 servidores públicos de un total de 1 mil 558; es decir, el 12.1 por ciento.
Y en el Consejo de la Judicatura Federal –que abarca a los tribunales colegiados y juzgados de distrito, el pago en exceso asciende anualmente a 1 mil 957 millones 607 mil 804 pesos, en beneficio de 1 mil 947 servidores públicos, de una nómina total de 9 mil 407 funcionarios judiciales.
Fuente: ministra Lenia Batres Guadarrama
Al respecto, Lenia Batres, también conocida como la Ministra del Pueblo, denunció –en una conferencia virtual del 22 de abril por la noche– que, 15 años después de la reforma constitucional que estableció el límite salarial para el servicio público de que ningún funcionario puede ganar más que la persona que ocupa la Presidencia de la República, “actualmente hay 2 mil 559 personas servidoras públicas de la Federación que reciben una remuneración mayor a la de la presidenta de la República”.
Al respecto, detalló, 182 servidores públicos están en organismos constitucionales autónomos –INE, Inegi y Banco de México–, y 2 mil 377 están en el Poder Judicial. “Estamos hablando de las personas juzgadoras, pero también de la alta burocracia del Poder Judicial […]; es decir, no tenía, nunca tuvo por qué no habérseles disminuido la remuneración incluso durante su ejercicio a quien no era persona juzgadora”.
La maestra en derecho –y quien competirá con el número 03 en la próxima elección judicial del 1 de junio por presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación– señaló que desde los subdirectores de área perciben una remuneración mayor que la de la presidenta de la República.
Al respecto, denunció que cuando se aprobó la reforma constitucional del límite salarial, en 2009, la remuneración del presidente de la República ascendía a 152 mil pesos. Pero 5 meses después, en enero de 2010, subió la remuneración 100 mil pesos más, para alcanzar más de 252 mil pesos. “Es decir, cuando se aprueba la reforma, se aprueba con 152 mil, pero cuando entra en vigor, el límite constitucional fue de 252 mil. Ni así el Poder Judicial hizo un intento de acercarse a ese límite constitucional, y lo que hizo fue aumentarlo todavía más, pasando en ese momento a 365 mil nada más la parte del sueldo, que es lo que se recibe en efectivo”.
En ese monto de 365 mil pesos mensuales, indicó Batres Guadarrama, no estaban contabilizadas las prestaciones. Asimismo, denunció que la cifra siguió subiendo hasta 2019, cuando alcanzó su máximo histórico de 388 mil pesos al mes, más las prestaciones. “Por eso se llegó a decir que alcanzaba cerca de 700 mil pesos junto con prestaciones, cosa que fue cierta. Bajó en 2019 con una presión muy fuerte, por la disminución también de la remuneración del presidente de la República [Andrés Manuel López Obrador], pero vuelve a su tendencia: a subir; y por supuesto en ningún momento ha tenido la intención de sujetarse al límite constitucional establecido en el artículo 127”.
Acerca del monto excedente en el PJF de los límites salariales –por 2 mil 167 millones 352 mil 603 pesos anuales–, la ministra Batres Guadarrama informó que su ponencia hizo la cuenta, “porque de repente se pierde de vista [el tamaño del problema], y llegamos a tener conversaciones en las discusiones de la propia Corte… Tuvimos ahora en diciembre que estuvimos discutiendo sobre el presupuesto de 2025, y yo insistía, por supuesto, en que los ministros, las ministras estábamos obligados a ganar menos que lo que se establece en el presupuesto para la persona titular de la Presidencia, y fíjense, tuvimos que hacer la cuenta porque se me insiste en que es muy poquito, que no hay tal ahorro, que para qué se hace”.
Y agregó que ella ha tenido que insistir en que cumplir con la Constitución y con la austeridad “sí constituye un ahorro muy fuerte; que nada más lo que su servidora devolvió estaba entonces, hasta diciembre del año pasado, era cerca de 1 millón 400 mil pesos que había devuelto en efectivo, porque yo me había comprometido a ganar lo que dice la Constitución, menos de lo establecido para la presidenta de la República; y, además, no sólo devolví esa cantidad, sino dejé de obtener prestaciones, todas estas prestaciones extraordinarias de pago de 85 mil pesos para comida, más estos pagos de los seguros de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizada, que están expresamente prohibidos por la Ley Federal de Austeridad Republicana para las personas servidoras públicas. No lo recibí, y por lo tanto también dejé de percibir prestaciones por un monto de más de 2 millones de pesos”.
La Ministra del Pueblo calcula el ahorro de su ponencia en unos 15 millones de pesos, pues además de lo que ella –en lo individual– ha devuelto a la Tesorería de la Federación, su equipo de trabajo –integrado por 79 abogadas y abogados, casi todos provenientes de escuelas públicas– también se ajustó a lo que marca la Constitución. “Yo les pedí –cuando se fueron incorporando– que me ayudaran, que diéramos un buen ejemplo y que no aceptaran ningún tipo de prestación prohibida por la ley”.
Entre esos 79 funcionarios, detalló, se encuentran “alrededor de nueve secretarios de estudio y cuenta, que trabajan los proyectos, que me ayudan a analizar los expedientes y con los que discuto permanentemente en los proyectos de sentencia que vamos a presentar, tanto en la en la Segunda Sala como en el Pleno de la Corte. Hasta ahora llevamos más de 500 sentencias aprobadas por estas dos instancias de la propia Corte”.
PJF, la nómina más cara del país
La jurista afirmó que “buena parte del altísimo costo que tiene actualmente el Poder Judicial de la Federación se debe a que paga la nómina más cara de todos los Poderes públicos, y de todos los entes públicos de nuestro país, locales y federales. Me refiero a que actualmente sabemos nosotros que hay un límite constitucional en el pago de remuneraciones a las personas servidoras públicas que corresponde, como dice nuestro artículo 127 constitucional, a que no pueden superar más de lo que percibe la persona titular de la Presidencia de la República. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial de la Federación, lo excede y en algunos casos con mucho”.
Batres Guadarrama acusó que, en 2024, los ministros y ministras de la Corte cobraron más de 7 millones de pesos, mientras que el presidente López Obrador y la parte proporcional de la presidenta Sheinbaum cobraron 2 millones 730 mil pesos, casi una tercera parte respecto de la cúpula judicial.
Al respecto, añadió que, de acuerdo con el artículo 127 constitucional, las remuneraciones que perciben las personas servidoras públicas se integran del sueldo –que es la parte que se recibe en efectivo– y de las prestaciones ordinarias y adicionales de carácter extraordinario.
Acerca de las prestaciones ordinarias para el caso de ministras y ministros de la Corte, la maestra en derecho señaló que se pagan con dinero público: seguro de separación individualizado, seguro de gastos médicos mayores, pago de riesgo, prestaciones que el presidente o la presidenta no reciben.
Además, dijo la ministra Lenia Batres, hay pagos con cargo al erario de la nación como: “apoyo al comedor, anteojos, gastos de alimentación –se le paga a cada ministro 85 mil pesos al mes, monto de 2024–, gasolina, teléfono celular”.
También se les paga con dinero del pueblo: “medicamentos no cubiertos por el seguro, capacitación y becas que era para los ministros, prácticamente una colegiatura abierta para cualquier institución pública, privada, mexicana o extranjera, en línea o presencial. Y lo que nosotros observamos, o por lo menos esa fue la cuenta que hicimos, sobre la base de colegiaturas de 25 mil pesos al mes, que hemos observado que se pagan para esta capacitación y becas”.
Por ello, Lenia Batres acusó que, “en total, contabilizamos esta cantidad al mes: 595 mil 102 pesos, lo que cobra o cobró un ministro en 2024. Lo convertimos aquí para hacerlo comparable con lo que cobran en otros países o similares, lo convertimos en salarios mínimos y observamos que respecto del salario mínimo de 2024, un ministro cobró 80 salarios mínimos mexicanos, mientras que uno brasileño cobró 31, chileno 22, estadunidense 15, español 13, canadiense nueve y del Reino Unido nueve salarios mínimos”.
Resistencia a devolver el dinero de los fideicomisos
En su conferencia, la Ministra del Pueblo también criticó la resistencia del Poder Judicial a devolver a la Tesorería de la Federación el dinero de los fideicomisos.
“Hay un enorme gasto que se hace en estos fideicomisos que se crearon de manera irregular, porque finalmente el Poder Judicial no hace obra pública; por lo menos, no se dedica a eso, si bien ha llegado a tener que construir algún tipo de recinto, sobre todo juzgados, obviamente, pero se entiende que no es su trabajo principal, en todo caso es accesorio y tampoco se ha dedicado– y ahí sí no ejerce un solo peso en el pago de derechos sociales, es decir, algún tipo de prestación o previsión social. Por lo cual, estas que son las dos justificaciones actuales por ley para crear un fideicomiso no han existido en el caso del Poder Judicial”, indicó.
La maestra en derecho señaló que el dinero que se ha integrado al margen de la ley en los fideicomisos es una especie de ahorro de recursos “provenientes del único medio de ingresos que tiene el Poder Judicial, que son los recursos presupuestales, violentando una obligación señalada en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice que al finalizar el ejercicio fiscal correspondiente tienen que devolverse los remanentes de lo que sobró del presupuesto a la Tesorería de la Federación. Y el Poder Judicial se ha abstenido de hacerlo, y en lugar de regresarlos, resulta que los depositan en estas cuentas que son una especie de cuentas de ahorro”.
Al respecto, Batres Guadarrama indicó que, a julio de 2024, esas cuentas tenían un saldo de 23 mil 967 millones de pesos. “Ya en diciembre eran más de 25 mil millones. Bueno, el Poder Judicial ha accedido hasta la fecha en devolver uno solo de los fideicomisos, no obstante que en dos momentos se le ha ordenado por parte del Poder Legislativo, que es el que ordena el presupuesto de nuestro país, le ordenó en 2023 al Poder Judicial que entregara estos recursos, quería el Poder Legislativo que se utilizaran en resarcir los daños ocasionados por el huracán Otis en el estado de Guerrero, sobre todo que dañaron al puerto de Acapulco y generó una devastación tremenda en la infraestructura turística de nuestro país. No se quisieron devolver los recursos”.
La única ministra de la Corte que se ha negado a violar la Constitución en materia del sueldo recordó que el Poder Legislativo volvió a ordenar la extinción de los fideicomisos como parte de la reforma constitucional judicial, en un artículo transitorio. “Pero tampoco se ha querido obedecer esta normativa y se entregaron nada más los fondos correspondientes a un fideicomiso; y a través del litigio, porque resulta que a pesar de tratarse una reforma constitucional y que nuestra propia Constitución ahora dice que no procede el juicio de amparo contra reformas constitucionales, hay muchos jueces que han admitido demandas de amparo y que, incluso, han otorgado la suspensión para efectos de que no se entreguen estos recursos”.
Por ello, consideró que lo que se ha vivido es un forcejeo por estos recursos, “pero ya se ordenó a Nafin, y Nafin ha devuelto parte de cinco fideicomisos a la Tesorería de la Federación. Todavía falta cerca de la mitad de los recursos por devolver porque son recursos del pueblo mexicano, no propiedad del poder judicial”.
Nepotismo, otro pendiente
La ministra Lenia Batres apuntó que otra falencia del Poder Judicial es el nepotismo. “Un consejero de la Judicatura federal hizo un estudio que publicó en 2018, y encontró estos datos: 501 jueces y magistrados que habían contratado de manera directa –porque eso es el nepotismo– a su esposa, hijos, papá, sobrinos, tíos, cuñados y hasta su suegra. Además, este consejero denunciaba que 7 mil 649 personas servidoras públicas compartían el mismo espacio laboral con algún familiar”.
Agregó que tras la revelación de estos hallazgos, en 2022 el propio Consejo de la Judicatura Federal ordenó que se hiciera un estudio oficial, “y el dato que encontró fue muchísimo peor, porque de las cerca de 55 mil personas servidoras públicas que conforman al Poder Judicial, se documentó que el 49 por ciento, casi la mitad, reportaba tener dos familiares en el propio Poder Judicial, es decir, casi que eran parientes en esa proporción; y 23.8 por ciento reportaba incluso más de cuatro familiares”.
En ese mismo estudio, indicó Batres Guadarrama, se dio cuenta de que “una sola familia tenía 65 integrantes formando parte del propio Poder Judicial de la Federación. Estos datos se explican porque, durante mucho tiempo, la única forma de ingresar al Poder Judicial era a través de la contratación directa que hacían jueces y magistrados del personal en su propio juzgado o tribunal. Y estuvieron contratándose familiares, y no hubo ninguna vigilancia, ninguna advertencia”.
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