El pueblo maya Homún volvió a protestar en contra de la instalación de la mega granja porcícola propiedad de la empresa PAPO, pues advirtió que el gobierno de Yucatán la avala y apoya. Ello, a pesar de los recursos legales interpuestos por ellos para que se cancele el proyecto.
La población maya indicó que, el 6 de julio pasado, la empresa PAPO presentó al juez segundo de distrito Rogelio Leal Mota un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), en el cual la directora jurídica, Karen Aguirre Bates, afirma que la instalación de la megagranja “cuenta con los elementos suficientes para alcanzar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descargas contaminantes”.
Dicho recurso, denuncia la población de Homún, se usó para solicitar la revocación de la suspensión de la mega granja.
Ante esto el juez segundo ha fijado el 5 de agosto de 2021 la audiencia para decidir si lo alegado por PAPO es procedente y, con base en esto, revocar o mantener la suspensión de la granja.
Los indígenas acusan que el juez Rogelio Leal Mota ya ha emitido resoluciones favorables a la granja en otro juicio, por lo que expresan preocupación a la resolución favorable.
El poblado de Homún ha expresado su rechazo a la mega granja desde 2018, por tratarse de “una industria porcina que viola los derechos del pueblo maya, afecta al medio ambiente y pone en riesgo el derecho a la salud y el agua de la población”.
A su causa se han sumado también los pueblos mayas de Celestún, San Fernando, Kinchil, Chapab, Sitilpech.
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