La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, responda a un pacto político con la gobernadora María Eugenia Campos Galván. “Para decirlo con absoluta claridad, la justicia está por encima incluso de la política, nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, sostuvo.

Desde Palacio Nacional, rechazó las versiones sobre una supuesta negociación con el gobierno de Chihuahua y cuestionó a los medios de comunicación que, dijo, hacen “periodismo de chisme y de ficción”. Señaló que la investigación se originó por la participación de agentes estadunidenses en un operativo en la Sierra Tarahumara y por posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

La primera mandataria recordó que, tras conocerse la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se informó de la intervención de cuatro integrantes de ese organismo en un operativo con personal de la fiscalía estatal, relacionado con un laboratorio de drogas sintéticas en El Pinal.

Al respecto, afirmó que los participantes no desmantelaron las instalaciones. Según explicó, esa actuación correspondía a la Fiscalía General de la República (FGR): “Además de que no lo hicieron, sencillamente fueron, lo vieron y se regresaron”.

Sheinbaum indicó que el gobierno federal revisó si los agentes contaban con autorización para realizar actividades en México conforme a la legislación en materia de seguridad nacional. De acuerdo con su exposición, “no tenían permiso y que habían entrado al país bajo otras consideraciones”.

A partir de esa revisión, añadió, la FGR abrió una investigación y llamó a declarar a autoridades de Chihuahua para esclarecer quién autorizó la participación de los extranjeros y en qué circunstancias se desarrolló la operación.

La presidenta distinguió las actuaciones de las fiscalías estatal y federal. Explicó que la primera solicitó a un juez una orden de aprehensión contra Jáuregui Moreno y que la FGR también procedió en el ámbito de sus atribuciones. El exfuncionario fue detenido por su probable participación en el delito de traición a la patria.

El Gabinete de Seguridad informó, en su balance de las acciones del 16, 17 y 18 de octubre de 2026, que elementos de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cumplimentaron en Chihuahua una orden de aprehensión contra un exfiscal general del estado por ese delito.

La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que la acusación debe sustentarse mediante el procedimiento legal correspondiente: “Las pruebas tienen que presentarse, como siempre, por la vía legal, eso es lo que hay, todo lo demás lo tiene que explicar la Fiscalía”.

Asimismo, señaló que la Ley de Seguridad Nacional establece las condiciones bajo las cuales autoridades mexicanas pueden establecer relaciones con agencias de seguridad de Estados Unidos o de otros países. En ese marco situó la investigación sobre la intervención de los agentes extranjeros.

Además de lamentar las muertes, cuestionó el horario y las condiciones del recorrido durante el cual ocurrió el accidente. “Consideramos que ese operativo en donde van en la noche, en la madrugada, a revisar este laboratorio, no debería haber ocurrido porque esa carretera es muy peligrosa, es muy sinuosa”.

Ante las versiones de un acuerdo con Campos Galván, reiteró: “Nosotros no hacemos un pacto; imagínense: ‘ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel o qué’, no, pues no”.

Finalmente, explicó que, bajo el sistema penal acusatorio, corresponde al Ministerio Público reunir los datos de prueba para solicitar las órdenes judiciales pertinentes, cuya autorización compete a un juez. “No depende de mí exonerar a una persona o a otra, es una decisión de la Fiscalía y de la investigación, ni siquiera una decisión personal de la fiscal, sino de la propia investigación”.