Con el objetivo de combatir la violencia feminicida, el pleno del Senado aprobó –con 90 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones– el proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la general de Víctimas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De acuerdo con los legisladores, con ello se refuerza la normativa para prevenir, investigar, sancionar y obtener una reparación integral de los daños en términos de feminicidio. En ese contexto, se incluirá “una agravante al delito cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor o que tenga alguna discapacidad”, aseveró el senador Rafael Espino de la Peña, del grupo parlamentario de Morena.
Los cambios legislativos obligarán a las autoridades involucradas en investigaciones de asesinatos contra mujeres a impartir justicia con perspectiva de género. Sobre este tema, la legisladora Bertha Alicia Caraveo Camarena señaló que en 2022 se registraron 3 mil 754 muertes violentas de mujeres, pero sólo el 33.7 por ciento se investigó como feminicidio. Citó que la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que el resto se clasificó como homicidio doloso.
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