El fraude en Seguridad Alimentaria de México (Segalmex) no asciende a 15 mil millones de pesos como algunos medios de comunicación han asegurado, indicó el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino. En la conferencia presidencial, expuso que las observaciones son consideradas daños patrimoniales hasta que se agotan todas las instancias para su aclaración, y muchas de esas observaciones se encuentran aún en etapa de aclaración.
Asimismo, indicó que es incorrecto sumar las cifras observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en diferentes cuentas públicas, incluida la de 2021, porque el proceso de auditorías aún no concluye y eso significa que se pueden aclarar los gastos.
Al informar sobre el avance en la solventación de las observaciones determinadas por esta dependencia y por el órgano auditor superior a Seguridad Alimentaria de México (Segalmex), Liconsa y Diconsa, Salcedo Aquino explicó que los trabajos de fiscalización a las cuentas públicas de 2019 y 2020 derivaron en observaciones por 9 mil 500 millones de pesos (6 mil millones fueron señalados por la Función Pública y 3 mil 500 millones por la ASF).
El funcionario federal agregó que de los 6 mil millones que observó la Función Pública, a la fecha se ha recibido información acerca de 2 mil millones de pesos. Y que las evidencias adicionales se analizan caso por caso. Ello, con el objetivo de esclarecer el motivo de las observaciones: si fue porque en su momento no se presentaron los documentos justificativos y comprobatorios del gasto, o porque corresponden a presuntas irregularidades que pueden constituir faltas administrativas o actos delictivos, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En total, suma más de 1 millón 200 mil documentos los entregados por Segalmex, Liconsa y Diconsa para tratar de aclarar los gastos.
Respecto de las observaciones de la ASF, aseguró que también se han proporcionado evidencias de los gastos. Por ello, consideró que el monto observado por ambas instancias de 9 mil 500 millones de pesos podría reducirse sustancialmente.
El secretario Salcedo Aquino explicó que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que la institución auditada debe aclarar, y ése es el proceso en el que actualmente se encuentran los casos de Segalmex, Liconsa y Diconsa.
Además indicó que se abrirán investigaciones por todo el dinero que no se aclare. Estas indagatorias determinarán si existieron faltas administrativas graves, que serían turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o probables hechos ilícitos que, en su caso, se convertirán en denuncias penales.
Finalmente, expuso que las observaciones son conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista y que requieren mayor información, evidencias, aclaraciones y precisiones para solventarlas o para dejar en firme una presunta responsabilidad.
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