Para 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –encabezada por Edgar Amador Zamora– proyecta una compactación presupuestaria del 30 por ciento, que implica una reorganización de programas y acciones para evitar duplicidades; fortalecer la calidad del gasto; y garantizar la continuidad de los derechos sociales, indicó la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Marilyn Gómez Pozos.
Luego de que distintos medios difundieran versiones sobre un posible recorte al gasto público, aclaró que el rediseño técnico de la estructura programática –establecido en los Precriterios Generales de Política Económica (PGPE)– no implica recortar recursos públicos ni eliminar programación sociales, sino reorganizar las partidas presupuestarias.
El objetivo de la compactación presupuestaria es “rediseñar, desde una visión de integridad e integralidad política y pública, un enfoque de derechos, así como una superación de la fragmentación institucional y dispersión de las acciones del Estado”.
En conferencia de prensa, Gómez Pozos insistió en que la compactación del 30 por ciento del recurso público busca mejorar su calidad y organización. “Esta decisión mejora la toma de decisiones públicas, simplifica el gasto porque había gastos que se hacían en dos o hasta en tres lados de manera simultánea. Y tenemos que reajustar la calidad del gasto para que no se vean mermados los derechos, obviamente, de las personas. Que sea el mismo gasto, pero que esté bien ejecutado”.
Asimismo, señaló que el país cuenta con una economía sólida, lo que ha permitido mantener el presupuesto sin necesidad de contratar deuda para garantizar los programas sociales. Y destacó que los Precriterios Generales de Política Económica 2026 contemplan un aumento de recurso público para estos apoyos sociales, pues ya están reconocidos como un derecho constitucional.
“En estos precriterios se presenta una asignación de 502 mil 916 millones de pesos, es decir, poco más de 19 mil millones comparado con el presupuesto anterior para la Pensión del Bienestar de Personas Adultas Mayores. […] Y de manera general, pues destina al tema de programas de bienestar y humanismo, los derechos constitucionales ya de las mexicanas y mexicanos, por más de 1 millón 141 mil 72 millones de pesos. Esto es más de 43 mil millones que el presupuesto anterior. Obviamente, este aumento tiene que ver por el crecimiento de derechohabientes, por más programas sociales que se han implementado en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y por eso es que se ha reflejado este aumento”, sostuvo Gómez Pozos.
De igual manera, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados atribuyó esta estabilidad económica al manejo responsable de las finanzas públicas y a la reorganización impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca reforzar la integridad del gasto público y enfrentar amenazas económicas externas sin comprometer la estabilidad nacional.
En este sentido, comentó que proyectos estratégicos como los Polos de Bienestar y el Plan México han impulsado la inversión nacional y extranjera, a pesar del entorno internacional –marcado por amenazas arancelarias provenientes del gobierno de Estados Unidos–. Con ello, destacó que estos programas, junto con la solidez de los indicadores económicos, permitirán que el siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación esté alineado con las necesidades de la población y supere las previsiones adversas. “Tenemos muy buenos números para poder decir que vamos a tener un presupuesto de egresos que esté por arriba de las circunstancias que nos exigen las mexicanas y los mexicanos”, aseguró.
Por último, Gómez Pozos recordó que la ruta legislativa establece como fecha límite el 8 de septiembre para que la Secretaría de Hacienda entregue el Paquete Económico al Congreso de la Unión; el 20 de octubre para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Ingresos, y el 31 de octubre para que el Senado de la República la valide. Mientras que, el dictamen del Presupuesto de Egresos deberá estar aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública antes del 15 de noviembre, para su votación en el pleno de San Lázaro.
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