Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias R1, presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tuvo “una participación directa en la decisión, planeación y financiamiento” del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ello debido a que la organización criminal asumió que había una “provocación” por parte del edil, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Durante la conferencia presidencial, el funcionario detalló que el operativo para lograr la captura del líder de Los Rs se realizó en Atotonilco El Alto, Jalisco, donde elementos de fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la SSPC detuvieron a Ramón Ángel y a su acompañante de nombre Jesús Salvador, alias Chuy.
Indicó que durante la intervención los agentes fueron agredidos por integrantes del círculo de seguridad del presunto líder criminal, por lo que repelieron el ataque; producto de ese enfrentamiento, uno de los agresores falleció en el lugar.
“Esta operación forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y representa un avance significativo en el debilitamiento de una de las estructuras criminales más violentas del país”, afirmó García Harfuch.
Explicó que la célula encabezada por R1 mantenía presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, en Michoacán, además de la zona metropolitana de Guadalajara, Valle de Juárez y otras regiones de Jalisco.
Además, coordinaba rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos y se le relaciona con delitos como homicidios y agresiones contra grupos rivales. En Michoacán, el grupo mantenía redes locales de apoyo para controlar corredores carreteros, rutas logísticas y ampliar su presencia territorial mediante el uso de armamento de alto poder.
Entre sus principales fuentes de financiamiento se encontraban el tráfico de drogas, la extorsión y el cobro de piso a productores de limón y aguacate; ganaderos, comerciantes, transportistas y otros sectores productivos.
El secretario de Seguridad recordó que Ramón Ángel “ha sido considerado durante años como operador relevante” del CJNG. En marzo de 2012 fue señalado como uno de los responsables de coordinar la jornada de violencia registrada en la zona metropolitana de Guadalajara y Colima, cuando se realizaron bloqueos carreteros con quema de vehículos de transporte público y de carga en respuesta a un operativo militar para detener a Erick Valencia Salazar, alias 85, cofundador del Cártel Jalisco, quien posteriormente fue declarado culpable en Estados Unidos.
Desde ese mismo año, dijo, Ramón Ángel y sus hermanos fueron identificados como operadores relevantes de la organización criminal, “relacionados con actos violentos para proteger los intereses del grupo y obstaculizar las acciones de las autoridades”.
“Aunque fueron detenidos en 2012 y recuperaron su libertad en 2022, las investigaciones permitieron establecer que continuaron participando en actividades delictivas”, reveló.
El funcionario precisó que R1 perteneció originalmente a Los Cuinis, brazo financiero del CJNG, hasta su primera captura por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Precisó que gracias a la información obtenida en operaciones desarrolladas durante 2026 se pudo confirmar su regreso a distintas actividades delictivas como suministro de armas, tráfico de drogas, extorsión, cobro de piso y la coordinación de diversos hechos violentos.
El titular de la SSPC explicó que una parte importante de la investigación permitió acreditar la presunta responsabilidad de R1 como principal autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Indicó que hasta el momento 31 personas han sido detenidas y vinculadas a proceso por su participación en la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen.
Entre los detenidos, dijo, se encuentran “autores materiales, autores intelectuales, reclutadores, operadores logísticos, colaboradores de la organización criminal y personas que proporcionaron información o apoyo para la ejecución del ataque y el posterior encubrimiento de los responsables”.
Finalmente, García Harfuch señaló que con la detención del presunto líder criminal “se combate la impunidad y permite brindar justicia a su familia y al pueblo de Uruapan”, al tiempo que aseguró que una detención de este tipo permite el “desmantelamiento progresivo de una estructura criminal que durante años generó violencia, coordinó actividades de tráfico de droga, extorsionó a sectores productivos y mantuvo redes de apoyo para garantizar su operación”.
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