La empresa de seguridad privada CAMSA, SA de CV, perderá su permiso y se le impondrá una multa económica, pues se le considera responsable por las condiciones en las que se desarrolló el incendio del pasado 27 de marzo, que cobró la vida de 39 migrantes y lesionó a otros 28. Ello, porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) comenzó el proceso administrativo sancionador contra la encargada de custodiar la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La secretaria Rosa Icela Rodríguez explicó que la acción administrativa contra la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA es paralela a la investigación penal que lleva la Fiscalía General de la República. Además, aseguró que la empresa ingresó su solicitud de registro ante la Dirección General de Seguridad Privada el 3 de septiembre de 2020, con autorización vigente a febrero de 2024.
De la revisión del expediente, indicó, se determinó una primera irregularidad, pues la empresa sólo tenía registrados cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, pero el contrato con el Instituto Nacional de Migración (INM) era por 503 custodios. “La empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales, que está obligada a rendir, no reportó altas o bajas del personal”.
Por ello, dijo, se solicitó al INM rescindir el contrato y, a partir de las próximas horas, elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) asumirán las labores de seguridad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez. La secretaria de Seguridad afirmó que no habrá impunidad en este caso.
También explicó que el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, y un equipo de la SSPC continúan en Ciudad Juárez, donde han visitado a las víctimas hospitalizadas y se coordinan con todas las instituciones que participan en el caso.
Asimismo, personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) fue desplegado en el municipio y se estableció comunicación con el Instituto Nacional de Migración para coordinar la logística y conocer las condiciones existentes en materia de protección civil en la estancia provisional de la estación migratoria.
La secretaria Rosa Icela Rodríguez indicó que la prioridad es atender a los heridos, por lo que el personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del hospital general del estado y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recomendó no mover a las víctimas, pues reciben la atención necesaria.
Respecto de los 39 fallecidos, dijo que se iniciará un proceso para lograr la reparación del daño a sus familiares. “Sabemos que el dolor y la tristeza que genera la pérdida de vidas no se supera jamás con esta acción, sin embargo, es nuestra obligación institucional y moral proteger a las familias de las víctimas”.
Asimismo, informó que hay una mesa de trabajo con personal del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que hay representantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela para apoyar en todos los trámites que se requieran para las víctimas y sus familias.
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