La Suprema Corte de Justicia de la Nación –que preside la ministra Norma Lucía Piña Hernández– apoyó, por escrito, que el juez de distrito Rogelio León Díaz Villarreal ordenara liberar a Abraham Oseguera Cervantes –hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio (Mencho) Oseguera Cervantes–, detenido el pasado 21 de abril por su probable responsabilidad en delitos de crimen organizado, en sus modalidades de tráfico de fentanilo y otras drogas prohibidas, posesión de armas de fuego, además de identificársele como generador de violencia extrema contra la sociedad.

Con esta decisión, la SCJN reafirmó su disposición a seguir abriéndole la puerta a presuntos delincuentes bajo el argumento de que se afecta el debido proceso, sin atender la seguridad del pueblo de México ni los derechos de las víctimas. Ello, porque de acuerdo con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, “este caso es de los más importantes y delicados que enfrenta la justicia mexicana, por la relevancia de la persona en la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

“Por tratarse de un asunto de relevancia y de interés para el Estado mexicano y las instituciones de procuración e impartición de justicia, el día de ayer [29 de abril] se solicitó a la Suprema Corte de Justicia su intervención, a fin de que se revise el proceso y se ordenen las acciones necesarias para evitar que [Abraham Oseguera Cervantes, integrante del CJNG] se sustrajera de la justicia. Ante ello, el máximo tribunal respondió por escrito al gobierno de México justificando el actuar del juez [que lo liberó]”, denunció esta mañana la funcionaria federal.

En la conferencia presidencial, Rosa Icela Rodríguez explicó que la detención del hermano del Mencho, ocurrida el pasado 21 de abril, se logró gracias al trabajo coordinado de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Apuntó que, de acuerdo con información de las Fuerzas Armadas del Gobierno de México, Abraham Oseguera Cervantes habría participado en delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y al tráfico de armas.

“Sorpresivamente, pese a que la Fiscalía aportó la carpeta de investigación, los elementos para solicitar la legalidad de la detención y la vinculación a proceso de esta persona, el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, Rogelio León Díaz Villarreal, decretó no vincularlo a proceso, no mantenerlo en prisión y, en consecuencia, ordenó su inmediata liberación”, expuso.

Además, el juez Díaz Villarreal dio sabadazo en esta liberación. La secretaria de Seguridad añadió que el juzgador tomó la decisión de liberar al presunto narcotraficante en la madrugada –a las 04:25 horas– del domingo 28 de abril. “El juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía, no las valoró adecuadamente, no dio tipo suficiente a la presentación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado; en cambio, admitió y dio validez plena a indicios de la defensa, videos editados y segmentados en los que se presume una manipulación”.

Además de solicitar la colaboración a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que resultó infructuoso, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a las autoridades estadunidenses información sobre las presuntas actividades ilegales de Abraham Oseguera Cervantes. Se pidieron procesos o denuncias pendientes en su contra, “con la finalidad de no ser omisos en la colaboración binacional en la lucha contra las drogas y el tráfico de armas”, detalló la integrante del Gabinete de Seguridad.

Sin embargo, ayer 29 de abril las autoridades estadunidenses respondieron por escrito, “sin confirmar algún proceso u orden pendiente en contra del detenido, por lo que fue puesto en libertad durante la noche en los términos ordenados por el juez”.

La secretaria de Estado explicó que la liberación del miembro relevante del CJNG y hermano del Mencho, “es un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México, como sucedió cuando se dejó en libertad a Rafael Caro Quintero en 2013, y de inmediato se tuvo que rectificar por parte de los jueces, pero ya se había fugado, y fue detenido nueve años después, propiciando impunidad, permitiéndole retomar sus actividades delictivas y dañar con sus acciones a mexicanas y mexicanos que sufren de forma directa o indirecta los efectos del crimen organizado”.

Rosa Icela Rodríguez indicó que “el Gobierno de México reconoce el trabajo de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, así como del personal de la Fiscalía General de la República, que cumplieron con su deber, buscaron aplicar la ley y sacar de la calle a quienes dañan a la sociedad”.

Asimismo, en una posdata a esta explicación, la funcionaria federal reveló que el Poder Judicial impuso multas a la administración del presidente López Obrador por no haber liberado en el plazo de las 3 horas al presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. “Si se demoró en cumplir la orden del juez, fue porque consideramos que se debía hacer una revisión exhaustiva para cuidar a la población y el prestigio de las instituciones. Al final, aunque el juez había dado un ultimátum de tres horas, se determinó no acatar de inmediato para proceder a copiar toda la información y proteger en todo momento la dignidad del Estado mexicano, aunque esto último haya implicado el castigo de dos multas de 25 mil pesos que procederemos a pagar, pues consideramos que era mejor esperar a ser víctimas del escarnio de parte de gobiernos extranjeros”.