Durante mucho tiempo, el presupuesto público estuvo capturado por intereses privados. Esto se reflejó en contrataciones desventajosas, asociaciones público-privadas (APP) y proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas)–sobre todo en el sector energético–, con un alto costo para el erario nacional, criticó Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante su participación en el coloquio internacional “La transformación democrática en disputa” –del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS)–,puntualizó que, durante 20 años, el presupuesto de gasto público estuvo amañado a favor de los intereses del sector privado, lo cual le fue quitando progresivamente flexibilidad al gobierno para realizar sus propias estrategias.
El secretario de Hacienda señaló que los proyectos de infraestructura fueron cedidos al sector privado con un costo excesivamente elevado para el gasto público, debido a que muchas asociaciones público-privadas acabaron financiándose con la banca de desarrollo. Un ejemplo fue la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Agregó que, en contraposición a aquellas prácticas, el actual gobierno –encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador– ya no genera un “apalancamiento” de esa naturaleza: “la capacidad de deuda que tiene el Estado ya no se usa para el beneficio de intereses privados, en específico, grupos especiales de interés, sino se usa para el interés general”.
El gobierno actual, dijo, se enfoca “en la responsabilidad del Estado para hacer la obra pública y no tener que llevarla a los financiamientos privados porque se encarece mucho”. Desde el Auditorio “Alfonso Caso”, Rogelio Ramírez de la O enfatizó que con el financiamiento privado se comprometen las concesiones hasta por decenios de años. A la larga, le quita al Estado “la posibilidad de capturar los beneficios de la inversión pública inicial y socializar esos beneficios en términos de capturar una renta, tener un beneficio y poder asignarlo”.
Por ello, explicó que la actual administración federal ha logrado garantizar beneficios sociales. Asimismo, señaló que ha contribuido de manera directa a la población, como el aumento al salario mínimo, la suspensión en el proceso de subcontratar a personal en tareas o áreas de una empresa a proveedores externos [outsourcing], democratización sindical o la regulación del trabajo a distancia.
Igualmente, agregó que gracias a una política nacionalista, la administración federal ha logrado alcanzar el financiamiento permanente de los programas sociales, así como del apoyo a la salud.
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