La propuesta de reforma del Ejecutivo tiene el objetivo de transformar al Poder Judicial. Ha puesto a temblar a la vieja clase política que, por décadas neoliberales, ha aniquilado la división de poderes con la complicidad de jueces, magistrados y ministros.

Convertidos en aliados del capital nacional y extranjero, desmantelaron el patrimonio nacional con el apoyo de gobiernos corruptos. Asimismo, permitieron el despojo de los derechos humanos y laborales a millones de mexicanos.

Las huellas de la locura, con la cual han actuado los miembros del Poder Judicial son abundantes. Demuestran que los encargados de impartir justicia han actuado fuera del marco constitucional y del Estado de Derecho. Emiten fallos guiados por los poderosos intereses económicos y con la línea que los presidentes en turno les marcaban.

Al paso de los sexenios neoliberales, resulta vergonzosa la forma servil con que no sólo jueces y magistrados, sino también los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se sometieron a los designios de la clase política a la que debían sus cargos. Renunciaron a su autonomía, salvo por honrosas excepciones.

Los ministros se fueron convirtiendo en la antítesis de la honestidad y la austeridad enaltecidas por Juárez. Durante el gobierno del panista Felipe Calderón –2009-2011–, ganaron en promedio más de 5 millones de pesos al año. Además, se dieron el lujo de gastar 9 millones de pesos tan sólo en comidas.

Los selectos integrantes del Cártel de la Toga y el Birrete gozaban de un fondo de 159 millones en Seguros de Gastos Médicos Mayores; 116 millones, en viáticos y pasajes; 54 millones, en compra de vehículos, y 5 millones, en pago de celulares.

La manga ancha era tal que el entonces titular de la Corte, el ministro Juan Silva Meza, devengaba dos sueldos: uno, como presidente del máximo órgano de justicia, y otro, como presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Por ambos, sus emolumentos promediaron los 10 millones de pesos anuales.

Trepados en la cúspide de la burocracia dorada, los ministros perdieron toda dimensión de la realidad a la hora de emitir sus sentencias, no importándoles los costos sociales de las mismas.

Por ejemplo, esta desconexión orilló a los ejidatarios de Atenco a iniciar una nueva defensa de sus tierras. Hace unos años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) amenazó con embargar sus parcelas. El motivo fue una supuesta deuda de 50, 60 y hasta millones de pesos por el uso de energía eléctrica en sus sistemas de bombeo.

A criterio de los ministros, los campesinos afectados –al igual que millones de mexicanos, víctimas de cobros ilegales en sus consumos– quedaban impedidos de ampararse si antes no liquidaban sus adeudos con la entidad pública.

Facultada por los integrantes de la Corte, la CFE pisoteó las mínimas garantías individuales consagradas en la Constitución, mediante la ejecución de embargos. Además, los ministros cometieron un verdadero atentado al sentido social que implica la prestación del servicio eléctrico como una obligación del Estado.

La decisión de los miembros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) coartó el derecho de los usuarios a defenderse de los constantes abusos. Fueron colocados en el pedestal de las aberraciones jurídicas y en total desapego a la terrible crisis económica que enfrentaban millones de familias.

Así, quedaron a merced de las arbitrariedades y abusos de la CFE, obligados a pagar so pena de que sus magras pertenencias fueran confiscadas por adeudos inventados, en la mayoría de los casos.

Los fallos de los ministros nunca tuvieron en mente la defensa de las clases menos favorecidas, como tampoco de la clase obrera. Por mencionar algunos ejemplos, está el cierre ilegal de Luz y Fuerza del Centro, desaparecida de la noche a la mañana por un decreto emitido por Felipe Calderón Hinojosa, el 11 de octubre del 2009.

También, se puede mencionar la quiebra de Mexicana de Aviación y la declaración de inexistencia de las huelgas mineras en las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco.

El caso de la tortuosa ruta jurídica del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es otra de las pruebas más claras de la forma parcial y facciosa, con la cual los integrantes de la Segunda Sala de la Corte emiten sentencia.

El 30 de enero del 2013 –ya en el sexenio de Peña Nieto–, revocaron el amparo emitido a favor de los electricistas, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el 13 de septiembre del 2012. Éste conminaba al expresidente a asumirse como el patrón sustituto –en la figura de la CFE–, al preservarse la materia de trabajo en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro.

Uno de los argumentos del cierre de LyFC fue “causas de fuerza mayor”. Tal situación nunca se dio como lo expusieron los magistrados en los razonamientos de su fallo. Sin embargo, tanto Calderón como Peña Nieto compartían la defensa de las trasnacionales en el sector eléctrico. Los ministros corruptos siguieron esa misma línea, para sacarse de la manga una de las interpretaciones más absurdas en la historia del alto tribunal.

Para cumplir con las órdenes de la presidencia, los ministros llegaron al absurdo de argumentar que el presidente no podía ser considerado como patrón sustituto en el conflicto del SME. “Los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo”.

Según los integrantes de la Segunda Sala, no existe una subordinación jerárquica entre las paraestatales y el presidente; es decir, aun cuando la propia Constitución marca con exactitud la división de poderes, “no implica que las entidades paraestatales formen parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que dichas entidades no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo relacionado con las atribuciones del Ejecutivo Federal”.

De acuerdo a tan insólita interpretación, el presidente no era el patrón de los trabajadores de Luz y Fuerza, la CFE o Pemex. Según el amañado criterio de los ministros, al contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, las paraestatales son organismos autónomos.

En otras palabras, supuestamente adquieren casi el carácter de empresas privadas porque su funcionamiento está bajo la absoluta responsabilidad y libertad de operación de sus titulares, o sus Junta de Gobierno. Ridícula idea, pues es el Jefe del Ejecutivo quien nombra a estos funcionarios en sus cargos.

Si tal criterio tuviera sustento en el marco constitucional, en la Ley Orgánica de la Administración Pública o en la de Entidades Paraestatales, el responsable de haber dado por terminadas las relaciones laborales y solicitar el Decreto de Extinción hubiera sido el entonces director de Luz y Fuerza, Jorge Gutiérrez Vera, y no Felipe Calderón.

También, esta violación sistemática a los preceptos constitucionales se hizo presente en el mutis de los ministros. Se extinguieron más de mil 200 empresas del Estado, entregadas a empresarios nacionales y extranjeros en los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas.

Y ahora invalidó la Reforma Eléctrica que buscaba resarcir el daño de la contrarreforma Energética de Peña Nieto. Urge una reforma que depure al corrupto Poder Judicial, transformado en enemigo del pueblo y de los intereses de la nación.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas