Con 92 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto para abrogar la Ley sobre Delitos de Imprenta, que data del 12 de abril de 1917 cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con los legisladores, dicha legislación atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos.
Ello, porque limita, de forma evidente y grave, el goce y ejercicio de los derechos de libertad de expresión, opinión e imprenta advirtieron las y los senadores en el dictamen. Con su derogación se busca garantizar que todas las personas disfruten de sus derechos humanos, con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Al respecto, el senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, consideró que es inadmisible cualquier regresión a los derechos fundamentales; “por eso, frente a cualquier intento de establecer penalidades a la injuria o a la expresión contra alguna autoridad, nosotros lo que estamos haciendo es derogar esta Ley, para que nadie se vea tentado a aplicar disposiciones que son obsoletas, absurdas, contrarias al principio de progresividad que establece la Constitución”.
En tribuna, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, consideró que la Ley sobre Delitos de Imprenta ya no tiene cabida en el orden jurídico nacional, por tratarse de un marco normativo que restringe injustificadamente el ejercicio de libertad de expresión, opinión y de imprenta.
Recordó que la ley fue publicada antes de la Constitución Política de 1917, por lo que no sólo ha dejado de responder a la realidad, sino que resulta incompatible con el resto de los ordenamientos jurídicos nacionales, pues mantiene vigentes procedimientos que hace mucho tiempo fueron derogados.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, señaló que la Ley de Imprenta ya no tiene uso y resulta incompatible con el resto de las legislaciones actuales, porque contiene disposiciones que contravienen lo dispuesto en la Constitución. De seguir vigente, explicó, se mantendría en vigor una escala de tipologías de delitos que pueden dañar gravemente la libertad de expresión, prensa, opinión y manifestación de ideas.
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