El delito de corrupción inmobiliaria podría ser incorporado al catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, debido a su gravedad. Esto ocurriría en caso de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa presentada por el diputado del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, quien impulsa la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el documento, el legislador explicó que la finalidad es impedir que los responsables evadan la justicia. “Es indispensable cerrar el paso a quienes, en complicidad con funcionarios deshonestos, abusan del patrimonio de las familias y se enriquecen mediante prácticas ilegales que afectan directamente el derecho a una vivienda digna”, señaló.
De acuerdo con la iniciativa, la corrupción inmobiliaria se manifiesta en la colusión entre servidores públicos y desarrolladores, cuando facilitan la adjudicación directa de cambios de uso de suelo; la compraventa ilegal de tierras ejidales; construcciones sin permisos; y la comercialización de inmuebles sin la infraestructura adecuada o fuera del marco legal.
“El fenómeno fomenta la gentrificación, el desplazamiento y la desigualdad social. No sólo implica un desfalco de millones de pesos en contratos con inmobiliarias, sino que también agrava los problemas de abastecimiento de recursos”, advirtió Mejía Berdeja, al referirse a los conflictos de vivienda ya presentes en la Ciudad de México.
De acuerdo con el legislador, muchas denuncias por despojo en la capital tienen su origen en disputas familiares por patrimonio compartido, o en transacciones irregulares realizadas por funcionarios y operadores jurídicos. Asimismo, se prevé que aumenten debido al encarecimiento de la vivienda.
Mejía Berdeja destacó que las comunidades más afectadas son, en su mayoría, mujeres jefas de familia y personas mayores, quienes carecen de recursos para defender el derecho a una vivienda digna. La ausencia de títulos de propiedad agrava su vulnerabilidad frente a despojos y desplazamientos, además de limitar el acceso a una representación legal adecuada.
De igual manera, la iniciativa establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo máximo de 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para adecuar el Código Nacional de Procedimientos Penales e incluir este delito. También, dispone que los servidores públicos y particulares que hayan incurrido en las conductas señaladas –hasta 180 días antes de la promulgación– quedarán sujetos a investigación.
Por otra parte, en un plazo de 180 días, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, deberán emitir lineamientos para capacitar al personal de obras, de procuración de justicia y del notariado en materia de corrupción inmobiliaria. La FGR tendrá que presentar un informe público anual sobre los casos iniciados, las sanciones aplicadas y los mecanismos de prevención implementados.
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