En punto de las 14:30 horas, la Cámara de Diputados recibió este martes la iniciativa de reforma en materia electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual propone modificar 11 artículos de la Constitución, con el objetivo de reducir el número de curules en el Senado de la República, recortar el financiamiento a partidos políticos y establecer nuevas reglas de fiscalización para prohibir el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas en procesos electorales.

La propuesta fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, misma que será turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral para iniciar el proceso legislativo. Sin embargo, previo a que el Congreso de la Unión comience con la discusión, ya se evidencian ciertas diferencias al interior de la coalición Morena-PT-PVEM en torno a la iniciativa.

El documento confirma la intención de reducir el número de senadurías, al pasar de 128 a 96, lo que implicaría la eliminación de 32 escaños de representación proporcional asignados mediante el sistema de listas por circunscripción. Y es que, de acuerdo con la exposición de motivos, el nuevo modelo busca que la participación de la ciudadanía en los procesos democráticos “no se limite a una función meramente electoral, sino que se constituya como un sujeto activo dentro del proceso democrático”.

En el caso de la Cámara de Diputados, la iniciativa mantiene el principio de representación proporcional, pero modifica el mecanismo de asignación de las 200 curules plurinominales. Se propone eliminar el actual sistema de listas regionales cerradas –definidas por las dirigencias partidistas– y sustituirlo por un esquema mixto; es decir, 100 diputaciones se asignarían a los segundos mejores lugares en votación distrital que no hayan obtenido el triunfo, y las otras 100 serían electas por votación directa en las circunscripciones regionales, lo que incluye las candidaturas de mexicanos residentes en el extranjero.

Y es que, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, el objetivo de todo lo anterior es que la representación proporcional no sea resultado de decisiones cupulares, sino que tenga mayor vínculo con la voluntad ciudadana y así se fortalezca la democracia ciudadana.

Recorte al financiamiento y control de recursos ilícitos

El proyecto también plantea reducir en 25 por ciento el financiamiento ordinario a los partidos políticos como parte de una política de austeridad electoral. Asimismo, la iniciativa prohíbe expresamente que precandidaturas, candidaturas o candidaturas independientes se financien u operen con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas o del extranjero.

Con estas medidas, el Ejecutivo federal sostiene que se busca dejar atrás un sistema de privilegios en el aparato electoral y en los partidos políticos. De aprobarse la reforma, los ahorros estimados ascenderían a casi 5 mil 500 millones de pesos: alrededor de 3 mil 725 millones en el Instituto Nacional Electoral (INE) y más de 1 mil 900 millones en el financiamiento a los institutos políticos.

Sin embargo, las resistencias al interior de distintas bancadas siguen estando presentes. Ante ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, aseguró un día antes que no habrá “fast track” en la discusión de la reforma. Con ello, explicó que la iniciativa fue revisada en una reunión prolongada para afinar su redacción antes de ser enviada formalmente a la Cámara de Diputados como Cámara de origen.

“Tendremos un espacio de varios días para el dictamen, y luego tendremos la posibilidad de discutir y deliberar el contenido en las comisiones, en el plazo que la Ley establece. No habrá ‘fast track’, no habrá ninguna decisión apresurada”.

De esta manera, Monreal sostuvo que el análisis se realizará conforme a los tiempos legales y a los acuerdos de la Jucopo, y que habrá un debate “racional, civilizado, sensato y serio” sobre el contenido de la iniciativa presidencial.

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