La discusión del anteproyecto de presupuesto 2027 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación destapó el dispendio que aún prevalece, al revelar que el pueblo sigue pagando seguros de gastos médicos mayores del personal: este año, por 135 millones de pesos y –por iniciativa de la ministra Yasmín Esquivel y otros cinco ministros y ministras–, se solicitarán 146 millones de pesos para el próximo año. Además, la SCJN estaría cayendo en vicios del pasado cuando contaba con fideicomisos, al buscar crear un “guardadito” de 1 mil 800 millones de pesos. Y es que bajo el argumento de que enfrenta un déficit de 120 millones de pesos en el Capítulo 1000, el presidente Hugo Aguilar pidió al titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas, que transfiera el “sobrante” multimillonario del Tribunal de Disciplina Judicial a la SCJN, en lugar de devolverlo a la Tesofe como marca la ley. Hasta ahora, elOAJ y el TDJ se han negado

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca crear un “guardadito” de 1 mil 800 millones de pesos, como ocurría con los fideicomisos del anterior Poder Judicial de la Federación. Bajo el argumento de que enfrenta un déficit de 120 millones de pesos en el Capítulo 1000 “servicios personales” en este ejercicio 2026, el ministro presidente Hugo Aguilar ha pedido al titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas, que transfiera el “sobrante” estimado del Tribunal de Disciplina Judicial a la SCJN, en lugar de devolverlo a la Tesorería de la Federación, como lo marca la ley.

El pasado 6 de agosto, Aguilar Ortiz informó al resto de ministras y ministros que para solventar ese déficit y cubrir otros gastos de la Corte se sigue dialogando con el presidente del Órgano de Administración Judicial para que el “sobrante” de alrededor de 1 mil 800 millones de pesos que se generara en el Tribunal de Disciplina Judicial –debido a que arrancó funciones con posterioridad– pase a la SCJN.

El ministro presidente fue más allá al afirmar frente a sus pares que se reforzarán los esfuerzos de diálogo para que ese dinero llegue a la Corte. Incluso, les reveló que las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial se han resistido a que ello ocurra. Al respecto, les indicó manifiesta que dichos funcionarios y funcionarias han reiterado que los recursos están etiquetados.

Cuando los emisarios de la SCJN han insistido en que sí habrán ahorros, el TDJ les ha advertido que de no ocuparse esos 1 mil 800 millones de pesos, los deben regresar a la Federación. No obstante, el ministro Hugo Aguilar expresó que esa visión del Tribunal de Disciplina es incorrecta, porque desconoce arbitrariamente que ese recurso también puede ser ejercido por la Corte. Ello, porque según él, se trata de un solo presupuesto para el Poder Judicial de la Federación ubicado en distintas instancias.

Más aún, el presidente del máximo tribunal constitucional insistió en que se continuará con el diálogo para convencer tanto al Tribunal de Disciplina como al Órgano de Administración Judicial. Lo anterior, dijo, porque las necesidades de la SCJN son muchas, no sólo por el déficit de los 120 millones de pesos.

Al respecto, explicó al pleno que, en sus términos, el presupuesto de 2026 no alcanza para cubrir todo lo que se requiere. Y agregó que para 2027 ya hay planes para aplicar un incremento al salario de 4.5 por ciento promedio. Para intentar sensibilizar a sus homólogos, dijo que si no se aumentan los salarios se correrá el riesgo de que el personal abandone la institución.

También reveló que el dinero del “guardadito” podría usarse para resolver el tema del aguinaldo de diciembre próximo. Otros requerimientos que tiene la Corte, dijo Aguilar Ortiz, es la construcción de un almacén y la renovación del equipo de cómputo. Por ello, justificó que el anteproyecto de presupuesto contemple un incremento.

Cuando la ministra Estela Ríos González preguntó al ministro presidente Aguilar Ortiz si dicho incremento al salario que estaban proponiendo ya se había consensuado con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la respuesta fue que no.

Presente en la sesión privada, el titular de la Unidad de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pedro Rivera, detalló que había confianza en que ese incremento fuera aceptado por el Sindicato porque es superior  a la inflación. También manifestó a los ministros y ministras que actualmente el Sindicato “está tranquilo” a pesar de que este 2026 no hubo incremento al salario.

Sobre el déficit de 120 millones de pesos, el titular de la Unidad de Administración afirmó que, si bien ahora asciende a 120 millones de pesos, en el futuro podría variar en función de las vacancias y ocupación de plazas. Para evitar que se incremente, Rivera dijo a los ministros y ministras que cuando alguna persona servidora pública deja el cargo por la razón que sea, se deja vacante por 30 días forzosos para ahorrar por lo menos el pago de ese mes. Añadió que tampoco se han creado plazas, con excepción de las que ha autorizado la Comisión de Administración del Órgano.

Acerca del posible destino que tendrían los ahorros del Tribunal de Disciplina si se lograra que fueran transferidos a la Corte, el funcionario dijo que además del déficit del capítulo 1000 se podría cubrir otras necesidades. Por ejemplo, citó que este 2026 no se ha dado mantenimiento a los inmuebles ni al aire acondicionado, por lo cual se han sufrido algunas filtraciones en la sede principal debido a las fuertes lluvias. Y subrayó que en el caso de los inmuebles que son patrimonio de la Nación, es una obligación darles mantenimiento. Dijo que el aumento que se estima en el anteproyecto de presupuesto 2027 también cubriría esas necesidades.

Seguro de gasto médicos mayores

La presentación de ese anteproyecto de presupuesto no sólo se centró en las necesidades de la Corte, sino también en las propuestas que no necesariamente responden a la austeridad republicana. Un ejemplo de ello fue la petición de la ministra Yasmín Esquivel de incluir una partida para el seguro de gastos médicos mayores para 288 servidores públicos.

Por mayoría de seis votos, el Pleno lo aprobó. A favor votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa, IreneHerrerías Guerra, Estela Ríos González, Loreta Ortiz Ahlf, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García. Y en contra, votaron Irving Espinosa Betanzo, Lenia Batres Guadarrama y Hugo Aguilar Ortiz.

Más allá de la discusión que se desató –y que después también se hizo presente en la sesión pública del 13 de agosto, cuando la ministra Batres recriminó al resto de sus compañeros y compañeras frenar uno de sus proyectos de sentencia por su postura frente al dispendio que está protagonizando el máximo órgano judicial–, se reveló que el pueblo seguiría pagando seguros de gastos médicos mayores del personal.

Lo anterior, porque en la sesión privada del 6 de agosto, el titular de la Unidad de Administración de la SCJN indicó que este 2026 se ejercerán 135 millones de pesos en el seguro de gastos médicos mayores del personal, mientras que en el anteproyecto se propone solicitar 146 millones de pesos para el próximo año.

Al respecto, la ministra Batres Guadarrama recordó que el seguro de gastos médicos mayores no corresponde con un esquema de ahorro y que el seguro de separación individualizado está prohibido por la Ley Federal de Austeridad Republicana. Propuso además la desaparición de dos áreas de esta Suprema Corte.

Recordó que desde 2024, en la anterior SCJN, propuso desaparecer el área de atención a ministros y de protocolo, sin suprimir las plazas de los trabajadores, sino solamente el gasto de los ministros.

También aprovechó para lanzar otras dos observaciones al anteproyecto de presupuesto: el incremento en las indemnizaciones por accidente de trabajo, que pasa de 500mil pesos en 2026 a 5 millones en 2027; y el rubro de otros servicios comerciales, que se aumenta de 288 mil a 21 millones de pesos.

Al respecto, el titular de la Unidad de Administración de la Corte dijo en el caso de las indemnizaciones por accidente, es para prevenir casos donde la SCJN pierda demandas y con esa partida sufragar las condenas. Y en caso de que no se llegara a usar, se podría reclasificar para otra necesidad o regresarla a la Tesorería de la Federación. Respecto de la propuesta la desaparición del área de atención a ministros sin tocar al personal, el funcionario consideró que se ahorraría muy poco.