La reforma al Código Penal Federal y a la Ley de Propiedad Industrial no busca sancionar memes, sátira o críticas al gobierno, sino el uso de identidad gráfica, dominios o documentos oficiales para suplantar a instituciones públicas con la intención de cometer un delito, explicó la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde Luján.

Durante la conferencia presidencial, Alcalde señaló que la modificación establece penas de uno a cinco años de prisión y una multa de 1 mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial elementos de identidad institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones de los tres órdenes de gobierno para inducir a error o engaño y cometer un ilícito.

La funcionaria hizo esta precisión después de que algunos medios presentaran la reforma como una medida que podría limitar los memes o la crítica al gobierno.

Al explicar los alcances del Artículo 403 Bis, Alcalde reiteró que, para configurar este delito, debe existir la intención de engañar a una persona mediante la suplantación de una institución pública.

Como ejemplo, mencionó páginas de internet que suplantan a funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para ofrecer supuestos recálculos de pensiones a cambio de depósitos. También señaló sitios que utilizan la identidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar dinero con el argumento de regularizar alguna situación. “Tiene que haber la intención de inducir al engaño o al error, la intención de cometer un ilícito y de hacerte pasar por el gobierno”, explicó.

La consejera jurídica agregó que la reforma también busca atender casos en los que se utilicen herramientas de inteligencia artificial para suplantar a funcionarios y cometer fraudes.

Sobre estos casos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó videos generados con esa tecnología en los que supuestamente aparece el director del IMSS difundiendo información falsa, así como grabaciones que utilizan la imagen de la mandataria para promover inversiones inexistentes relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex).

La titular del Ejecutivo federal señaló que estas conductas no estaban tipificadas de manera específica y que la modificación busca establecer un instrumento jurídico para sancionarlas y, cuando corresponda, permitir que se busque la devolución del dinero a las personas afectadas.