El Tribunal de Disciplina Judicial debería informar de manera clara y transparente cuáles serán los criterios de evaluación y las sanciones aplicables a los y las juzgadoras que incurran en alguna irregularidad o acto de corrupción, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su conferencia matutina, la primera mandataria destacó la importancia del trabajo del nuevo Tribunal –antes Consejo de la Judicatura Federal–, especialmente tras la reciente elección del Poder Judicial. Ello, porque este órgano tiene la facultad de garantizar que jueces, juezas, magistrados y magistradas actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley.
Además,el Tribunal tendrá la responsabilidad de vigilar y sancionar a las y los juzgadores. Entre sus atribuciones se incluye la posibilidad de solicitar juicios políticos y presentar denuncias penales ante el Ministerio Público, cuando se identifiquen conductas indebidas.
En este sentido, la presidenta enfatizó que es indispensable que el Tribunal cuente con un esquema que considere las leyes vigentes y sus recientes modificaciones para evaluar y sancionar adecuadamente a los jueces.
También subrayó la necesidad de definir claramente frente a quién puede presentarse una denuncia, a fin de garantizar que los procedimientos sean accesibles y efectivos.
“Si un juez actúa mal o presuntamente actuó mal este Tribunal tiene que determinar cuáles son las sanciones o cual es la investigación que se hace y los criterios de investigación para poder sancionar a un juez”, afirmó la presidenta Sheinbaum Pardo.
Asimismo, resaltó la importancia de que el Tribunal haga públicos tanto los criterios de evaluación como las sanciones que aplicará a través de un reglamento formal, con el objetivo de evitar la subjetividad y fortalecer la confianza ciudadana en la justicia.
El Tribunal de Disciplina Judicial está integrado por Celia Maya García, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Indira Isabel García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar, quienes serán responsables de aplicar estas medidas y garantizar la transparencia en el Poder Judicial.
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